miércoles, 9 de enero de 2019


Chávarry abre indagación a Pérez por viejo caso del ‘Moqueguazo’

ELMER OLÓRTEGUI
Publicado
 hace 2 días 
en
 8 enero, 2019
Por


                                  Pedro Chávarry Vallejos, ex Fiscal de la Nación. 


En Moquegua, el fiscal adjunto superior Alfredo Edgardo Rojas Pedregal, encargado de Control Interno, inició una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez por presunta “inconducta funcional” en su manejo del caso “Moqueguazo”, en el que fue implicado el hoy presidente Martín Vizcarra.
El fiscal moqueguano le dio a Pérez cinco días hábiles para entregar sus descargos, en una actuación de oficio. Esto quiere decir por su cuenta y riesgo en cumplimiento de sus funciones, aunque el hecho coincide con el empeño de Chávarry de desacreditar al fiscal Lava Jato.
Tiene fecha viernes 4 de diciembre, la que corresponde al día en que Pérez Gómez allanó las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, asesor del fiscal de la Nación Pedro Chávarry, en busca de evidencias de la relación Fuerza Popular-Chávarry.
EL ORIGEN
La disposición de investigar a Pérez Gómez dice que el origen es la Resolución N° 2312 – 2018, del 13 de noviembre pasado emitida por la Oficina de Control Interno de Lima, mediante la cual remite a Moquegua archivos de recortes periodísticos que denuncian una supuesta “inconducta funcional” de Pérez Gómez en el “Caso Moqueguazo”.
En la resolución consta que se trata de solo 4 recortes periodísticos que fueron remitidos a la oficina de control interno de Lima el 15 de octubre de 2018, nada menos que por el secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, brazo derecho de Chávarry.
MÁS HOSTILIZACIÓN
Este origen limeño apunta a que el nuevo proceso no es más que otro ataque u hostilización del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, contra el equipo Lava Jato, y en particular contra el fiscal Pérez.
La disposición de Rojas Pedregal no menciona en ningún punto alguna relación sospechosa entre el fiscal Pérez Gómez y el entonces investigado Martín Vizcarra. Solo arguye la imputación genérica de “inconducta funcional”, y no la describe.
PARA DESTRUIRTE MEJOR
Pero es posible que los reportes periodísticos recibidos de Control Interno de Lima como “noticia criminal” contengan imputaciones no corroboradas de esta supuesta relación y de presunto favorecimiento a Vizcarra.
Al respecto, esta acumulación de indicios coincide con insistentes denuncias del semanario Hildebrandt en sus trece, de que uno de los objetivos fijados por la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como parte de su plan de avasallar al régimen de Vizcarra, es investigar a fondo el pasado personal y político del actual Jefe del Estado en busca de evidencias que pudiesendestruirlo.
La idea central de la maniobra sería investigar si, en efecto, Pérez libró ilegalmente de responsabilidad en el “Moqueguazo” a Vizcarra y otros siete inculpados, a pesar de que su decisión de exonerarlos fue plenamente apoyada por la Corte Superior de Apelaciones de Moquegua que confirmó su decisión.
“MOQUEGUAZO”
El “Moqueguazo” ocurrió entre el 5 y el 16 de junio del 2008, durante el último gobierno de Alan García Pérez, siendo presidente del consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez.
El movimiento de protesta de carácter departamental o regional, tenía como objetivo conseguir que el gobierno asignara un mayor porcentaje del canon minero a Moquegua que, en aquel tiempo, recibía un monto muy inferior al correspondiente a Tacna.
OCHO ABSUELTOS
En junio de 2010, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua absolvió de todo cargo a ocho personas inculpadas por los hechos de violencia y secuestros generados por el “Moqueguazo”.
Entre los absueltos estaban los entonces candidatos a la presidencia del Gobierno Regional, Martín Vizcarra Cornejo y Hugo Quispe.
También quedaron libres: Juan Rodríguez, Maycol Salas Mamani, Santos Torres Gutiérrez, Mario Cornejo Medina, Guillermo Kuong Cornejo y Dick Villalobos Arismendi.
En la investigación a cargo del entonces fiscal provincial penal José Domingo Pérez, este los eximió de responsabilidad en su dictamen del 2009, pero el caso subió a la Corte Superior por apelación del procurador del Ministerio del Interior, Talledo Chávez.
De acuerdo al fallo de entonces, el juicio oral continuó contra los dirigentes Zenón Cuevas Pare –hoy nuevo gobernador moqueguano-, Cristala Constantinides, Katherine Maldonado, Julio Aráoz.
A finales del 2010, Martín Vizcarra fue elegido gobernador regional de Moquegua y no tuvo ninguna dificultad judicial para asumir el cargo.
ALGO MÁS
En diciembre de 2011, la Sala Penal de Moquegua condenó a cuatro y tres años de pena suspendida a los dirigentes Katherine Maldonado Palomino y Zenón Cuevas, respectivamente. Cristala Constantinides Rosado, expresidenta regional, fue absuelta.


