RECORDANDO SIN IRA
Cuando está en marcha el juicio oral contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (23 de setiembre de 2025) por los sobornos recibidos de las corruptas empresas constructoras del Brasil, Odebrecht y OAS, es adecuado conocer que no solo fueron dos, sino cinco las firmas del CARTEL BRASILERO DE LA CONSTRUCCIÓN que actuaron en nuestro país y que, según el modelo de corrupción que nos exportaron, impulsaron el funcionamiento de un cártel peruano similar, hoy conocido como EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN.
Elmer Olórtegui
Al llegar al poder en Brasil, en 2002, el izquierdista Inacio Lula Da Silva, apoyó el fortalecimiento de las empresas privadas de su país, en particular de las dedicadas a la infraestructura. Fomentó la inversión mixta, usando la fórmula de asociaciones público - privadas y la idea fuerza: “Compre Nacional”.
También las indujo a conquistar nuevos mercados en Latinoamérica y África, para mejorar la posición geopolítica del Brasil en el hemisferio Sur. El gigante brasilero no debía significar solo fútbol, samba y carnaval. También aspiraba a ser parte de las potencias económicas emergentes.
Las firmas brasileras, en particular Odebrecht, tuvieron éxito, pero sobre la base del delito. Lula y su régimen cayeron en las garras de la gigantesca alta corrupción brasilera y se integraron a una cleptocracia cuyo centro era la gigante Petróleos del Brasil – PETROBRAS. Y, después, en alianza, se convirtieron en el principal país exportador de corrupción en LATAM.
Al ser descubierto en 2013, el enorme caso de corrupción fue bautizado como Lava Jato - Brasil, cuyo desarrollo judicial en el Perú involucra actualmente a cuatro ex presidentes vivos como receptores de sobornos o de donaciones ilegales para campañas electorales de parte de Odebrecht y a otros miembros del cártel de la construcción; además, incluye a centenares de políticos, empresarios, ejecutivos y contrabandistas.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por hechos de su régimen 2003 – 2010 cumplía una condena de doce años de cárcel por un soborno inmobiliario pagado por la constructora OAS y otros cargos de corrupción, pero por controvertidas decisiones del Poder Judicial brasilero, recuperó su libertad y volvió a ser elegido para un nuevo mandato presidencial que está en curso. Su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), fue destituida y está procesada, así como también José Sarney (1985-1990) y Fernando Collor de Mello (1990-1992), por presuntos delitos relacionados con las constructoras. El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) está acusado de haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998.
Uno de los núcleos de esa cleptocracia fue el cártel brasilero de la construcción que obtenía millonarios contratos de obras de Petrobras pagando sobornos equivalentes al 3% del valor de cada uno.
El cártel estaba integrado por Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC, Queiroz Galvao, Engevix, Galvao, GDK, Iesa, Mendes Júnior, MPE, Promon, Skanska, Toyo Setal y Techint. Los directivos de Petrobras distribuían cada soborno entre directivos de las empresas involucradas, dirigentes de partidos políticos, líderes políticos y funcionarios que facilitaban las cosas desde distintos poderes y organismos del estado.
El dinero ingresaba al sistema financiero legal a través de negocios de gasolineras, lavanderías y hoteles que lo transferían a los beneficiarios finales, a través de una vasta red internacional de empresas ubicadas en China y otros países asiáticos y cuentas bancarias de firmas offshore de varios paraísos fiscales occidentales.
LAS BRASILERAS DEL CÁRTEL PERUANO DE LA CONSTRUCCIÓN
Al mercado peruano ingresaron las empresas brasileras: Norberto Odebrecht, Camargo Correa S.A, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Engevix, Pattac Engenharia y Tucumán Emprendimentos. Odebrecht es la más antigua, pues vino en 1979, al final de la llamada segunda fase del régimen militar, encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez. Las demás llegaron a partir del 2002, en el contexto de la expansión de las constructoras brasileras en Latinoamérica.
Particularmente, la constructora Norberto Odebrecht logró operar en Argentina, Ecuador, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, así como en Angola y Mozambique, en África.
Para su desempeño, bajo el liderazgo indiscutible de Odebrecht, el conjunto de firmas replicó el esquema del cártel constructor del Lava Jato brasilero, en alianza con los agentes de la secular corrupción de cada país.
