RECORDANDO SIN IRA

CERCO, CAPTURA Y SUICIDIO DE ALAN

GARCÍA PÉREZ, A MANOS DE

 ODEBRECHT

PRIMERA PARTE

ELMER OLORTEGUI

A julio de 2018, es decir, a siete años del final de su segundo régimen (2006 – 2011), el ex presidente Alan García, a pesar de su gran estela de sospecha vinculada a presunta corrupción por su desempeño en sus dos gobiernos, tenía la situación menos grave en el grupo de ex mandatarios bajo investigación judicial por corrupción en el mega caso Lava Jato – Perú y en otros casos.

Hoy, a casi seis años de su trágico deceso y estando el principal proceso judicial en el que fue involucrado en etapa de control de acusación, para luego pasar a juicio oral, se mantiene en la memoria pública la idea que él y su partido blandieron como defensa máxima: que el equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, desató en su contra una persecución político - judicial persistente y ponzoñosa para esposarlo, humillarlo públicamente poniéndolo así ante cámaras, hasta encarcelarlo anticipadamente, destruyendo su ejecutoria de vida y la del Apra.

Del examen de lo actuado en su contra y de su presunta organización criminal surge, por el contrario, otra visión que, de modo sólido, muestra que quienes determinaron el destino de AGP fueron los corrompidos más altos ejecutivos de la transnacional Odebrecht, entre ellos principalmente, el CEO de esa empresa, Marcelo Odebrecht, su representante en Lima, Jorge Barata y otros de menor rango. Ellos entregaron al equipo especial, registros secretos y documentos financieros, bancarios y contables, así como declaraciones testimoniales, sobre los sobornos que habían pagado por las obras de la carretera transoceánica del sur, del tren eléctrico de Lima y otros proyectos de infraestructura.

Bíblicamente, Marcelo Odbrecht y sus secuaces entregaron en bandeja de plata, la cabeza de AGP, así como las de los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuzcynski, primero a la justicia brasilera y luego a la peruana, para salvar las de ellos: y lograron su objetivo. Hoy, están a salvo en su país, gozando de buena salud y la buena vida. 

Revisemos entonces la trayectoria del ex presidente AGP en materia de corrupción, desde su segundo gobierno

Es pertinente anotar sobre su primer régimen que, en el año 2000, la Corte Suprema, declaró prescritos los procesos judiciales abiertos en su contra, el primero por un supuesto soborno recibido por la compra de aviones Mirage 2000 y el segundo por presunta recepción de un soborno de 1,1 millón de dólares para construir el primer tramo del tren eléctrico de Lima entre Villa El Salvador y el Puente Atocongo. No fue declarado inocente; solo las acusaciones fueron judicialmente borradas.

CASOS EMBLEMÁTICOS DE CORRUPCIÓN DEL 2006 AL 2011

Durante su segundo gobierno, los casos de corrupción más importantes, fueron: Mi Vivienda, Banco de Materiales, el Caso SIS, Caso COFOPRI. El soborno por la planta de agua potable de Huachipa, el Caso Petroaudios. el Caso Narcoindultos. Cobro indebido a Essalud y el Soborno por anchoveta. El más grave y más cercano a él, fue Narcoindultos.

EL PAQUETE DE LA MEGA COMISIÓN TEJADA.

Ya fuera del gobierno, una comisión investigadora a cargo de Sergio Tejada, durante el régimen de Ollanta Humala, investigó a AGP por los casos: i) la construcción de los colegios emblemáticos, ii) el programa Agua para Todos, iii) el caso BTR y, iv) Narcoindultos.

EL SALVATAJE DEL DEBIDO PROCESO

Pero, hábilmente, AGP logró mediante una acción de amparo que, el 27 de marzo de 2014, el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, declare nulo todo lo actuado en los ocho informes de la comisión Tejada, en la parte correspondiente al ex presidente. El 7 de enero de 2016, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, ratificó ese fallo al rechazar un recurso de agravio constitucional del Poder Legislativo contra el amparo recibido por AGP. Todo concluyó el 3 de mayo de ese mismo año, con el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso de queja del Congreso contra el amparo. El caso "narcoindultos", uno de los más escandalosos y cercanos al ex presidente progresó contra subalternos que pagaron por el latrocinio.

