RECORDANDO SIN IRA

MARTÍN VIZCARRA:

ÁRBOL CAÍDO PELIGROSO

ELMER OLORTEGUI

Está en giro el primer juicio oral contra el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, el cual comenzó el 28 de octubre de 2024, por el presunto delito de cohecho pasivo propio que habría cometido con otros en el año 2014, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, en la adjudicación de los contratos de las obras del proyecto Lomas de Ilo y del Hospital de Moquegua.

Se trata del caso judicial que le costó la Presidencia de la República. Está constituido por dos hechos “puros” de soborno, por un total de 2 millones 300 mil soles, ambos solicitados por Vizcarra, el primero aceptado y pagado por el consorcio Obrainsa - Astaldi, a cambio de la obra de la irrigación Lomas de Ilo y el segundo, acordado con otro consorcio Iccgsa - Incot, por la obra del hospital regional d Moquegua

Hay gran expectativa por la suerte de Vizcarra en este proceso que tendrá sentencia antes de fin de año, tanto porque él integra el exclusivo grupo de ex presidentes condenados o procesados por corrupción y porque, tras veintiún días de prisión preventiva, recuperó su libertad. Es decir, parece que todavía tiene algo de la suerte que le ha permitido salvarse varias veces en lo que va de su vida.

Casi no nace

En efecto,Martín Vizcarra ha vivido bajo amenazas desde el vientre materno cuando casi lo mata la insuficiencia pulmonar. Lo salvaron en Lima y medio maltrecho nació el 22 de marzo de 1963. Sus padres, César Vizcarra Vargas y Doris Cornejo le consagraron a San Martín de Porres poniéndole el nombre del santo, pero parece que éste no logró transferirle sus virtudes.

Veterano aprista, su padre fue alcalde de Moquegua y miembro de la Asamblea Constituyente, cercano a Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la asamblea. El joven Martín ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y se graduó de ingeniero civil.

Avances del juicio

Juzga a Vizcarra el Cuarto Juzgado Colegiado, cuya presidenta es Fernanda Ayasta y los vocales, Giovanni Félix y Andy Rodríguez. El acusador es el fiscal del equipo Lava Jato – Perú, Germán Juárez Atoche, quien quiere que lo condenen a 15 años de cárcel. El procurador, Carlos Fernández Muñoz, pide que pague 4,6 millones de soles como reparación civil. Vizcarra, por supuesto, se ha declarado inocente.

En lo que va del juicio, Elard Tejeda Moscoso, ex gerente de Obrainsa, ha confirmado que pagó alrededor de 1 millón de soles directamente a Vizcarra, en dos partes: 400 mil en enero y 600 mil en abril del 2014, sumas que fueron entregadas en el local de Obrainsa, en San Isidro. Reiteró también que Vizcarra le llamó para pedirle que alquilara una avioneta como parte del soborno, para un vuelo privado.

Manuel Tejeda Moscoso, hermano mayor de Elard y expresidente del directorio de Obrainsa, narró al tribunal que para Lomas de Ilo, Obrainsa – Astaldi ofertó inicialmente 86 millones de soles, los que, el 6 de noviembre de 2013, tras el trato bajo mano con el mismísimo Vizcarra, a cambio del millón de soles de coima equivalente al 2% del mondo final, fueron reducidos a 81.9 millones.

En el caso del Hospital de Moquegua, José Hernández, amigo de años de Vizcarra y ministro de agricultura de PPK en 2016, también en condición de colaborador eficaz, confesó a los jueces que fue intermediario del acuerdo y el pago del soborno por parte la firma Iccgsa a Martín Vizcarra, a cambio de la obra.

En la audiencia del 25 de noviembre de 2024, compareció Edmer Trujillo, gerente general del gobierno regional de Moquegua durante la gestión de Martín y ministro de transportes y comunicaciones, durante su Gobierno nacional. Además, declararon varios ex funcionarios moqueguanos como testigos.  

Fenómeno de cuidado

Como fenómeno político – social, Vizcarra es un caso de cuidado, pues ya como árbol caído, en los comicios del 2021 resultó el candidato al congreso más votado por Somos Perú, con más de 165 sufragios, siendo impedido de asumir el cargo por la inhabilitación que el congreso le impuso por 10 años pocos días después de las elecciones. Hoy, según algunas encuesta electorales, sin ser candidato y como árbol caído y partido, figura en la primera preferencia con el 15%, a tal punto que la autoridad electoral ha prohibido a las sondeadoras que incluyan en sus consultas el nombre del proscrito.

Pudiera ser eso una expresión concreta de la ancestral alta permisibilidad frente a la corrupción del pueblo peruano y a la actual tenue reacción ante el avance de la criminalidad organizada.

La regionalización de la gran corrupción

La historia de la gran corrupción en el país registra a partir del 2009 el llamado proceso de «regionalización de la corrupción», a raíz de la disposición de ingentes fondos públicos para proyectos de desarrollo por parte de los gobiernos regionales, en el contexto de la fallida descentralización de la gestión pública. Ese proceso criminal estalló e hizo metástasis partir de 2012, al descubrirse graves latrocinios que llevaron a la cárcel a varios gobernadores regionales y a sus cómplices, proceso que aún prosigue.

No obstante, hay que anotar que el roce de Martín Vizcarra con la gran corrupción, no tuvo su raíz en la «regionalización de la corrupción», sino en tiempo atrás, durante el primer gobierno aprista, cuando desempeñó el puesto de presidente del proyecto moqueguano de irrigación “Pasto Grande”.