LAVA JATO - PERU
El Lava Jato - Perú, es entonces, consecuencia de esa alianza, de ese encuentro perverso entre los intereses de los corruptos brasileros y de sus pares peruanos, para el enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios a expensas de recursos estado y del bienestar de las mayorías.
No fue una conquista de mercados con base en buena calidad, precios ventajosos y facilidades financieras.
Fue una penetración cuya herramienta principal fue el soborno y la defraudación al estado en gran escala que, en el caso específico de nuestro país, generó el llamado cártel peruano de la construcción.
EL BOTÍN DE LAS BRASILERAS
De 2004 a 2015, las firmas brasileras intervinieron de modo individual o consorciado entre ellas o con socios peruanos, en 42 obras por un valor superior a US$ 17,375 millones, correspondientes a los sectores transportes, saneamiento, energía y agricultura, vinculadas a todos los niveles de gobierno.
Las cinco primeras empresas consiguieron la mayor parte de los negocios. La principal fue siempre Odebrecht, la que asumió el 73.9% del valor total de los contratos (US$ 12,856 millones), seguida por OAS con el 7% (US$ 1,224 millones), Andrade Gutiérrez, con el 6.9% (US$ 1,199 millones), Queiroz Galvao, con el 5.8% (US$ 1,019 millones) y Camargo Correa, con el 5.6% (US$ 987 mil)
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
En Perú montó una red de 27 firmas subsidiarias: 19 peruanas y 8 sucursales de su red brasilera. Con ellas, desde su arribo hasta 2015, intervino en 52 proyectos, a través de consorcios preferentemente con las empresas peruanas Graña y Montero, JJC contratistas generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – Iccgsa, Compañía San Martín S.A. y con las demás brasileras.
Respecto a ese conjunto de obras, la Contraloría General ha hallado sobrecostos sospechosos en 28. Hay que anotar que Odebrecht ejecutó la mitad de dichas obras durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) por un valor de US$ 449'874,662, las cuales no han sido sometidas a investigación.
Sus negocios.
En el periodo de interés 2001 a 2014, Odebrecht realizó 13 contratos de obras y de concesiones por S/.34,742’967,111. Durante el régimen de Toledo, el monto de sus operaciones fue S/. 3,535’383,086; en el segundo gobierno aprista el valor subió a la suma de S/. 6,797’984,583 y, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, la cifra se elevó a S/. 24,409’599,441.
Odebrecht lideró los consorcios que ejecutaron 13 contratos, los más importantes de los cuales fueron: Gasoducto del Sur (US$ 7,239 millones - 2014), la Central Hidroeléctrica de Chaglla (US$ 1,247 millones – 2011), la etapa III de la Irrigación Chavimochic (US$ 715 millones - 2014), tramo 2, línea 1, del Metro de Lima (US$ 583 millones -2011), Tramos 2 y 3 de la Transoceánica Sur (US$ 596 millones – 2005), Vías Nuevas de Lima (US$ 499 millones - 2013), tramo 1, línea 1 del Metro de Lima (US$ 410 millones – 2009), la Irrigación Olmos (US$ 222 millones – 2010) y la Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis (US$ 143 millones - 2012), la Vía de Evitamiento del Cusco ( US$ 90.3 millones – 2012) y la autopista Costa Verde del Callao (US$ 86.1 millones – 2013)
Sobornos de Odebrecht del 2005 al 2014.
De acuerdo con el informe del Departamento de Justicia de los EE. UU, sobre el convenio firmado con Odebrecht y el gobierno suizo para que ésta no sea procesada en esos países, la empresa brasilera se declaró culpable de haber usado bancos estadounidenses para pagar sobornos por US$ 788 millones en Latinoamérica y África.
Su ex CEO, Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos se obligaron a confesar sus delitos y la empresa se comprometió a pagar millonarias multas. El informe estadounidense dice que Odebrecht declaró que, en Perú, de 2005 a 2014, pagó sobornos por US$ 29 millones: 20 millones, de 2005 a 2008 y 9 millones, de 2008 al 2014. Gracias a los sobornos pagados a autoridades peruanas Odebrecht obtuvo ganancias por US$ 143 millones.