UN CASO PREMONITORIO

Pero, antes del fin de la larga contienda judicial con el Congreso, en setiembre del 2015, el fiscal provincial José Castellanos Jara, empezó a investigar a AGP y a otros por supuesto lavado de activos con recursos del Estado durante sus dos regímenes. Un año después, el tema fue archivado, pero el fiscal superior Marcos Villalta, ordenó continuarlo.

VECINO EN MADRID

Quizá por eso y por el catastrófico resultado (6% de votos) de su postulación a la presidencia en los comicios de 2016, APG migró a Madrid junto con su nueva pareja Roxanne Chessman y su último hijo, Federico Danton, residiendo en un departamento en el exclusivo barrio Moncloa, pagando una renta mensual de 10 mil soles, incompatible con su pensión presidencial de poco más de 15 mil soles.

EL HUECO NEGRO DEL CASO LAVA JATO PERÚ.

No obstante, hasta ahí todo era una vida de relativo confort general. Fue entonces que, desde enero de 2017, inmediatamente después del estallido del caso Lava – Jato Perú, este hueco negro empezó a atraerlo inexorablemente. Y, lo que se puede concluir tras examinar lo ocurrido es que el principal factor que determinó el trágico destino de AGP fue la corrupta Odebrecht que casi lo delató directamente, primero a la justicia brasilera y luego a la peruana, entregando a los fiscales abundante documentación del pago de sobornos a sus cercanos colaboradores, a diestra y siniestra.

LA REDADA CONTRA LOS "FUNCIONALES" DEL TREN ELÉCTRICO

El 20 de enero del 2017, el primer equipo Lava Jato, a cargo del fiscal Hamilton Castro, con base en un acuerdo secreto de cooperación firmado a la carrera con la sucursal de Odebrecht en Lima y documentos del pago de coimas enviados desde Brasil, arrestó a Edwin Luyo Barrientos, miembro del Comité Especial de la licitación pública del Tramo 2 del Tren Eléctrico, allanó el departamento del ex vice ministro de comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo (quien se hallaba en EEUU) y otras dos viviendas, incautándose de gran cantidad de evidencias.

Cuatro días después, fue detenido el ex asesor de Cuba en el MTC, Miguel Navarro Portugal y su vivienda también fue allanada. Cuba Hidalgo retornó a Lima el 31 de enero y fue detenido. Días después, su pareja, la voleibolista Jessica Tejada, también fue aprehendida a su retorno. De toda la red corrupta de Cuba Hidalgo, Santiago Chau Novoa, miembro del Comité Especial de la licitación del Tramo 1 y Mariella Huerta Minaya, presidente del Comité de la licitación del Tramo 2, fugaron al exterior. Después, fue detenido también Víctor Muñoz Cuba, sobrino y testaferro del ex vice ministro.

Estos hechos conmovieron al país e hizo que las miradas se concentraran en AGP. La gente mayor que había vivido su primer gobierno dedujo que el ex presidente había vuelto a las andadas. Pero el fiscal Hamilton, limitó sus diligencias solo sobre la colusión entre viceministro Cuba Hidalgo y los ejecutivos de Odebrecht, para que, a cambio de sobornos, la empresa ganara las obras de los tramos 1 y 2, de la Línea 1 del Tren Eléctrico. 

Posteriormente, se supo que el esquema de la política corruptora de Odebrecht comprendía dos niveles de acción: el nivel político que era operado por el jefe de su sucursal peruana, Jorge Barata y comprendía presidentes, ministros de estado, asesores presidenciales y otros altos funcionarios, con capacidad de decisión en la gestión pública. Y, luego por debajo, estaba el nivel de "los funcionales", funcionarios de menor rango, encargados de la ejecución de las órdenes de los políticos. En el caso del tren, Carlos Nostre, coordinaba con el representante de los de este nivel, en este caso con Jorge Cuba Hidalgo. 

DE NUEVO EL TREN ELÉCTRICO

Capturada la mayor parte de los "funcionales", dos meses después, en marzo del 2017, la fiscalía Lava Jato, abrió la primera carpeta contra integrantes del nivel político, es decir, AGP, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez y el director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plascencia Contreras, por presunto tráfico de influencias para favorecer a Odebrecht con las obras de los tramos 1 y 2, de la línea 1 del Metro de Lima, bajo la sospecha inicial de que AGP y Cornejo habrían expedido el Decreto de Urgencia 032-2009 y otras normas posteriores como marco legal ad hoc para que Odebrecht, ganara la licitación del tren.