Curso acelerado sobre corrupción

Sin duda, las influencias de papa Vizcarra, durante el primer Gobierno de Alán García, ayudaron a que en 1988, Martín ingresara como empleado al proyecto agrario, “Pasto Grande”. Llegó a Director de Obras. Desde su cargo de prefecto regional, papá Vizcarra presionó para que la obra central de Pasto Grande - el Túnel de derivación de aguas “Jachacuesta” – fuese licitada a pesar de que estaban inconclusos los estudios de ingeniería a cargo de la firma Asesores Técnicos Asociados (ATA), de José Manuel Hernández, quien se convertiría así su amigo entrañable, cómplice y delator.

Como la presión de papá Vizcarra fracasó, consiguió que su hijo ascendiera en 1989 a Director Ejecutivo del proyecto. Entonces, con los estudios incompletos, la obra del Túnel Jachacuesta fue entregada a J.J. Camet. Total, el costo de la obra aumentó de 17 a 64 millones de dólares.

Probablemente ese fue el aprendizaje matriz de Martín sobre el manejo irregular impune de fondos púbicos. Estuvo en Pasto Grande hasta 1991, ya en el régimen de Alberto Fujimori, a pesar de los insistentes rumores sobre un negociado en el tema del túnel. Pero, nadie lo denunció ni lo investigó.

Diez años después, la comisión legislativa que escarbó la corrupción fujimontesinista, indagó el caso y en 2003, imputó los delitos de malversación de fondos y falsedad genérica a Martín Vizcarra, pero la “suerte” de éste, hizo que la fiscalía no investigara ni denunciara el caso. Trece años después, el 17 de junio del 2016, cuando Vizcarra ya era vicepresidente, un fiscal de Moquegua recién abrió investigación preliminar por el caso Túnel Jachacuesta sin mayor avance..

El apra, la política y su prontuario

En 2006, Martín Vizcarra ingresó a la política regional candidateando por el Apra a gobernador de Moquegua. Quedó en segundo lugar. Sin embargo, fue desde el siguiente 2007, mientras era director regional de varias entidades públicas, que el Registro de Investigaciones del Ministerio Público empezó a acumular investigaciones preliminares y otras más avanzadas sobre Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Al 23 de enero de 2021 su impresionante record mostraba 91 carpetas fiscales. 66, correspondientes a Moquegua, 17 a Lima, 4 a Puno y 1, respectivamente a Piura, Ica, Huaura y Cusco.

Del total de investigaciones abiertas, 40 estaban avanzadas en distintas etapas judiciales. 22 en Moquegua, 6 en Lima, 3 en Puno y respectivamente 1 en Cusco, Huaura, Ica y Piura. Del total de casos en giro judicial, 5 tenían sentencia en primera instancia con apelación demorada.

Por años, a 2007 corresponde un solo caso. 7 a 2008; 7 a 2011; 3 a 2013; 5 a 2016; 3 a 2017; 1 a 2018; 2 a 2019; 6 a 2020 y 1 a 2021.

Castigos y otros casos en desarrollo

Martín Vizcarra está implicado en las siguientes investigaciones judiciales más importantes de su prontuario

Caso “Los Intocables de la corrupción”: investigación a cargo de la Fiscalía de la Nación por el caso “Los intocables de la Corrupción”, proceso en etapa de control de acusación, con pedido fiscal de 10 años de prisión por los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Habría recibido beneficios ilícitos de contratistas de Provías Nacional por más de S/ 274 millones en contratos públicos, durante su gestión como presidente. El PJ se incautó 68 bienes en marzo de 2023. Vizcarra está protegido por antejuicio político.

Caso Richard Swing: en etapa de investigación preparatoria por los delitos de colusión agravada y organización criminal. Le imputan haber autorizado nueve contratos por S/ 175 mil a su amigo Ricardo “Swing” Cisneros en el Ministerio de Cultura, pese a que el contratista no cumplía los requisitos técnicos. Además, el fiscal le atribuye responsabilidad en una red de contrataciones irregulares desde el Ejecutivo.

Caso Vacunagate: en etapa de investigación preparatoria por los delitos de organización criminal, cohecho, falsificación de documentos y aprovechamiento del cargo, que habría cometido cuando se vacunó de forma irregular con dosis de Sinopharm, fuera del ensayo clínico, junto con sus familiares y altos funcionarios, durante la pandemia de la COVID 19.

Tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos: la primera, como consecuencia de la denuncia constitucional en su contra por el caso “Vacunagate”. El Congreso, en 2021, lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de cualquier cargo público. La medida fue ratificada en 2024 por el Poder Judicial. Vizcarra ha impugnado esta inhabilitación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional.

La segunda es por sus vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes, con vigencia hasta el 2027 y la tercera es por la disolución del Parlamento en el 2019, la cual está vigente hasta el 2035.

Acusaciones constitucionales pendientes en el Congreso: por el “Caso Pruebas Rápidas” (colusión); el nombramiento irregular del procurador general Daniel Soria y el caso de presunta falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos cuando Vizcarra no declaró que su empresa, CyM Vizcarra S.A.C., había brindado servicios a Odebrecht. En esta última causa, tal vez envalentonado por sus recientes éxitos judiciales, Vizcarra ha renunciado al antejuicio político para que la fiscalía ejecute el proceso.

La catapulta del “Moqueguazo”

En 2008 se encontró con su destino político. Contra el gobierno de su propio partido encabezó el “Moqueguazo”, la masiva protesta moqueguana, exigiendo un monto del canon que pagaba la Southern Cooper Corp., igual al que recibía Tacna. Los reclamantes tomaron el Puente Montalvo y bloquearon la carretera Panamericana Sur durante diez días, mientras que Vizcarra y otros líderes defendían en Lima ante el Ejecutivo alanista y el Congreso las razones de paro. Finalmente, el Legislativo atendió el reclamo modificando la ley del canon.