El comunicado del Departamento de Justicia describió parcialmente solo dos casos de coima, pero no mencionó quienes las recibieron. Solo aludió a que la de 2004, por US$ 20 millones, fue pagada a un alto funcionario, a cambio de un contrato de obra. La de 2008, por US$ 1.4 millones fue abonada a varios funcionarios, por el contrato de una obra de transporte.
Sin embargo, estas cifras sobre Perú resultan inexactas, pues el desarrollo del caso Lava Jato – Perú ha permitido calcular que el total de presuntos pagos ilícitos de Odebrecht conocidos hasta diciembre del 2018, incluidos aportes ilegales a campañas electorales, asciende a US$ 62.1 millones, con el siguiente desagregado:
Sobornos atribuidos a Odebrecht
US$ 20 millones pagados por los contratos de los tramos 2 y 3 de la Carretera Transoceánica Sur. Después, esta cifra fue actualizada a US$ 33 millones durante el juicio al ex presidente Alejandro Toledo Manrique y en el que condenado a 20 años y 6 meses de cárcel
US$ 24.4 millones, por la adjudicación y los contratos de obras de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, de los cuales US$ 10 millones fueron pagados a Jorge cuba Hidalgo y su red corrupta de subalternos, desconociéndose aun, quiénes cobraron US4 14.4 millones durante el último gobierno de Alan García Pérez
US$ 4 millones, por la adjudicación de la autopista Costa Verde Callao, pagado al gobernador del Callao, Félix Moreno Caballero.
US$ 3 millones, por el contrato de la Vía Evitamiento del Cusco, de los cuales pagó solo US$ 1.2 millones al ex gobernador Jorge Acurio Tito.
US$2.7 millones, por la carretera Carhuaz – Siguas, pagados al ex gobernador de Ancash, César Alvarez.
US$ 1.4 millones pagados a Horacio Cánepa, por arbitrajes amañados a favor de Odebrecht.
US$ 1’350 mil pagado a César Atala.
US$ 780 mil, pagado a Juan Zevallos, Director de OSITRAN.
US$ 711 mil pagado a funcionarios de la Municipalidad de Lima, gestión de Susana Villarán por la concesión “Nuevas Rutas de Lima”.
US$ 45 mil, por el proyecto Agua Potable Chimbote a beneficiarios no identificados aún.
US$ 45 mil, por la carretera Tingo María – Aguaytía, a beneficiarios aun no identificados.
Todo lo cual arroja coimas por un sub total de US$ 57 millones.
Donaciones para campañas
Aporte de US$ 3 millones al Partido Nacionalista Peruano PNP, para la campaña del 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil (PTB) y del ex presidente Inacio Lula Da Silva.
US$ 1’200 mil, a Fuerza Popular, para la campaña 2011.
US$ 750 mil, a Toledo para la campaña 2011.
US$ 300 mil, para PPK, para la campaña 2011.
US$ 200 mil, para el PAP, campaña 2006.
Todo lo cual, da un sub total de US$ 5’450 mil en “propinas” para campañas electorales, el cual, sumado al sub total conocido de sobornos, arroja un total de pagos ilícitos por la suma de US$ 62.1 millones.
IDL – Reporteros, comprobó que, excepto el caso del tren eléctrico de Lima, en Perú, Odebrecht pagaba coimas por un valor correspondiente al 3% del costo de cada obra, porcentaje que era regla para el pago de sobornos en Brasil. Pero, esto no se cumplió únicamente en el caso del tren eléctrico, cuyo soborno conocido equivale al ínfimo porcentaje del 0.82%, pese a haber sido su segundo contrato más costoso. De este modo, aplicando el 3% genérico a los costos finales de los contratos de obras, incluidos sobre costos y sin considerar donaciones con fines electorales, IDL- Reporteros ha calculado que el probable total de sobornos ascendería a US$ 71 millones.
De todo esto fluye que, en Perú, Odebrecht no ha dicho la verdad a las autoridades. Administra sus delaciones a cuentagotas con la finalidad de conseguir impunidad total para sí, sus ejecutivos y algunos cómplices importantes, incumpliendo su compromiso de documentar sus delaciones y facilitar otras, asumido en el acuerdo preliminar de colaboración eficaz que suscribió con la Fiscalía Anti corrupción del Ministerio Público peruano.