Inevitablemente, el caso se relacionó con la carpeta fiscal sobre el soborno de US$8’450,000 entregado a Jorge Cuba Hidalgo y a su red amical corrupta, monto que formaba parte de los US$ 24.4 millones que Odebrecht dijo que había entregado como coimas durante el régimen de AGP, tanto por la transoceánica del sur (US$15.9 millones) como por el tren. 

El cerco creció cuando en octubre del 2017, el fiscal Castellanos pidió ampliar el plazo de su pesquisa a 36 meses, también en el marco de la ley de crimen organizado.

No obstante, las investigaciones fiscales al grupo de AGP y al de Jorge Cuba sobre el Tren Eléctrico no progresaron mucho hasta setiembre de 2018 cuando fiscales del nuevo y unificado equipo Lava Jato, ya sin el pro aprista Hamilton Castro a cargo, viajaron a Curitiba, Brasil, para seguir interrogando a ex ejecutivos de Odebrecht sobre varios casos.

Ocurrió entonces que Keiko Fujimori fue sometida a prisión preventiva por 36 meses junto con diez presuntos cómplices de supuesto lavado de activos con fondos ilegales de la campaña 2011. En pleno avance de ese caso, AGP fue interrogado por el Fiscal Pérez Gómez para la carpeta fiscal, “Facilidades para Odebrecht – DU 032 y otros” y programó continuar la interpelación el 15 de noviembre de 2018.

US$ 100 MIL POR UN DISCURSO

Pero, en el ínterin, el 13 de octubre, el equipo Lava Jato, recibió de Odebrecht en Lima, información documentada respecto a que había pagado, en junio del 2012, US$100 mil a García Pérez, con fondos de su ilegal “Caja 2”, por un discurso ante empresarios brasileros, en Sao Paulo. Odebrecht había usado como testaferro al estudio del abogado paulista José Américo Spinola, quien en realidad era un agente encubierto de la firma brasilera que se ocupaba de tramitar pagos de sobornos en el exterior. Justo cuando AGP se presentaba ante el fiscal Pérez, esta historia fue difundida con gran detalle por el portal IDL- Reporteros, provocando gran conmoción política.

Así terminó para AGP la vida muelle entre Lima y Madrid y el campo académico del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Particular San Martín de Porras. Evidentemente, el “Club de la filtración”, le había dado la primicia a Gustavo Gorriti, para inmovilizar a AGP en Lima y preparar su procesamiento.

Haciendo como si recién se enteraba de la noticia, el fiscal Pérez suspendió súbitamente la diligencia con AGP, y deduciendo que el pago por el discurso estaba vinculado al tren eléctrico, añadió al ex presidente la imputación de los delitos de colusión agravada y lavado de activos y pidió al juez Juan Sánchez Balbuena que ordenara que AGP no saliera del país durante 18 meses. Para el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y el ex asesor presidencial Oswaldo Plascencia, el fiscal añadió solo el delito de colusión agravada. El ex presidente aceptó públicamente el arraigo horas antes de la decisión judicial. El juez expidió la orden pedida por el fiscal Pérez.

Los documentos entregados por Odebrecht, proclamaban también a los cuatro vientos que Marcelo Odebrecht y sus cómplices habían decidido en Sao Paulo sacrificar a todos los presidentes peruanos a los que había sobornado, entre ellos a AGP para salvar sus pellejos

El fiscal Pérez dedujo públicamente que los US$ 100 mil fueron generados cuando García Pérez era presidente, por lo que había incurrido en lavado de activos, en las modalidades de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento. En respuesta, AGP acusó al fiscal de intentar otorgar la facilidad de colaboración eficaz a Jorge Cuba Hildalgo, a cambio de que éste lo incriminara en el cobro de coimas e insistió en darle cariz de persecución política a su caso.

EL FALLIDO ASILO URUGUAYO

En tal encrucijada grave y tras conocerse la orden judicial de arraigo, en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018, de modo conversado, AGP ingresó a la residencia del embajador de Uruguay y solicitó asilo diplomático para protagonizar su segundo histórico escape diplomático de la justicia. Hasta hoy nadie ha explicado el yerro de AGP de haber hecho esta jugada sin asegurarse previamente el visto bueno del presidente uruguayo. 