Victorioso, fundó su partido regional “Gobierno Regional por Ti” y en 2010 ganó la gobernación de Moquegua. Durante el régimen de Ollanta Humala, sin ningún problema por lo ocurrido entre 1989 y 1991, ocupó nuevamente la presidencia del ddel Proyecto Pasto Grande y fue miembro del directorio de SuSalud – Moquegua.

Gobernador exitoso

Como gobernador regional tuvo éxito en el desarrollo educativo escolar de Moquegua, el cual ocupó durante tres años consecutivos el primer lugar en las evaluaciones del Ministerio de Educación. Le dieron las Palmas Magisteriales del año, en 2015, en el grado de Amauta.

Sus biógrafos piadosos encomiaban eso y los montos del canon recibidos de Quellaveco y de la Southern por el cobre, pero nada decían de la ejecución de varios proyectos de infraestructura de riego y de servicios de salud, reputados como sospechosos de corrupción. Las investigaciones fiscales iniciadas en 2014, al final de su gobernación fueron sobreseídas.

Sin embargo, sin que estos procesos y los demás, le quitaran el sueño, el año 2015 Vizcarra volvió a sus empresas privadas, pero buscando a la vez que un partido nacional, distinto al Apra, lo incluyera en su lista de candidatos al Congreso por Moquegua, en las elecciones generales de 2016.

Vice presidente

Fue entonces que su viejo amigo de turbias andanzas, José Hernández, cuya firma hacía la supervisión de Lomas de Hilo y del Hospital Regional, le dio la gran noticia: a su propuesta Pedro Pablo Kuzcynski había decidido nada menos que llevarlo como candidato a la primera vice presidencia en su plancha presidencial.

Nadie revisó su prontuario judicial ni se interesó por las investigaciones en curso desde el 2015 en Moquegua contra presunta corrupción durante su gestión que se tradujeron en la investigación preliminar dispuesta por la fiscalía provincial cuando Vizcarra ya era vice presidente electo.

Al acceder al poder el nuevo régimen, Vizcarra asumió también el cargo clave de Ministro de Transportes y Comunicaciones, como parte de un equipo neoliberal hasta el tuétano, dominado por los miembros de los «Chicago boys», egresados de las universidades del Pacífico y de Lima, con estudios en el extranjero y miembros del culto a Milton Friedman. Si Vizcarra se dio cuenta de que había sido asimilado como coartada electoral, eso no le importó, pues ya era una figura nacional.

El Caso Chinchero

Pero su luna de miel política duró poco. El proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco, fue su primer gran traspié acelerado como ministro.

En 2014, el régimen de Ollanta Humala Tasso, había dado la concesión al consorcio Kuntur Wasi, por Alianza Público Privada (APP) con condiciones financieras y de plazos que no protegían los intereses del estado.

El presidente Kuzcynski encargó a Vizcarra que lo pusiera en marcha como uno de los emblemas del régimen.

Pero, en el MTC habían advertido que el contrato tenía fallas contra el Perú: no incluía un tope para la tasa de interés del crédito de respaldo ni para el monto del pago trimestral futuro al concesionario y tampoco establecía una fecha precisa para que Kuntur Wasi acreditara una propuesta aceptable por el Estado. Y nadie se había interesado en corregirlas.

Por eso, varias propuestas habían sido rechazadas. Eso se repitió en noviembre de 2016, cundo las autoridades de línea del MTC hicieron lo mismo con el esquema del endeudamiento de Kuntur Wasi pues junto con Golmand Sachs, planteaba una tasa de 22,06% de interés, muy alta respecto al 9,52% del mercado internacional.

Ante la tranca, en la clausura de la CADE de ese año, en Paracas, el presidente Kuzcynski y la viceministra de Transportes Fiorella Molinelli, se reunieron por separado con el empresario chileno Sebastian Piñera, quien participaba a través de una de las empresas del consorcio Kuntur Wasi. Eso ennegreció el negocio, pero la sospecha surgió cuando frente al dilema de liquidar el contrato sometiéndose a un arbitraje internacional o negociar con Kuntur Wasi nuevos términos para evitar una nueva licitación, el régimen de PPK optó por la segunda opción.

El Estado financiaría la obra por US$530 millones. La oposición gritó que eso ya no era una inversión público privada, sino una simple obra pública para que un grupo privado lucrara indebidamente. De nada sirvieron las objeciones. La adenda correspondiente, fue firmada por la viceministra Molinelli, en febrero de 2017. Casi de inmediato, el procurador anticorrupción Amado Enco denunció colusión entre los funcionarios del MTC y los ejecutivos de Kuntur Wasi, por lo que el 24 de febrero el Ministerio Público abrió una investigación preliminar y en marzo allanó las oficinas de Kuntur Wasi.

Con la misma piedra, con el mismo pie

Políticamente todo se fue al traste cuando a mediados de mayo, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne y Vizcarra, propusieron al contralor Edgar Alarcón que aprobara la adenda Chinchero, a cambio de dar a la Contraloría 14 millones de soles más de presupuesto. Mala jugada de novatos ante un rival peligroso

Al día siguiente, en su interpelación por el Congreso sobre la adenda, Vizcarra la defendió a capa y espada. Pero, tres días después, repentinamente la anuló y al día siguiente renunció irrevocablemente como ministro. Se había enterado de que el contralor Alarcón iba a informar a la prensa que su investigación había determinado que la adenda había sido suscrita “incumpliendo la normativa que regula las APP”.