Situación jurídica.
Sobre la base del pre acuerdo de cooperación, firmado el 4 de enero de 2017 que se mantuvo en secreto, Odebrecht empezó a entregar información documentada parcial y sus ejecutivos comenzaron a declarar sobre sus ilícitos en el país. Así mismo, con la Fiscalía de Lavado de Activos peruana firmó en Brasil acuerdos de no incriminación para que su ex CEO Marcelo Odebrecht, y sus ejecutivos Jorge Barata, Luis Mameri y Fernando Migliaccio, declarasen solo sobre detalles de coimas confesadas y donaciones para campañas electorales.
Odebrecht empezó entonces a negociar con el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por Hamilton Castro, un acuerdo de colaboración eficaz corporativo que inicialmente iba a comprender la delación de sus ex ejecutivos Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra, que los excluiría de todos los procesos del caso Lava Jato Perú.
Debido a revelaciones por parte de sus altos ejecutivos de millonarias donaciones de dinero para campañas electorales de los más importantes partidos políticos peruanos, la investigación peruana se orientó hacia esos hechos, pues correspondían como anillo al dedo a indagaciones en marcha. Esas pesquisas que perseguían el delito de lavado de activos, se intensificaron a partir de las revelaciones del propio ex CEO, Marcelo Odebrecht, ratificadas después por Barata, acerca de que la constructora había donado dinero ilegal a Fuerza 2011 (Keiko Fujimori), Peruanos por el Gran Cambio (Pedro P. Kuzcynski), País Posible (Alejandro Toledo), durante la campaña electoral de 2011; y al Partido Aprista Peruano (Alan García), en la campaña electoral del 2006, así como para las campañas contra la revocatoria (2013) y la reelección de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2014).
Esto generó la intervención profunda en el caso Lava Jato Perú de los fiscales especializados en la persecución del delito de lavado de Activos, German Juárez Atoche y José Domingo Pérez Gómez, quienes actuaban bajo la supervisión del fiscal superior Rafael Vela Barba, sin formar parte del Equipo Especial.
La situación siguió un curso de colisión y problemas operativos con el grupo de Hamilton Castro, debido a serias diferencias en sus estrategias de investigación y su pública descoordinación. Cada grupo pretendía ir por su lado.
Los de lavado de activos, al margen de los fiscales anticorrupción y del pre acuerdo de colaboración eficaz en desarrollo con Odebrecht, aparecieron ante la prensa y la ciudadanía como más eficientes para lograr confesiones y pruebas en casos de gran impacto público, mientras que los del Equipo Especial transcurrieron la mayor parte de 2017 sin avances significativos y entraron en un verdadero atolladero en el primer semestre de 2018.
En el contexto del convenio preliminar de colaboración eficaz, Odebrecht empezó a resistir con uñas y dientes a la exigencia del Equipo Especial a adecuarse a la Ley 30737 que regulaba el pago de la probable reparación civil por empresas culpables de corrupción.
En los hechos, por estas discrepancias radicales, Jorge Barata se negó de plano en mayo del 2018 a su tercer interrogatorio sobre sobornos exigiendo su no incriminación y la de Odebrecht, así como una reparación civil negociada. En julio de 2018, debido a su gran dependencia de la justicia brasilera en el caso Lava Jato, la situación se puso peor para la justicia peruana pues el Poder Judicial brasilero, declaró su apoyo a Odebrecht y a sus ejecutivos, con base en su acuerdo de delación premiada nacional.
En consecuencia, la Fiscalía de Brasil canceló el interrogatorio al ex director de la “Caja 2” de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, en Salvador de Bahía, a quien la fiscalía peruana iba a preguntar sobre los aportes para las campañas electorales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori.
El Poder Judicial de Brasil suspendió también la entrega de la copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht, "Drousys" y "MyWayDay B" y anunció que no autorizará nuevos interrogatorios, afectando gravemente lo poco avanzado sobre el caso Lava Jato Perú.