Asesora de Chávarry sacó tres cajas de documentos de oficina lacrada

ELMER OLÓRTEGUI
Publicado
 hace 12 horas 
en
 9 enero, 2019
Por


                                Ex asesora de Chávarry, Rosa Venegas Mello


Rosa Venegas, periodista y asesora del entonces Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, y tres policías del resguardo del alto funcionario, violaron el sábado 5 pasado el sello fiscal de la oficina del asesor Juan Duarte y sustrajeron documentos en tres cajas, entorpeciendo gravemente el esfuerzo del equipo Lava Jato por comprobar vínculos ilícitos entre Fuerza Popular y Chávarry.
Se trata de un grave escándalo que enmarcó la dimisión de Chávarry al cargo de Fiscal de la Nación al que se sumó ayer la inspección de su residencia en La Molina que realizó la fiscal provincial del Callao, Sandra Castro, para corroborar testimonios de un colaborador eficaz del caso “Los cuellos blancos del puerto”, en el cual el exmandamás del Ministerio Público está involucrado.
El coordinador de las fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo que solo fue un acto sencillo de verificación del inmueble y ni siquiera ingresó a la casa.


                                   Ex congresista Rosa Venegas
                                  

NEXO CON EL FUJIMORISMO
El descubrimiento de la incursión de la asesora Venegas con sustracción de presuntas evidencias, refuerza la tesis de los fiscales Vela y Pérez de que en coordinación con Fuerza Popular, Chávarry realizó acciones de hostilización y desmantelamiento contra el equipo Lava Jato, para favorecer a Keiko Fujimori y sabotear el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía.
Si Chávarry reveló por su propia boca en un interrogatorio judicial que contrató a Juan Duarte como nexo con el Congreso, por recomendación de dirigentes del fujimorismo, el “Chavarrygate” de Venegas, la expone como parte de esa coordinación, dado que ella fue contratada por Duarte, cuando se desempeñaba como asesora de la congresista Karina Beteta, una de las más recalcitrantes keikistas.
SEGUNDO ALLANAMIENTO FRUSTRADO
El “Chavarrigate” se descubrió el domingo 6 cuando con una ampliación de la orden judicial de allanamiento, el fiscal Pérez Gómez se dio con la sorpresa de que los precintos que había colocado la madrugada del sábado en la oficina del asesor Juan Duarte, habían sido violados.
Pérez suspendió el allanamiento y se incautó registros y videos de vigilancia del lugar mediante los cuales estableció que la asesora y excongresista Rosa María Venegas Mello fue quien dirigió la operación de intromisión y sustracción de documentos de la oficinas de Duarte.
Para eso contó con la complicidad de los resguardos policiales del entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el suboficial superior Juan Arias Contreras y los técnicos de segunda James Duran Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chong. Arias trabajaba con Chávarry desde el 2011 y los otros dos desde julio de 2018.
Los tres pertenecen a la División de Seguridad del Estado. La Inspectoría General de la Policía Nacional los ha sometido a investigación disciplinaria con fines de posible destitución y expulsión.
Lo sorprendente es que la incursión se llevó a cabo en la tarde del sábado 5 de enero, cuando inexplicablemente los dos policías de la División de Delitos de alta Complejidad DIVIAC que apoya a la Fiscalía del caso Lava Jato, quienes vigilaban la oficina lacrada, abandonaron sus puestos y se fueron a almorzar a otro lugar.
16 MINUTOS