El sucesor de Vizcarra en el MTC, Bruno Giuffra, rescindió el contrato de concesión con Kuntur Wasi. El 4 de junio de 2017, el contralor Alarcón difundió su grabación sobre la propuesta indecente del ministro Thorne para que la contraloría diese visto bueno a la adenda de Chinchero. Entonces, la mayoría keikista en el Congreso gestionó su interpelación y como Thorne planteó un voto de confianza, se lo negaron y tuvo que renunciar. Eran tiempos del tenaz obstruccionismo keikista contra Kuczynski.

Vizcarra fue incluido en la investigación de Chinchero en agosto del 2017. En setiembre fue nombrado embajador en Canadá y se fue del país, con pena y sin gloria. Estando en su exilio dorado, el keikismo derribó al gabinete de Fernando Zavala, negándole la confianza sobre la ineficaz gestión de la ministra de Educación, Martens , frente a una prolongada huelga de maestros. En 2021, el libro “El Perfil del Lagarto” (Planeta, 2021) reveló que, antes de que Vizcarra viajase a Canadá, el adivino Hayimi vaticinó que éste regresaría al país para convertirse en presidente.

Profecía cumplida

En el contexto de las hostilidades Congreso – Ejecutivo, la primera vacancia contra PPK, tras la puñalada que Odebrecht asestó a PPK con su informe de pagos por consultorías, fracasó el 21 de diciembre de 2017. Kenji Fujimori y sus “Avengers”, votaron a favor de PPK a cambio de la promesa del indulto de su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, a lo cual Keiko se oponía para no perder liderazgo.

José Hernández, viejo amigo, cómplice y delator de Vízcarra

No obstante, con nuevas imputaciones contra el presidente PPK de presunta gran corrupción vinculadas a Odebrecht, en el mega caso Lava Jato – Perú, el keikismo atacó de nuevo.

Entonces, en absoluto secreto, José Hernández y el embajador en Canadá se aliaron con la oposición legislativa para que Vizcarra sucediese a Kuczynski, si vacaban a PPK. Por Whatsapp, desde Canadá, Vizcarra le contó a Hernández que el presidente le había pedido que renuncie a la vice presidencia en caso de dejar el poder.

―Olvídate de eso ― , le respondió.

Lo que siguió fue la puerta hacia una conspiración contra PPK que los keikistas ya habían iniciado con Hernández.

―OK. Nos reunimos allá ―

―Antes de hablar con él ― .

―Diles que no voy a renunciar, pero que hagan las cosas bien, sin precipitaciones y

respetando con holgura los plazos legales para cada acción. Que no se vea como un atropello ―.

Evidentemente, este encargo era para los Keikistas con quienes José Hernández, a nombre de Vizcarra preparaban una sucesión conversada de PPK.

Hernández le respondió que cumpliría su encargo.

Tras regresar a Lima, Hernández preguntó a Vizcarra si había hablado con César Acuña.

―No, (hablé) con Villanueva―.

César Villanueva, entonces congresista acuñista; fue el gatillo de la moción para la vacancia dos contra PPK y, después, en pago político, fue presidente del primer consejo de ministros del régimen vizcarrista.

―Si puedes, llama a HB y dale tranquilidad ―.

HB era el entonces congresista fujimorista Héctor Becerril.

―Tú eres mi contacto para ello. Menos exposición es mejor ―. Hernández expresó su asombro con un emoticón, ante esa respuesta. Pero replicó:

―Mensaje de HB: cuando lo cierren conversamos personalmente porque solo falta eso, si eso está cerrado entonces nosotros damos el paso ―. (Se refiere a un acuerdo con los de APP para que presentasen la moción de vacancia)

Los conspiradores se reunieron el 12 de febrero y acordaron asumir el poder, en caso de la vacancia presidencial. Una semana antes de la renuncia del presidente Kuzcynski, Vizcarra tuvo otro día de triunfo. El entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, resolvió apartarlo provisionalmente de la investigación del caso Chinchero, por falta de pruebas.

Pedro Pablo Kuzcynski Goddard renunció a la presidencia de la república, el 21 de marzo de 2018, agobiado por graves imputaciones de alta corrupción.

Dos días después, el 23 de marzo, Martín Vizcarra Cornejo juró como presidente, cumpliéndose la predicción del adivino Hayimi, quien desde entonces, se convirtió en su Nostradamus doméstico, absolviendo sus dudas y aprehensiones sobre los principales problemas de estado y asuntos personales.

Pero, después de que el 20 de junio, el Congreso concediera facultades legislativas al Gobierno sobre materias urgentes, Vizcarra no pudo aliarse con el keikoaprismo congresal. Eso, a pesar de que secretamente se había reunido dos veces con la Fujimori, tan pronto asumió el poder.

Ante el destape de la prensa Vizcarra negó la cita, pero Keiko contó a los periodistas que fueron dos encuentros sin acuerdos ni tratos sobre el referéndum propuesto el 28 de julio. Contra las cuerdas Vizcarra tuvo que reconocer las reuniones considerándolas como errores y contraatacó asegurando que Fujimori le pidió la renuncia de la ministra de Salud, Silvia Pessah tratado de imponerse. Eso no impidió que quedara como mentiroso.

El que a vacancia mata...

Entonces, también para el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, puede ser aplicable eso de que, «el que a hierro mata, a hierro muere», con la precisión de que como caso único en nuestra historia, «el que a vacancia mata, a vacancia muere», pues promovió la vacancia de su ex jefe Kuzcynski para ocupar su puesto y tuvo que deja el suyo, vacado en segundo intento, irónicamente por un nuevo congreso surgido de la iniciativa de su propio gobierno. Algunos le llaman “Karma”.