Acuerdo de colaboración eficaz
El 17 de junio de 2019, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, emitió su sentencia de 284 páginas (Resolución N° 20) que aprueba el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios (ACE-MPO) que suscribieron el fiscal José Domingo Pérez y los representantes legales de Odebrecht y los cuatro colaboradores: Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior, sobre cuatro casos delicitivos de sobornos confesados: i) La Carretera Interoceánica del sur, tramos 2 y 3, ii) Los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico de Lima, iii) La Vía de Evitamiento del Cusco y iv) La autopispta Costa Verde Callao. Un mes después, la magistrada, la publicó ante exigencias de grupos de presión de que se difundiera el acuerdo completo, cosa que legalmente no es posible.
En la página 268 de la sentencia, consta que el Ministerio Público había acreditado a la fecha de la aprobación del ACE- MPO, que la empresa colaboradora estaba entregando elementos pertinententes vinculados a la investigación de dieciséis casos adicionales:
Carpeta Fiscal N° 69 – 2015, sobre el financiamiento electoral al Partido Nacionalista Peruano (PNP), el expresidente Ollanta Humala Tasso, su esposa Nadine Heredia y otros.
Carpeta Fiscal N° 19 – 2016, contra Gonzalo Monteverde Busselleu y otros.
Carpeta fiscal N° 12 – 2017, sobre el Gasoducto del Sur.
Carpeta fiscal N° 17 – 2017, respecto a la concesión de Rutas de Lima.
Carpeta fiscal N° 21 – 2017, contra Miguel Atala Herrera.
Carpeta fiscal N° 23 – 2017, contra los Peñaranda y Alpha Consult.
Carpeta fiscal N° 24 – 2017, contra Prado Ramos.
Carpeta fiscal N° 28 – 2017, sobre el andorrano Xavier Pérez Giménez.
Carpeta fiscal N° 30 – 2017 Revocatoria T. 391-420, campaña por el No de la exalcaldesa Susana Villarán.
Carpeta fiscal N° 31 – 2017, contra el ex presidente Pedro P. Kuzcynski- PPK – Westfield Kapital.
Carpeta fiscal N° 34 – 2017, sobre el Club de la Construcción.
Carpeta fiscal N° 51 – 2017, aporte campaña al Partido Aprista.
Carpeta fiscal N° 52 – 2017, aporte campaña Partido Perú Posible.
Carpeta fiscal N° 54 – 2017, porte campaña al partido Alianza por el Gran Cambio.
Carpeta fiscal N° 55 – 2017, caso Cocteles contra el Partido Fuerza 2011- Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros;
Carpeta fiscal
N° 51 – 2018, sobre aportes a AGP y Luis Alva Castro
GRUPO OAS.
La empresa Constructora OAS, llegó al Perú en el 2008 y desde entonces, en cinco años, participó en siete obras por un monto de US$ 1,224 millones, que lo coloca como segunda en importancia entre las firmas brasileras. De esos contratos lideró el de la autopista Línea Amarilla de Lima (US$ 571 millones - 2009), la Carretera Quilca – Matarani (US$ 210 millones - 2012), el Centro de Convenciones de Lima (US$ 185 millones – 2013), la Carretera Lima – Canta (US$ 116 millones– 2011) y el Hospital Lorena del Cusco (US$ 74 millones – 2013) y el Trasvase del Huascacocha – Rímac. Contaba también con una oficina de sobornos, llamada “La Contraloría”.
Su ex presidente, Leo Pinheiro y otros ejecutivos fueron enviados a la cárcel en Curitiba, por su participación en Lava Jato – Brasil. En su delación premiada en su país, el contador de la matriz de OAS, Roberto Trombeta, declaró que esa empresa extrajo US$ 6’150 mil de la obra Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, de agosto 2012 a febrero de 2013, mediante contratos ficticios. Con ese dinero, llevado después desde Brasil a Lima por cuatro contrabandistas o “doleiros”, entre 2012 y 2014, el operador Alberto Youssef habría pagado presuntos sobornos a funcionarios aun no identificados de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.
A fines de febrero de 2019, el diario O’Globo, de Sao Paulo, reveló que el ex gerente de la constructora brasileña OAS, Alexandre Portela Barbosa, había admitido ante el juez Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que la empresa también tenían un área que acopiaba fondos no contabilizados para pagos ilícitos, a cambio de obras públicas, en su país, en Perú y otros. Se llamaba “Contraloría de Proyectos Estructurados” que en total desvió unos US$ 120 millones para el pago de sobornos.