Luego de que el suboficial PNP James Rodríguez Zavaleta violó los precintos a las 3:20 de la tarde, Venegas, usando una llave, entró al ambiente lacrado señalado como la oficina N°5, junto con Rodríguez Zavaleta, según los videos tomados por las cámaras de seguridad e incautados por Pérez
Otro de los policías se mantuvo en el pasillo como contención o distracción.
Venegas hizo tres entradas y salidas siempre usando la llave y en cada oportunidad se llevó documentos en una caja de tamaño mediano. Su última salida ocurrió a las 15:36. Su delictiva incursión duró 16 minutos.
“ÓRDENES DEL FISCAL DE LA NACIÓN”
Según Canal N, un informe policiaco sobre los hechos describe que una mujer vigilante, al percatarse del movimiento, preguntó al efectivo encargado de la contención ¿qué estaba sucediendo? El efectivo le respondió: “Cumplen órdenes superiores de parte del Fiscal de la Nación”, aunque este proclama inocencia y hasta dice que no recuerda los nombres de sus escoltas.
VENEGAS, LA INCURSORA
Ayer, Venegas Mello admitió ante medios de prensa que ingresó a la oficina sellada, pues la compartía con el asesor Juan Manuel Duarte.
Argumentó que ingresó a la oficina sellada porque no reconocía como válido el lacrado y porque quería preservar sus documentos personales y privados, así como sus fuentes periodísticas.
Explicó que antes de tomar su decisión consultó con una persona, a la que se ha negado a identificar, si podía ingresar al sitio precintado por el fiscal.
“Quería preservar los documentos que se encontraban en el despacho del doctor Duarte que me pertenecían, que si se conocían iba contra mi privacidad y mi intimidad”.
Como su consultor le respondió que mientras no hubiese orden del juez podía hacerlo, entró.
VENEGAS DESAFIANTE
En Radio Exitosa adujo que como sabe de leyes consideró que el fiscal Pérez había allanado espacios asignados al Fiscal de la Nación, vulnerando la Constitución.
Desafió a Pérez Gómez a allanar su domicilio y tratar de encontrar los documentos que sacó y, son sorna, le pidió que si va que le lleve chocolates, que le gustan,y se declaró dispuesta a purgar prisión preventiva mientras la investigan, pues demostrará su inocencia.
Venegas exculpó a Chávarry, al señalar que actuó por cuenta propia, e incluso le pidió disculpas por los problemas que le han causado y que afectan la imagen del fiscal.
LO QUE LES ESPERA
El fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba, advirtió ayer a Venegas y sus cómplices que enfrentan una probable condena de 6 años de prisión, por lo que les instó a que se acojan cuanto antes a la colaboración eficaz y digan la verdad.
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró ante la prensa que Venegas y sus cómplices habría cometido un concurso de delitos: obstrucción a la justicia, encubrimiento real y hurto y reclamó su detención inmediata.
CHÁVARRY DESCONOCE
Por su parte, antes de renunciar, declaró a la estación Blu Radio de Colombia que él no envió a nadie a entrar a esos ambientes, que recién se había enterado por la prensa de la violación del lacrado de las oficinas intervenidas y que desconocía quiénes son los escoltas involucrados, porque tenía 16 asignados.

lunes, 7 de enero de 2019


Pérez reanuda allanamiento a oficina de Duarte, asesor de Chávarry

ELMER OLÓRTEGUI

Publicado
 hace 10 horas 
en
 7 enero, 2019
Por


                                 Fiscal Lava Jato, José Pérez Gómez, allanando el piso 9 del 
                                  Ministerio Público el viernes 4 de enero de 2019. 