Pero, si bien Vizcarra Cornejo, ha recibido castigos político – administrativos (inhabilitación para ejercer cargos públicos), a once años de, supuestamente, haber cometido graves crímenes de gran corrupción cuando fue gobernador de Moquegua, aún no recibe condena alguna e insiste en mantenerse dentro de la agenda política nacional, con ganas de volver a Palacio de Gobierno. Es decir, parece tener siete vidas como un gato, o tal vez, los lagartos, de los que le aplicaron su apodo, también viven siete veces.

La metástasis de la corrupción a partir del CNM

En el ínterin de la metida de pata vizcarrista en el tema de las reuniones con Keiko, el 7 de julio el IDL hizo estallar el cataclísmico caso de los “CNM audios” como parte del mega caso de alta corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto” que golpeó a todo el estado, a varios partidos políticos y hasta el propio flamante régimen. La organización criminal expuesta tenía el control del Consejo Nacional de la Magistratura - CNM, de parte de la cúpula del Poder Judicial y alistaba un verdadero asalto a Ministerio Público, a la Onpe y al Jurado Nacional de Elecciones.

El 13 de julio de 2018, el Ministro de Justicia Salvador Heresi tuvo que renunciar porque en uno de los audios conversaba con el cabecilla de los “Cuellos blancos”, el “Hermanito” juez supremo, César Hinostroza.

El referendum

Entonces, Vizcarra se puso a la vanguardia contra la corrupción. En su mensaje a la nación del 28 de julio de 2018 y como parte de algo parecido a un plan de Gobierno, propuso reformar la constitución para desaparecer el CNM y mejorar el Congreso, desplegando así una política agresiva contra el legislativo.

Quizá percibió que la crisisempezaba a afectar a la bancada y al mismo partido keikista, debido al avance del equipo Lava Jato - Perú en su investigación del origen de los aportes recibidos para las dos últimas campañas electorales. Esto generó casi un desbande de sus legisladores que se redujeron de 72 a 56 y a la prisión preventiva de Keiko, por 36 meses, a partir del 31 de octubre de 2018.

En su acción política, el 9 de agosto, el Gobierno entregó al Congreso cuatro proyectos de reforma constitucional y diez proyectos de reforma del sistema judicial. Los primeros cuatro eran: i) La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ii) El retorno de la bicameralidad en el Congreso, iii) La prohibición de la reelección de los congresistas y iv) La reglamentación del financiamiento de los partidos políticos.

Para ser aprobadas rápidamente, las cuatro reformas, debían de ser sometidas a un referendum en diciembre del 2018, aprovechando la segunda vuelta de las elecciones regionales.

Con un ninguneo evidente, la fujimorista Úrsula Letona presidenta de la comisión de justicia, recién en setiembre de 2018 abrió debate sobre la reforma del CNM calificándola de mamarracho. Vizcarra anunció que plantearía cuestión de confianza sobre el proyecto y que si era rechazada, al ser la segunda, cerraría el Congreso. A los dos días el pleno aprobó la ley respectiva y solo bajo esta amenaza, el Congreso apuró y el 3 de octubre, aprobó los tres proyectos de ley restantes.

En eso, fugó por Tumbes el juez supremo Hinostroza, el 7 de octubre de 2018, con evidente ayuda desde lo más alto del poder a través de operadores de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – Digimin. El ministro del Interior Mauro Medina, renunció. El 3 de octubre de 2018, acatando una norma de la Corte Interamericana de DD.HH el juez supremo Hugo Núñez Julca, declaró inaplicable el indulto que PPK había concedido a Alberto Fujimori, quien regresó al penal de Barbadillo el 23 de enero de 2019.

En el referendum del 8 de diciembre los electores dieron alta aprobación a la reforma del CNM, al control de financiamiento de los partidos políticos y a la no reelección de los congresistas. Pero, rechazaron por gran mayoría (77.7%) la bicameralidad del Congreso.

Las reformas políticas y la disolución del Congreso

Tras el referendum, Vizcarra se concentró en su amplia propuesta de reformas políticas. El 11 de abril de 2019, entregó al Congreso doce proyectos de reforma política, tres de reforma constitucional y nueve proyectos de ley, en un contexto en que la criminalidad organizada y callejera iban en aumento en Lima y otras ciudades, con el aporte de venezolanos, colombianos y ecuatorianos migrantes.

El Congreso nuevamente miró con desdén las iniciativas del Gobierno. A mediados de mayo, la comisión de constitución archivó el tema de la inmunidad parlamentaria. Resentido y tras anular la exposición del premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zevallos sobre sus reformas, Vizcarra volvió a la carga anunciando que plantearía cuestión de confianza para la aprobación sin cambios sustanciales, de seis de los proyectos de ley de reforma política, blandiendo la amenaza del cierre del Congreso si la confianza fuese negada. El Congreso se allanó y la escaramuza quedó superada, aparentemente.

Pero, en su mensaje a la nación del 28 de julio de 2019, Vizcarra, volvió al ataque anunciando la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para el 2020, es decir un año antes de 2021, para renovar, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. El único camino para eso, era un nuevo referendum. El Congreso, le enfrentó y el 26 de septiembre, la comisión de constitución archivó el proyecto.

Pero, como la bancada keikista apuró el paso para elegir a seis de los siete integrantes del Tribunal Constitucional cuyo mandato estaba vencido desde mayo de 2019, para copar el TC a fin de que fallase a favor sobre el recurso que perseguía sacar de la prisión preventiva a su jefa, la réplica de Vizcarra fue letal.

Ante el archivo del adelanto de elecciones, el viernes 27 de setiembre anunció que solicitaría cuestión de confianza para su proyecto de suspender la elección de los magistrados, mientras se aprobaba modificaciones propuestas por el Ejecutivo a fin de que sean aplicadas al proceso de selección. Por supuesto, ante un rechazo, el Congreso sería disuelto.