Barbosa, viajó a Lima en 33 oportunidades y detalló que en el Perú, la extracción de dinero se realizó entre los años 2010 y 2014, confirmando la confesión premiada anterior del contador de OAS, Roberto Trombeta sobre el desvío de US$ 6’150,000 del Proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, que OAS desarrollaba con la Municipalidad de Lima desde el año 2009. Para el desvío, el representante de OAS en el Perú, Leonardo Francassi Costa, firmó un contrato de consultoría técnica ficticio con la empresa chilena Andreu Ltda, representada por Juan Andreu Mata, mediante el cual OAS - LAMSAC transfirió US$ 6’150,000 a la empresa chilena, que a su vez remitió los fondos (US$ 5’996,250) a la empresa española DSC Workshop Obras, Construcciones e Promociones. Luego de transitar cuentas en Holanda y el principado de Andorra terminó en una cuenta del doleiro Youssef, en Suiza, desde donde fue a Brasil y luego, parte de la suma llegó a Perú para el presunto pago de sobornos.
Una investigación contable financiera de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanera – SUNAT, detectó contratos ficticios en la contabilidad del proyecto Línea Amarilla por cerca de S/32, unos US$ 9 millones, entre agosto del 2012 y marzo del 2013. La SUNAT denunció por delito tributario al gerente general de OAS en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro, y los ejecutivos Leonardo Fracasi Costa, Alfonso Agra de Víctor, Alexandre Alves de Mendoza, Clayton Goncávez Holanda, Fernanda Maima Mathia, Barros Goncalves Meneses, Zaida Salas Santa Cruz, entre otros. Sin embargo, aún no se sabe quiénes recibieron en Perú los pagos ilícitos en el Perú.
La fiscalía investigaba también los siguientes casos:
La supuesta coima por el 2.5% del valor de la ampliación del Hospital Lorena del Cusco.
La suma de US$ 1 millón pagado a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre, por la campaña del “no” de la alcaldesa Susana Villarán.
La probable coima por el By Pass de la avenida 28 de julio, de Lima.
La obra carretera Quilca-Matarani, adjudicada por Provías. Su valor referencial fue de S/. 505.2 millones de soles, pero al final costó S/. 553.2 millones.
La construcción del Centro de Convenciones de Lima. Su costo subió de S/. 454.9 millones a S/. 499.3 millones.
La habilitación de la carretera Lima-Canta, cuyo costo fue contratado por S/.319.2 millones, cuando el monto referencial fue de S/. 293.3 millones de soles.
Situación jurídica.
En enero de 2019, el ex presidente de la constructora OAS, Adelmário Pinheiro Filho, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Procuraduría General de Brasil. Pinheiro está actualmente detenido en Curitiba.
La empresa había decidido que solo después de que la justicia brasilera concediera ese beneficio, examinaría la opción de gestionar su colaboración eficaz con la justicia peruana. Hasta entonces, solo un ex ejecutivo de la empresa OAS, no identificado porque había solicitado un acuerdo de colaboración eficaz personal, estaba comprendido en el caso de la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente y otros funcionarios peruanos, por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. Esto, por la entrega de aportes de OAS, por US$ 1 millón y de Odebrecht, por US$ 3 millones, para la campaña publicitaria contra la revocatoria de Villarán, en el año 2013.
Tras la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, las cosas avanzaron con OAS.
El equipo Lava Jato y representantes de la constructora suscribieron el 14 de marzo de 2019, en Sao Paulo, Brasil, un acta de acogimiento a beneficios por colaboración, con miras a elaborar un acuerdo de colaboración eficaz sobre los delitos que la firma habría cometido en el país. Fue un gran paso de ampliación del Caso Lava Jato en el que intervinieron los fiscales Rafael Vela, Germán Juárez, José Domingo Pérez y Carlos Puma y el procurador ad hoc, Jorge Ramírez.
A nombre de OAS, firmaron el compromiso el actual presidente de la compañía, Josedir Barreto y cinco ex directivos cuyos nombres están bajo reserva. A la firma del compromiso preliminar, ellos habían absuelto los primeros interrogatorios de los fiscales encargados. El acta es corporativa, en un procedimiento similar al seguido con Odebrecht.