En un nuevo episodio de la “Guerra de Fiscales” que impulsa la crisis política nacional de punta, el fiscal Lava Jato José Pérez Gómez, reinició al allanamiento, autorizado por el juez Richard Concepción, de la oficina de Juan Duarte Castro, contacto del fiscal de la Nación Pedro Chávarry con la bancada de Fuerza Popular.
DATO INEXACTO
Esto porque durante la intervención de la noche del viernes y la madrugada del sábado último, el secretario general del Ministerio Público, Aldo León Patiño, adujo que las dos oficinas señaladas en la orden de allanamiento no correspondían a Duarte Castro, sino a los asesores Edgard Peralta Lino y Juan Carlos Cravero.
LA TARJETITA
Asimismo, dijo que la de Duarte Castro era la oficina en cuya puerta está pegada una tarjeta personal, pequeña, de ese funcionario.
Esto resulta absolutamente inusual en la alta burocracia nacional y en particular en ambientes de alto rango como es la Fiscalía de la Nación, en los cuales los administradores se desviven por el orden y la pulcritud de sus “señalética”, de su confort y su decoración.
León Patiño indicó también que una cuarta oficina es del también asesor de chávarry, Máx Aranda Fernández.
TARJETA MÁGICA
Ante tamaña sorpresa, en el mismo acto, el fiscal JDP ratificó por teléfono con la capitana PNP Jackelin Arana Gonzales, quien en días previos hizo la investigación sobre la ubicación de las oficinas de Duarte Castro, que ella nunca vio la tal tarjeta pegada en la puerta.
BORRARON VIDEOS INTERNOS
Al tratar de requisar las grabaciones captadas por cinco cámaras de video que se supone vigilan el piso nueve del edificio, el fiscal se dio con la amarga sorpresa de que solo había registros hasta el mes de noviembre y que el disco duro de uno de los dos grabadores había sido totalmente borrado.
¿MOVIDAS DE LEON PATIÑO?
Como resultado de estos hechos extraños y bajo la sospecha de que la oficina de Duarte Castro habría sido removida o trasladada recientemente, JDP, sin intervenirla, selló la oficina atribuida a tal funcionario por el secretario general del Ministerio Público.
Las preguntas que, seguramente se tratará de responder el fiscal JDP sobre lo ocurrido la madrugada del domingo son, entre otras:
¿La policía lo mandó al desvío proporcionándole datos inexactos sobre la oficina de Duarte Castro?
¿El secretario general del MP, León Patiño, recibió un soplo sobre el allanamiento, movió a tiempo la oficina del asesor implicado y borró las grabaciones de video vigilancia?
¿De ser así, donde está la fuga de información, en el equipo Lava Jato o en la policía?
¿Quién y por qué borró los videos de vigilancia del piso 9?
Sobre la tarjetita misteriosa, Duarte Castro declaró ayer que él la pegó con chinches hace dos meses y que en la práctica no tiene oficina en el MP, porque la mayor parte del tiempo trabaja en el Congreso.
CHÁVARRY CONTRAATACA
Pedro Chávarry atacó ayer al fiscal JDP diciendo en Twitter que la diligencia fue ilegal, a pesar de contar con la correspondiente autorización del juez Concepción.
Después, en un comunicado, acusó a JDP de haber usado a elementos de la inteligencia policial para vigilar y pesquisar los ambientes de la Fiscalía de la Nación y de haber allanado oficinas “que no realizan ninguna actividad de coordinación parlamentaria como las que ejecuta Juan Manuel Duarte Castro”.
LOS HALLAZGOS
Después, ante las llegadas al lugar de los asesores Edgard Peralta Lino y Máx Aranda Fernández, JDP registró sus oficinas y se incautó los siguientes documentos.
En la de Peralta Lino (0: 41 horas):