Las cosas se precipitaron: el Congreso decidió que el pleno del 30 de ese mes, primero elegiría a los magistrados del TC y luego escucharía al premier del Solar.

Seguro de que le asistía el derecho de ser escuchado apenas se abriera el pleno, el premier del Solar se presentó en el Hemiciclo, originando un gran bochinche. El presidente del Congreso le cerró las puertas. Pero, Del Solar logró entrar a la sala a trompicones ayudado por algunos parlamentarios. Entonces, expuso la cuestión de confianza y anunció en ese mismo instante que el gobierno consideraba que ésta había sido “fácticamente” denegada al haberle impedido por la fuerza ingresar al pleno, por lo que procedía la disolución del Legislativo, para lo cual se retiraba de inmediato.

Ya en capilla, el pleno no pudo seguir con la elección de miembros del TC. Suspendió sus labores hasta las 4 de la tarde para encarar la cuestión de confianza según su agenda. Estando en eso, los legisladores y el país vieron a Vizcarra en cadena nacional de televisión anunciado la disolución del Congreso, justo cuando este votaba la aprobación de la moción original. El gobierno publicó el decreto supremo de liquidación del Congreso y convocatoria a elecciones legislativas, en una edición extraordinaria de El Peruano. El Congreso, sin poder vacarlo, lo suspendió como presidente de la república por 12 meses, a causa de incapacidad temporal y en un penoso sainete, la segunda vice presidenta Mercedez Araoz Fernández, juró como nueva presidenta, pero renunció al día siguiente. Vizcarra ganó pero años después le hicieron pagar caro su osadía.

Elecciones y nuevo Congreso

Las elecciones parlamentarias se realizaron el 26 de enero de 2020.

Lo electores votaron muy fragmentados en 21 organizaciones políticas. De ellas solo 9 consiguieron representación. Acción Popular logró 25 escaños como el partido más votado. Alianza Para el Progreso -APP, o el acuñismo obtuvo 22 escaños. Los religiosos del Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP consiguieron sorpresivamente 15 escaños, la misma cifra que correspondió al los keikistas de Fuerza Popular, los mayores perdedores de la jornada. Podemos Perú y Somos Perú consiguieron 11 escaños cada uno. Unión por el Perú, 13. El Frente Amplio y el partido Morado empataron con 9 representaciones cada uno.

Otro fracaso estrepitoso, pues no lograron ni un representante fueron los del Apra y de los seguidores de PPK agrupados en “Contigo”.

Tras la instalación del nuevo Congreso, el 16 de marzo del 2020, fue elegido presidente Manuel Merino, de Acción Popular.

Tiempo de desastres

El régimen vizcarrista enfrentó tres veranos de desastres climatológicos a causa del Fenómeno El Niño, de distintas intensidades, entre el 2018 y 2020, además del terremoto en zona de Yurimaguas – Lagunas, en Loreto y la erupción de cenizas del volcán Sabancaya, en Arequipa. Enfrentó los embates mediante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada por el gobierno de PPK en abril de 2017.

En resumen, esos desastres no hicieron mella al gobierno de Vizcarra y con su exclusión del Caso Chincheros en 2017, sus presuntos actos de corrupción se diluyeron de la agenda política nacional.

No obstante, la prensa limeña empezó a escudriñar su gestión en la gobernación de Moquegua, pero entre el 2018 y 2019, no surgió nada impactante.

Todo cambió y se agravó en el año 2020, durante el cual, el presidente enfrentó un tripe desastre político, debido a:

i) La relación hostil que se estableció con el nuevo Congreso a pesar del cambio en su composición. El flamante legislativo emergió como más antagónico que el anterior pues, si bien ningún partido tenia una mayoría aplastante, se formó un frente amplio entre Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Fuerza Popular, Acción Popular y Unión por el Perú para oponerse a las reformas políticas propuestas por Vizcarra. Tal frente trancó los proyectos de regular la financiación de campañas, la transparencia política y la prohibición de que personas condenadas ocupasen cargos públicos.

ii) El pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia mundial del coronavirus que se abatió sobre el país a partir de mediados de marzo, revelando la insuficiencia y la precariedad de los servicios de salud pública. Y,

iii) El descubrimiento e imputación directa de tres importantes casos de alta corrupción:

El Caso Swing

Fue abierto por la Fiscalía de la Nación el 1 de junio de 2020, con allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno, en busca de pruebas de los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado y obstrucción a la justicia, imputados por beneficiar a su amigo, el estrambótico y escandaloso personajillo farandulesco, Ricardo Cisneros o Richard Swing.

Lo destapó la prensa, en mayo de 2020 como una extraña vinculación del poder político con la banalidad cultural, pues en plena pandemia, Cisneros había cobrado al Ministerio de Cultura 170 mil 400 soles gracias a 9 contratos sucesivos desde 2018 al 2020, por dar charlas motivacionales al personal del Mincul, el cual en su mayoría estaba en trabajo remoto por la COVID 19. Es decir, por hacer nada. Este caso, aparentemente baladí, marcó el principio de la caída de Vizcarra.

Como respuesta taimada trató de montar con su gente de Palacio (“La muralla moqueguana”) un entarimado para ocultar las sucesivas reuniones que había tenido con Swing. Pero ni su adivino personal le advirtió que sus enemigos en el Congreso, en complicidad con su secretaria personal, Karen Roca, estaban armando un andamiaje para lo que fue el primer intento de vacarlo.