Las partes pactaron reunirse el 3 de abril para que OAS entregue más documentos e información sobre las investigaciones peruanas en las que está involucrada, como, por ejemplo, los aportes recibidos por la ex primera dama Nadine Heredia, su amiga Rocío Calderón Vinatea, el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio y los ex alcaldes de Lima, Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio.
CAMARGO CORREA
Llegó al país en 2002. Su primer representante fue Marcos de Moura Wanderley. En la operación “Castillo de arena”, en 2009, precursora de Lava Jato, la policía brasilera se incautó documentos de la empresa sobre sus presuntos pagos de sobornos. Entre ellos, halló una hoja de cálculo titulada: “Previsiones de propinas” para el tramo 4 de la Interoceánica Sur, en Perú, así como una relación de supuestas coimas al ex ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca (US$ 1 millón); al ex viceministro de Construcción y Saneamiento en la gestión de Garrido Lecca, Juan Sarmiento (US$ 300 mil); al ex titular del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, Guillermo León (US$ 1 millón) y a un ex funcionario de la misma empresa, Umberto Olcese (US$ 450 mil), vinculadas al contrato de ejecución de la obra de la planta de agua potable de Huachipa. No obstante, la justicia brasilera invalidó la prueba porque fue obtenida sin autorización legal. Descubierta su participación en Lava Jato, sus directivos y 40 ejecutivos se acogieron a la delación premiada, entre los cuales Dalton Avancini y Eduardo Leite, ya empezaron a confesar.
Sus negocios.
En Perú, desde 2004 a 2011, Camargo Correa participó en siete obras por un valor de US$ 987 millones, de las cuales las más importantes fueron cinco. Entre ellas lideró la construcción de la planta de agua potable de Huachipa, Lima (US$ 314 millones – 2008) y la irrigación Alto Piura (US$ 170 millones – 2010). Como asociada intervino en el tramo 4 de la Interoceánica Sur y en las carretas Llama-Cochabamba – Cajamarca y Chota -Bambamarca – Celendín.
Sobornos atribuidos a Camarco Correa
Además de la investigación por el proyecto de la planta de agua potable de Huachia, Camargo Correa, está comprometida en el presunto pago de soborno al expresidente Toledo, por el tramo 4 de la Interoceánica Sur, en el año 2005. El origen es un depósito hecho por una firma vinculada a Camargo Correa, en la cuenta de la empresa Trailbridge Ltda, de Joseph Maimann, amigo del ex mandatario.
Situación jurídica
El Ministerio Público indaga sobre la presunta coima descrita en el punto anterior, como parte del caso del soborno mayor confesado por Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la misma obra. No ha suscrito ningún convenio de colaboración con el Ministerio Público. Sus obras también están en evaluación penal por parte del Ministerio Público en busca de ilícitos penales con base en las 28 auditorías realizadas por la Contraloría.
ANDRADE GUTIÉRREZ ENGENHARIA S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ.
El ex presidente ejecutivo, Otávio Marques de Azevedo y doce ejecutivos también sufrieron carcelería en su país por el caso Lava Jato.
En enero del 2016, la empresa firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia de su país. En mayo, empezó a pagar una multa de US$ 285 millones al fisco y dio disculpas públicas por su participación en el caso Lava Jato.
Esta empresa llegó a Perú en 2003 y desde el siguiente año al 2014 participó, principalmente a través de consorcios, en nueve contratos con el Estado por valor de US$ 1,199 millones, de los cuales los más importantes, por su costo, fueron cinco. AG lideró los contratos del túnel Néstor Gambetta (US$ 278 millones – 2014), la Carretera Transoceánica Norte (US$ 258 millones – 2005), el tramo 4 de la Transoceánica Sur (US$ 244 millones – 2012), la Carretera Huaura – Churín (US$ 201 millones – 2012) y la avenida Néstor Gambetta, Callao (US$ 126 millones – 2010)
Sobornos atribuidos a Andrade Gutiérrez
No hay investigaciones específicas aún sobre pago de coimas por parte de esta empresa. Pero, a principios de 2017, la Contraloría entregó al Ministerio Público 28 auditorías a obras realizadas por las cinco “brasileras”, con reparos de perjuicio económico al estado en sus ejecuciones. Respecto al tramo 4 de la Transoceánica Sur, cuyo consorcio ejecutor lideró, la Contraloría halló un perjuicio económico al Estado por US$ 37 millones y S/. 1’600 mil, por sobrecostos injustificados aprobados durante los gobiernos de Toledo y Alan García. No obstante, La fiscalía no ha determinado aún la existencia de ilícitos penales.