El país se conmovió nuevamente. AGP hizo publica una extensa carta explicando que pedía asilo porque era víctima de persecución política y acusó al gobierno de Vizcarra de haber inducido la prisión preventiva de Keiko Fujimori para someter al Partido Fuerza Popular y retirar del cargo al fiscal de la nación Pedro Chávarry para controlar esa institución. Afirmó que el gobierno, vía la fiscalía, planeaba enviarlo a la cárcel.

Los memoriosos recordaron entonces, que en 1992, estando bajo proceso por la Corte Suprema por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer régimen y, estando perseguido por la dictadura de Alberto Fujimori, el 2 de junio de ese año salió del país asilado por el Gobierno de Colombia. En los hechos, el asilo le evitó enfrentar el proceso judicial, del cual se deshizo diez años después, por prescripción.

Tras diecisiete días de tensión, el lunes 3 de diciembre de 2018, el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, dijo no al pedido de asilo de García, porque no configuraba persecución política. Casi al mismo tiempo, AGP abandonó la residencia del embajador uruguayo en Lima. Desde su casa, en Miraflores emitió una carta abierta señalando que había ejercido un derecho constitucional, que permanecería en su casa y asistiría a todos los llamados de la justicia, pues no había prueba alguna de pago indebido en su contra.

En el compás de espera de su arraigo en el país, el 4 de enero de 2019 AGP fue interrogado como testigo por la fiscal Norma Mori, con relación a la investigación, dentro del caso Lava Jato, contra el ex vicepresidente de Petro Perú, Miguel Atala Herrera, a quien Odebrecht le depositó en 2008, US$ 1’312 mil en la cuenta de su offshore, en la Banca Privada de Andorra, sin que hasta entonces se supiera por qué. Obviamente, García negó alguna relación entre él y esa operación.

LA INTENTONA DEL MUELLE NORTE DEL CALLAO

En esas circunstancias, el Ministerio Público inició una seguidilla de nuevas investigaciones contra AGP y altos funcionarios de su segundo régimen.

A fines de noviembre de 2018, la segunda fiscalía anticorrupción, a cargo de Reynaldo Abia abrió investigación preliminar contra el ex presidente Alan García, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, el ex vice ministro de comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, los directivos de APM Termials Henryk Lungaard y Klaus Burger, y otras 19 personas, por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en la concesión por US$ 1.900 millones a APM Terminal, plagada de irregularidades.

LA CONCESIÓN DEL PUERTO DE PAITA

El 15 de enero de 2019, otra fiscal del sistema anti corrupción, Janny Sánchez Porturas, abrió una nueva investigación preliminar sobre la concesión del Puerto de Paita, arguyendo que el gobierno de García creó también un marco jurídico Ad Hoc para su concesión a la firma Terminal Portuarios Euroandinos (TPE Paita), luego de que otos dos postores fueron descalificados y el concurso siguió con un solo postor que luego no pudo sustentar una garantía de US$ 100 millones luego de la firma del contrato, por lo que el Gobierno de García tuvo que darle garantías a través del Decreto Supremo 181 del 14 de agosto del 2009, a fin de que consiguiese crédito. Todo un descarado favorecimiento. Por colusión agravada la carpeta incluyó a AGP, a Enrique Cornejo, Luis Carranza, Verónica Zavala, Cayetana Aljovín, Mario Arbulú, Hernán Garrido, David Lemor y Patricia Alarcón, entre otros.

LA AUDITORÍA DEL TRAMO 2.

Por esos días, se hizo público el resultado de una auditoría que la contraloría General había realizado al proyecto del Tramo 2 Plaza Grau - San Juan de Lurigancho, de la Línea 1 del Tren Eléctrico: lo exceptuaron del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico – AATE contrató la empresa Dessau International para que haga las bases de la licitación en 30 días, resultando un trabajo deficiente que costó US$ 294.383. Con gran apuro, el 14 de enero del 2011, el ministro Cornejo nombró a Mariela Huerta Minaya, Jesús Munive Taquia y Edwin Luyo Barrientos, como los licitadores del tramo, todos amigotes del vice ministro Jorge Cuba.