En 2024, por este caso, el Congreso, lo denunció ante el PJ por peculado doloso y obstrucción a la justicia. La investigación preparatoria de este caso fue cerrada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria en febrero de 2025, pero la apelación sobre esa decisión se halla en trámite en favor del pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción de seguir investigando por 8 meses más.

Primer intento de vacancia - 18 de septiembre de 2020

En realidad, el primer intento de vacar a Vizcarra fue el resultados de la conjunción de dos venganzas personales: la del entonces presidente de la comisión de Fiscalización, el upepista Alarcón, quien le atribuía al presidente haberlo echado del cargo de contralor general en el año 2017 y la de la secretaria del despacho presidencial, Karen Roca, impulsada por su acendrado odio contra la secretaria general de Palacio, Mirian Morales, derivado del maltrato que esta última le propinaba y porque Vizcarra la trataba mejor que a ella. Un verdadero puré de odios.

Así que Roca, quien había grabado bajo cuerda los diálogos entre ella, Swing, la secretaria general y el presidente, dentro de Palacio, entregó el material al congresista Alarcón, quien sacudió la agenda política nacional al difundir en el pleno tres audios: los dos primeros sobre conversaciones entre el presidente Vizcarra, sus asesores y secretarias presidenciales, respecto a qué medidas tomar ante las investigaciones que venía realizando el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el «Caso Richard Swing». El tercero, consistente en una conversación entre la secretaria Karem Roca con Richard “Swing” Cisneros.

Lo que siguió fue la presentación de la moción de vacancia por parte del colega de bancada de Alarcón, el upepista José Alejandro Vega Antonio, para declarar la permanente incapacidad moral de Martín Vizcarra por, presuntamente, «haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congresal y penal». Pero la maniobra fracasó, pues solo fue apoyada el 18 de septiembre de 2020, por 32 votos a favor. 78 voto fueron en contra y 15 abstenciones. La bancada acuñista, apoyó en bloque al presidente. A pesar de este trago amargo, ni el adivino de Vizcarra, Hayime, pudo advertirle que su debacle acelerada estaba próxima.

Fiscal del Equipo Lava Jato, Germán

 Juárez Atoche, perseguidor de Martín Vizcarra

Elard Tejeda Moscoso, pagador de la coima Obrainsa

El caso de la coima Obrainsa – Astaldi.

Tras la fallida primer vacancia, el llamado “Club de la filtración” (Equipo Lava Jato – Perú, el propio Elard Tejeda Moscoso y medio de prensa), el domingo 11 de octubre, inició una verdadera operación de “cerco, captura y liquidación” de Vizcarra. El Comercio, reveló como primicia la historia de la coima de 1 millón de soles, pedida y cobrada por Vizcarra, a cambio de dar a Obrainsa – Astaldi, la obra de la Irrigación Lomas de Ilo, en Moquegua, en 2014. La fuente: copia del documento reservado de las declaraciones ante el fiscal Germán Juárez Atoche del colaborador eficaz N° 10-2018, es decir el propio Elard Tejeda, quien así buscaba librarse de la prisión preventiva que habían ordenado por su papel de gran corruptor en el caso del Club de la Construcción.

Ese mismo día, Vizcarra replicó penosamente y sin convencer la prensa que la versión del colaborador eficaz era falsa y que se debía a sus reclamos continuos de mayor celeridad en el Caso Odebrecht. Le habían dado en la línea de flotación, y, en consecuencia, sus enemigos vacadores de la Unión Por el Perú – UPP, anunciaron que ya estaban recogiendo firmas para una segunda vacancia. Pero, entonces, a Vizcarra llovió sobre mojado y bien tupido.

José Castilllo Dibós, pagador de la coima Iccgsa

El caso de la coima Iccgsa– Incot.

Por el contrato de obra del Hospital Regional de Moquegua, también en 2014

Este caso fue revelado por la prensa al día siguiente de la divulgación de la coima Obrainsa – Astaldi, el 12 de octubre de 2020. Varios medios, entre ellos La República, publicaron que, días antes, el director ejecutivo de la constructora Ingeniería Construcción y Contratistas Generales S.A. (Iccgsa), José Castillo Dibós, también había solicitado al fiscal Juárez Atoche reanudar su proceso de colaboración eficaz, ofreciendo pruebas de sobornos por cinco millones de soles pagados a Vizcarra, a cambio de la buena pro del hospital regional. El monto de la coima estaba equivocado porque en realidad fue de 1.3 millones de soles.

Entonces, se produjo una inédita disputa entre fiscales, porque la fiscalía anticorrupción de funcionarios reclamó la titularidad de ambos casos y abrió investigación y exigió al equipo Lava Jato – Perú que le entregara todo lo actuado. La fiscal de la nación fue incapaz de dirimir esta situación.

Para afrontar la disputa, el 16 de octubre, Juárez Atoche, abrió también una carpeta preliminar, acumulando los dos sobornos por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio, contra Vizcarra, Elard Tejeda de Obrainsa, Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados, de Iccgsa y al ex ministro de agricultura y amigote de Vizcarra, José Hernández e incluyó en la pesquisa a los consorcios Obrainsa – Astaldi e Iccgsa – Incot.

(…) a vacancia muere

Estando ya Vizcarra y su Gobierno en cuidados intensivos, el domingo siguiente 18 de octubre, el Club de la filtración se concentró en el soborno Iccgsa – Incot, de 1.3 millones de soles por la obra del Hospital Regional.