Oficio de Peralta al Fiscal de la Nación poniendo su cargo a disposición y entregando el puesto, con fecha 31 de diciembre.
Oficio del 3 de enero, en el que Peralta se desiste de la pre dimisión de su cargo; un pedido fiscal de comparecencia restringida contra un procesado en Huacho, a quien Peralta habría estado patrocinando ilegalmente.
Un cuaderno con anotaciones manuscritas sobre César HinostrozaPariachi y el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ruiz.
En la de Aranda Hernández (0:25 horas):
Copia de la resolución de Chávarry sobre la separación de los fiscales Vela y Pérez del equipo Lava Jato
Copia del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso para la declaratoria de emergencia y reorganización del Ministerio Público
Informe técnico jurídico sobre el caso Keiko y el acuerdo de colaboración eficaz de la constructora Odebrecht, el cual critica frontalmente la información por recabar de esa empresa como base del convenio, por ser data que ya está en poder de otros organismos públicos internacionales de los cuales sería muy fácil obtenerlos.
Un cuaderno de anotaciones manuscritas sobre el reglamento de las fiscalías contra el crimen organizado y pérdida de dominio.
Un pedido de Aranda para no marcar entrada y salida y otro pedido suyo de estacionamiento para Duarte Castro.
Oficio de Aranda al secretario general del MP, adjuntando el proyecto de reglamento de para una participación más intensa de los fiscales supremos en la coordinación de las fiscalías especializadas.
TIRIOS Y TROYANOS
Tirios y troyanos del Parlamento hablaron en distintos tonos sobre este nuevo embrollo judicial que aparentemente apunta a la nada.
La legisladora, ex de Fuerza Popular y hoy perteneciente a la bancada “Cambio 21” de los kenjistas, Maritza García, tras resaltar la medida del Consejo de Ética del CAL, reclamó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que ponga al debate lo más pronto posible las cuatro denuncias constitucionales pendientes contra Chávarry.
La congresista Gloria Montenegro de Alianza Para el Progreso, también aprobó la decisión del Consejo de Ética.
Ella, dijo: “Me parece fundamental esta medida, que procede y tiene efectos inmediatos, porque su gremio mismo lo descalifica. Podrán apelar después, pero institucionalmente es un respaldo a las otras instituciones del país que se vienen pronunciando en contra de que continúe en la Fiscalía”.
El representante de la nueva bancada congresal “Liberal”, Gino Costa, dio por sentado que Chávarry está impedido de ejercer la abogacía y, por lo tanto, no puede seguir al frente del Ministerio Público.
A través de su cuenta en Twitter, dijo esperar que ahora renuncie al cargo por decisión propia. En redes sociales escribió: “¡Muy bien el Consejo de Ética del CAL! ¡Finalmente consiguió los votos para suspender colegiatura de Chávarry, lo que impide que este ejerza la abogacía y por tanto siga al frente del MP. Esperamos que ahora sí renuncie al cargo!
El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano, aplaudió la resolución porque a su criterio Chávarry es una persona que no cuenta con los requisitos para cubrir las funciones de Fiscal de la Nación y añadió que la Junta de Fiscales Supremos debiera reunirse hoy y reemplazarlo temporalmente.
Su correligionario acogió la medida positivamente también, pero criticó que el mismo Consejo de Ética no se haya pronunciado aún sobre su denuncia contra el abogado Rodolfo Orellana y sus cómplices, que él presentó hace cinco años. “¿Tiene el Colegio de Abogados doble moral?”, se preguntó.