La Contraloría afirmó que el comité direccionó las bases para eliminar a los competidores y, pese al reclamo de los postulantes, declaró ganador al Consorcio Tren Eléctrico liderado por Odebrecht. El 8 de julio del 2011, faltando veinte días para el fin del régimen aprista, la AATE, firmó el contrato con el consorcio para que elaborara el expediente técnico final y ejecutara las obras del tramo 2.

LOS US$ 100 MIL EN LAS DELACIONES DE CURITIBA

Al empezar 2019 se esperaba también la firma del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht y los interrogatorios subsiguientes a sus ex directivos en Curitiba, diligencias pospuestas desde enero a raíz del intento del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry de decapitar al equipo especial.

Sobre el caso de los US$ 100 mil, el 18 de febrero, el directivo gestor de fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas - DOE, o Caja 2 de Odebrecht, Marcos Grillo de Queiroz, alias Visamark. aclaró ante el fiscal José Pérez, que solo generaba recursos para el DOE, mediante contratos ficticios para proyectos que ejecutaba Odebrecht en los países en los que operaba y no conocía cómo trabajaba el DOE.

Sobre los US$ 100 mil declaró que Jorge Barata le pidió que encubriera ese pago con un contrato que ocultara a Odebrecht y su Caja 2 como origen. Lo hizo con un contrato ficticio, con fecha atrasada entre el estudio jurídico de Américo Spinola, alias “Joe”, uno de los agentes de Odebrecht que facilitaban pagos fuera de Brasil con recursos de la Caja 2.  Grillo dijo que se trató de una operación inusual ideada por Barata, quien se encargó de que AGP firmara en Lima la documentación requerida.

Grillo determinó que no podía afirmar ni negar que se haya tratado de un pago de soborno. Ese punto lo sabía Barata.

Como el interrogatorio a Jorge Barata estaba fijado para el 12 y 13 de marzo, en Curitiba. El fiscal Pérez no realizó ninguna diligencia contra AGP al retornar a Lima.

Un día antes, el 11 de marzo José Américo Spinola confirmó ante el fiscal Pérez Gómez, en Curitiba la versión de Marcos Grillo. Cobró US$ 15 mil por el favor. Odebrecht le dio una remuneración excepcional de 360 mil reales de los cuales salieron los US$ 100 mil para García. Reconoció que había actuado como “instrumento” de Odebrecht.

Sobre este caso, la Federación de industrias del Estado de Sao Paulo - FIESP, aclaró que no paga a oradores e invitados y ni cobra el ingreso a los cientos de eventos que hace anualmente y así es como AGP fue orador.

EL CASO NAVA – ATALA, MÁXIMA DELACIÓN DE ODEBRECHT

Entonces, el Equipo Lava – Jato Perú conoció el Caso Nava – Atala, en medio de la investigación de los casos de la Transoceánica Sur y el Tren Eléctrico, algo parecido a una estocada con katana directa al plexo solar, absolutamente letal. 

EL 1 de abril de 2019, de la oficina matriz de Odebrecht, de Sao Paulo, como parte de su colaboración eficaz, el Equipo Lava Jato – Perú recibió documentación procedente de los sistemas encriptados My webday y Droussys, respecto a que el dinero depositado a Miguel Atala Herrera en el Banco Privado de Andorra y otras transferencias por más US$ 4 millones, fueron en realidad, pagos ilícitos para el ex secretario general de la presidencia de la república, Luis Nava Guibert, entre 2006 y 2011, vinculados a la Transoceánica del Sur y al Tren Eléctrico. Así mismo, Odebrecht acreditó ante el Equipo Especial que también había pagado casi medio millón de dólares a José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava, entre enero y octubre de 2010, a cuenta del proyecto del Tren Eléctrico.

Rápidamente, el 9 de abril de 2019, el fiscal Pérez Gómez, decidió acumular la investigación preliminar contra AGP y otros, por el Tren Eléctrico con la del Caso Nava - Atala e incluyó como investigados por lavado de activos, a Luis Nava Guibert y a su hijo José Antonio Nava Mendiola.

LA CAJA CHICA DE BARATA EN LIMA

Por su parte, César Romero, de La República reveló, además, que Odebrecht había entregado también al Equipo Especial Lava Jato, los registros de la cuenta Caixa Livre Perú – Dolar, es decir, de la caja chica del ex superintendente Jorge Barata para pagos de sobornos en efectivo, en el Perú, varios no incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz firmado en febrero en Sao Paulo. Había registros de pagos desde fin del 2006 a comienzos del 2007 y durante el segundo semestre del 2010 y primeros meses del 2011, inicio y final del segundo régimen de Alan García.