Aludiendo a confesiones de tres aspirantes a colaboradores eficaces, Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados, de Iccgsa y a José Hernández, ex ministro de Agricultura del Gobierno de Kuzcynski, El Comercio publicó que el 1 de diciembre de 2013, José Hernández le habría dicho por celular a Granados que Vizcarra exigía 1.3 millones de soles a cambio de aprobar el contrato del hospital. Granados consultó con su socia INCOT y con su venia pagó las cuotas del cohecho a través del intermediario de Vizcarra, en la sede de Iccgsa, en la avenida Aramburú, en San Isidro, Lima. Solo en una oportunidad, en 2015, Granados le dio la cuota en ese lugar al mismo Vizcarra. Pero Castillo Dibós pagó un saldo de 200 mil soles, parte en dólares, directamente al ya vicepresidente Vizcarra, recién el 25 de agosto de 2016, en la casa de José Hernández.

En la noche de ese domingo, un maltrecho presidente, reiteró su inocencia, prometió que iba a cooperar con el fiscal a cargo y que todo se debía a las ansias de sus enemigos que querían liberarse de responsabilidades por otros crímenes del “Club de la construcción”. Insistió en acusar al Congreso de querer derrocarlo para hacerse del poder y postergar las elecciones.

La coyuntura nacional de la tercera semana de octubre de 2020 era catastrófica: el país estaba en recesión esperando la segunda ola de la COVID - 19 con un total impreciso de cerca de 90 mil muertos, la delincuencia callejera arreciaba y se descubrían en todas partes latrocinios corruptos en compras de medicamentos y equipos contra la pandemia. En esas circunstancias, viendo progresar el trámite de su segunda moción de vacancia, Vizcarra reveló que legisladores de Acción Popular y de Alianza Para el Progreso le habían pedido posponer uno o dos años las elección del 11 de abril de 2021. Esto disgustó a estas dos bancadas.

Visto en retrospectiva, sin duda, uno de los factores que impulsó el éxito de la presentación de la segunda vacancia fue la torpe línea de ataque de Vizcarra a las dos principales bancadas del Congreso, en vez de tender puentes o buscar alianzas, sin considerar, además, que la gran fragmentación política reinante en el Legislativo constituía un grave riesgo.

La segunda moción N° 12684, para la vacancia presidencial por “Incapacidad moral permanente”, fue presentada a las 20:25 horas del martes 20 de octubre ante la mesa de partes del Congreso mientras la gran prensa que apoyaba a Vizcarra acusaba al preso lider del etnocacerismo, Antauro Humala, de promover la caida del presidente, para conseguir con otro gobierno su libertad y ser candidato presidencial en las próximas elecciones.

Mal cálculo

El 8 de noviembre, El Comercio y La República calcularon que, como máximo, los vacadores, tendrían 58 votos. Particularmente, La República afirmó que así pensaban también los del Gobierno. No sumarían los 87 mínimos, pues había 46 fijos en contra, de la bancada acuñista y 26 dudaban. El Comercio anotaba que el núcleo duro a favor de Vizcarra eran los votos de la Alianza Para el Progreso y del Partido Morado, más la división de los votos de otras bancadas, incluida la de Acción Popular. Había confianza excesiva en el apoyo unánime de la bancada acuñista y eso fue letal para Vizcarra.

Listo el cadalso

El domingo 8, víspera de la votación, la mano que mecía la cuna hizo que a las 18:43 horas, El Comercio digital publicara un resumen de los chats del 2013 a octubre de 2020, entregados a Juárez Atoche por José Hernández. La arremetida contra Vizcarra era desembozada. Pero, no había nada liquidador. Eso si, demostraban que Vizcarra es un redomado mentiroso, pues varias negaciones quedaron desmentidas.

La TV se llenó de los chats. Vizcarra, rechazó públicamente la maniobra sosteniendo que todas las conversaciones difundidas no constituían prueba alguna de actos delictivos. Sin embargo, el cadalso político estaba listo. Evidentemente, todo favorecía al presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular, quien había cambiado varias veces y sin fundamento la fecha del pleno que vería la vacancia .

Todo se derrumbó

El presidente hizo mal si creyó que su mejor defensa era el ataque, cuando en su discurso de levantamiento de cargos, encaró al pleno que 68 de sus miembros tenían procesos judiciales por casos de corrupción. En medio de la airada y sonora protesta de los legisladores, aludió al caso del presidente de la comisión de fiscalización, Edgar Alarcón. Vizcarra hizo uso de todo el tiempo asignado a su defensa por lo que su abogado, Angel Ugaz Zegarra, no pudo hablar. El presidente y su comitiva se retiraron del hemiciclo y, contra el reglamento, Merino ordenó un receso hasta la 13:30 horas. ¿Para qué?, pues nada menos que para reunir a los voceros en su despacho y según informaron varios medios posteriormente, con la finalidad de impulsar la vacancia entre los indecisos, usando como argumento el ataque vizcarrista a los legisladores con procesos por corrupción.

Vizcarra se fue a Junín por vía aérea. Regresó durante el debate. Pero, entonces, le dijeron que los acuñistas le traicionarían y que los frepistas votarían en contra suya. Abatido llamó por teléfono a César Acuña y le preguntó el porqué del súbito cambio de sus legisladores. Acuña le contestó que la realidad era que muchos en su partido estaban a favor de la vacancia y que él no iba a ir solo contra su partido.

La votación empezó a las 18:51 horas. Aproximadamente a las 19:20, quienes llevaban la cuenta vieron que los votos en contra alcanzaban los 87 y seguían acumulándose. Vizcarra había sido depuesto.

El conteo final fue: ciento cinco (105) votos a favor, diecinueve (19) en contra y cuatro (4) abstenciones. A las 19.25 horas, Manuel Merino de la Lama, citó para el martes 10 a las 17:00 horas a la sesión solemne de su juramentación presidencial y cerró la sesión.

Los que siguió fue el “Noviembre Negro”, pero eso es otra historia.

FIN