Situación Jurídica
El primer juzgado penal resolvió en marzo del 2018, que las empresas Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y las supervisoras, pagarán hasta S/. 80 millones de reparación civil, en caso de que sean declaradas culpables, en el proceso por el delito de colusión abierto contra funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Las empresas habrían recibido 14 pagos irregulares, para la ejecución de la avenida Néstor Gambetta con un perjuicio económico de S/.55 millones al Estado. El Ministerio Público, evalúa otros ilícitos penales en las auditorías a sus demás obras.
QUEIROZ GALVAO
En el caso Lava Jato Brasil, el ex presidente de esta empresa, Colares Filho y su exdirector, Othon Zanoide de Moraes están procesados con prohibición de salir de su país y con grilletes electrónicos, por los delitos de lavado de dinero, corrupción, organización criminal y obstrucción de la justicia.
Entre 2005 y 2014, esta empresa participó, siempre en consorcio, en ocho obras de infraestructura por un monto de US$ 1,019 millones, de las cuales las más importantes, por su monto, fueron cinco: como asociada intervino en el Túnel de la Av. Gambetta, el tramo 4 de la Transoceánica Sur, la Av. Gambetta y como líder, en las carreteras Llama - Cochabamba (US$ 99 millones – 2010) y Chota – Bambamarca – Gualgayoc (US$ 89 millones – 2011).
Situación jurídica.
La ejecución de sus obras está bajo evaluación judicial desde el inicio del año 2017, sobre la base de las 28 auditorías de la Contraloría.
EL CÁRTEL PERUANO DE LA CONSTRUCCIÓN.
Para asegurar su éxito, las constructoras brasileras indujeron en los países penetrados procedimientos similares a los que usaban en Brasil para sus negocios corruptos, con algunas variantes.
En el Perú formaron un cártel que ha sido bautizado como el “Club de la Construcción”. Formaron también redes particulares de acceso a lo más alto del poder, para conseguir contratos importantes. Además de las brasileras, en el cártel peruano participaban unas 30 empresas nacionales. Los representantes del grupo, en colusión con funcionarios del gobierno se distribuían los contratos de obras, mediante concursos amañados, en particular los licitados por la agencia estatal Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. Asignaban el 10% del costo de cada obra para sobornos, monto que después cargaban al estado mediante adendas de sobrecostos.
El 16 de marzo de 2016, el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuzcynski denunció públicamente la existencia de este “club”, calificándolo como el verdadero Lava Jato Peruano, pero ninguna autoridad lo atendió. Recién a mediados de 2017, por la delación de un colaborador eficaz, el equipo fiscal especial del caso Lava Jato - Perú empezó a investigar el caso. El diario brasilero, Folha de Sao Paulo ha dicho que el delator es Edwin Luyo Barrientos, presunto receptor de parte de la coima pagada por Odebrecht por la obra del tramo 1 del Tren Eléctrico de Lima.
Al empezar, la pesquisa comprendió a 14 empresarios, cuatro lobistas, 15 empresas, entre ellas las brasileras OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, 35 funcionarios de Provias y el examen de 45 contratos por un valor de más de S/. 10,000 millones, realizados entre 2011 y 2014. La Fiscalía Anticorrupción allanó 43 viviendas y oficinas en las que se incautó gran cantidad de documentos y envió a prisión preventiva, únicamente al exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar. Se dieron a la fuga, Rodolfo Prialé de la Peña y sus socios Guillermo Reynoso Medina y Luis Prevoo Neyra, así como Elard Alejandro Tejeda Moscoso. El empresario Félix Málaga Torres, es investigado bajo libertad vigilada. (Constructora Málaga Hermanos).
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