En la relación aparecen pagos en constante y sonante a Luis Nava Guibert (a) “Chalán", al hijo de este José Antonio (a) “Bandido” y a otros señalados solo con sus codinomes o nombres en clave como beneficiarios de los sobornos. “Choque”, el 3 de octubre de 2007 recibió US$ 27,352, por la carretera Interoceánica Sur. "Río", el 4 de octubre del 2007 se hizo de US$ 9,137, con cargo a la obra de ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Iquitos, que se desarrolló entre el 2006 y el año 2008. "Almofadinh", recibió ese mismo día US$ 18,274, con cargo al proyecto vial Interoceánica Sur. Otros sobornados son, "PP", "Holanda" y "Reserva", cuyas identidades solo Barata conoce o constan en los servidores MyWebDay y Drousys de la Caja 2 de Odebrecht.

SE DESENCADENA «LA TORMENTA PERFECTA»,

El 14 de abril, el Caso Nava - Atala salió a luz con gran impacto en la ciudadanía, la política nacional, el partido aprista y en particular contra AGP, con elementos sumamente amenazadores. Ese día, nuevamente el portal IDL- Reporteros, reveló como primicia que, según la confesión de Odebrecht, el destinatario final de los pagos a Miguel Atala fue nada menos que Luis Nava Guibert, alias “Chalán”, ex secretario general de la presidencia de la república en el último mandato de AGP.

Odebrecht entregó registros secretos de seis depósitos de la offshore Klienfeld en la cuenta Ammarin Investmen Inc., de Miguel Atala, los cuales fueron pagos ilícitos para ‘Chalán’, vinculados a la obra de la Transoceánica Sur. Lo seis pagos fueron:

• El 12 de diciembre de 2006, pago a “Chalán” US$ 299, 419, aplicado a la obra de la Transoceánica IIRSA Sur.

• El 1 de noviembre de 2007, pagó a “Chalan” US$ 299, 299 por orden de Barata.

• El 20 de noviembre de 2007, Barata ordenó otro pago de 522 mil 420 reales, a Chalán, con cargo a IIRSA Sur.

• El 4 de diciembre de 2007, la offshore de Odebrecht  Klienfeld depositó US$ 250,000 a Ammarin Investment, en su cuenta de la BPA, como pago ordenado por Jorge Barata y cargado a IIRSA Sur.

• El 24 de enero de 2008, se ordenó que el JP Morgan Chase Bank pagara US$ 200 mil a Ammarin Investment, por orden de Jorge Barata, cargada a IIRSA Sur, para ‘Chalán’.

• El 20 de febrero de 2008, se realizó el último depósito de US$ 262 mil por orden de Barata con cargo a IIRSA Sur, en beneficio de ‘Chalán’.

En total, los pagos a Ammarin sumaron algo más de un millón 300 mil dólares, como se ha dicho. Todos fueron hechos para ‘Chalán’ Nava y cargados a IIRSA Sur. Odebrecht informó también a la fiscalía que ‘Chalán’ Nava Guibert recibió otros US$ 4 millones de la Caja 2 de Odebrecht durante el gobierno de Alan García, mediante 19 pagos adicionales, seis cargados a la IIRSA Sur, ordenados por Jorge Barata o por Hilberto Silva, entonces jefe de la Caja 2.

Algunos de estos pagos fueron hechos a Nava Guibert, al cash en Lima, como el caso del 6 de abril de 2007, por US$ 598, 200 por orden de Barata, a cargo de la IIRSA Sur.

En otros casos, el dinero fue transferido a una cuenta bancaria, como la operación del 26 de febrero de 2008 ordenada por Hilberto Silva, la que fue clasificada como movimiento especial de US$ 860,000. El 9 de mayo de 2008, el pago fue por US$ 30 mil destinados a ‘Chalán’, por orden de Hilberto Silva con referencia a la cuenta “Caixa Livre Peru Dolar”, la cuenta discrecional de Jorge Barata para pagos en el Perú.

Fiscales, periodistas, políticos; todo mundo se preguntó: ¿por qué Odebrecht tenía que sobornar a Nava Guibert, si él no tenía ningún poder sobre los contratos del Estado para grandes obras? Por supuesto Nava Guibert, aunque sin convencer, negó todo de plano en un comunicado y en entrevistas a la prensa. Atala, en cambio, guardó silencio.

Entonces, el fiscal Pérez pidió que la policía de la DIVIAC, hiciera una video – vigilancia a AGP y a ocho personas más, mientras que en los medios de prensa empezaba a circular el rumor de que el Equipo Lava Jato tramitaba la prisión preventiva de AGP, Nava y Atala

El abogado de AGP, Erasmo Reyna, declaró a la prensa que con la acumulación de expedientes el Ministerio Público había abandonado la tesis del soborno a AGP con US$ 100 mil por parte de Odebrecht, pasando a deducir, sin prueba material, que los sobornos se habrían dado a través de las cuentas de Miguel Atala. Reclamó que los documentos sobre Atala sean entregados a la defensa legal de todos los investigados.

LA VÍA HACIA LA PRISIÓN PREVENTIVA

La teoría de la fiscalía señala que la organización criminal de AGP se formó cuando él  asumió el poder, con la finalidad favorecer a un grupo de empresas brasileñas y peruanas vinculadas a estas con importantes obras de infraestructura, a cambio de sobornos. El líder absoluto era AGP. Su estructura tenía dos niveles.

El primero, constituido por AGP, Enrique Cornejo Ramírez, Luis Nava Guibert y Miguel Atala Herrera, éstos últimos encargados de captar los sobornos.

El segundo nivel tenía tres grupos:

En el primer grupo actuaban José Nava Mendiola y Samir Atala Nemi, hijos de Nava y Atala. En el segundo estaban funcionarios amigos que manipulaban los procesos de contrataciones: Jorge Luis Menacho, Jorge Cuba Hidalgo, Oswaldo Plascencia y Raúl Torres. El tercer grupo era de funcionarios que ejecutaban los procesos de contratación e integraban los comités especiales: Magdalena Hinostroza, Santiago Chau, Mariella Huerta, Edwin Luyo y Jesús Munive.

La fiscalía construyó su teoría de una organización criminal alanista con:

• El informe entregado por Odebrecht el 1 de abril de 2019 al equipo Lava Jato, sobre pagos en cuentas de empresas offshore por la adjudicación del Metro de Lima y la obra de la carretera interoceánica sur, desde la Caja 2. Los beneficiarios fueron: “Apra” o Partido Aprista Peruano; “Laque” o Luis Alva Castro; “Chalán” o Luis Nava Guibert y “Bandido” o José Nava Mendiola, por un total de US$ 4’888,969.40, en el periodo del 14 de marzo de 2006 al 18 de octubre de 2010.                                    

• El informe consta de 144 folios, divididos en tres grupos.

El primer grupo corresponde a pagos a “Apra” y a “Laque” por un total de US$ 333,482.79, entre 2006 y 2007. El segundo grupo de documentos corresponde a cuatro pagos a “Bandido”, José Antonio Nava Mendiola, vinculados a la obra del Tren Eléctrico, por un total de US$ 471,302.00. El tercer grupo de evidencias es una relación de pagos desde la Caja 2, a “Chalán”o Luis Nava Guibert por un total de US$ 4’084.184. 62, realizados entre 2006 y 2008, vinculados a la obra de la Trasnoceánica Sur.

• Las declaraciones del ex viceministro de comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo y el ex jefe de contratos de Odebrecht en Lima, Carlos Nostre Junior, y

• Documentos financieros entregados por el Banco Privado de Andorra, respecto a pagos de sobornos por los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico.

No obstante, la información que ajustó más el cerco contra AGP era la de los pagos de Odebrecht a César Atala, a Luis Nava y a los hijos de uno y otro. Apuntaba a identificar a los supuestos testaferros de AGP, captadores de los US$ 15.9 millones, parte del soborno de US$24 millones por la Línea 1 del Metro de Lima, revelada por Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht.

Los testaferros habrían sido: el ex secretario de Palacio Luis Nava Guibert y su hijo José Nava Mendiola y el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala Herrera y su hijo Samir Atala Nemi, según Jorge Barata y el testimonio de tres testigos protegidos. Los testas no tenían por qué haber recibido parte de la coima por una obra en la que no tenían arte ni parte. Todo eso, sugería que el destinatario final habría sido AGP.

...Sigue Parte dos