RECORDANDO SIN IRA
CERCO, CAPTURA Y SUICIDIO DE ALAN
GARCÍA PÉREZ, A MANOS DE
ODEBRECHT
SEGUNDA PARTE
ELMER OLORTEGUI
El ex presidente Alan García, conversa con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata (centro)
en una reunión social, durante la visita del corrupto CEO brasilero a Lima.
Años después, le clavarían una artera y letal puñalada judicial.
en una reunión social, durante la visita del corrupto CEO brasilero a Lima.
Años después, le clavarían una artera y letal puñalada judicial.
(…) LAS ÚLTIMAS HORAS DEL LÍDER
En
Twitter, el ex presidente García había anunciado que no se iba a
pronunciar sobre las revelaciones del ILD- Reporteros, respecto
a la delación de pagos de sobornos por parte de Odebrecht hasta
después de que Nava respondiese ante la fiscalía y de que Jorge
Barata declarase en Brasil. Estrategia
correcta, puesto que su nombre no aparecía aún por ningún lado,
aunque la sospecha pública era inmensa.
Sin
embargo,
el martes 16 de abril no se contuvo más y escribió en la mañana en
la red social:
“Como
en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me
alcanza sólo les queda la especulación o inventar intermediarios.
Jamás me vendí y está probado”.
En
medio de rumores sobre una
supuesta
gestión del
fiscal Pérez Gómez, de la
coerción de prisión
preliminar contra García, Nava y Atala, AGP
empezó a defenderse
en radio y televisión. A
media mañana concedió una entrevista en vivo a la periodista
Angélica Valdez, de Canal N, resaltando que hasta el momento no
existía ningún testimonio ni documento que lo incriminara
penalmente y que el fiscal estaba haciendo en su contra conjeturas y
deducciones sin ningún fundamento válido.
Después
de esa entrevista, al mediodía,
AGP se reunió con su abogado Erasmo Reyes Alcántara y trataron
sobre su proceso y una diligencia a la que tenían que asistir al día
siguiente en una fiscalía provincial donde debía dar su declaración
por una querella que interpusieron en su contra.
Reyna
recordó, después de la tragedia, que sobre la eventualidad de una
orden de allanamiento y detención, AGP le dijo:
“No
voy a permitir que me exhiban como un trofeo. Nunca me van a ver
enmarrocado ni con un chaleco de detenido de la Policía. Yo he sido
electo dos veces presidente. ¡No lo voy a permitir de ninguna
manera! ¡Que lo sepan!” El
ex presidente ya había tomado su decisión.
Reyna
percibió que estaba determinado
por completo
a no ir a la cárcel, pero no le
pregunto qué tenía planeado hacer para cumplir su consigna
personal. ¿Por qué? Solo declaró que no observó
alguna anomalía en su conducta, pues cuando se especulaba sobre su
detención, solo se enfurecía. No se deprimía. Hablaron también
sobre el viaje de los fiscales a Brasil y de las últimas acciones
ante el fiscal Pérez y escritos presentados al juez Sánchez
Balbuena. “No se le veía abatido, no se le veía en una situación
emocionalmente preocupante. Yo hablé con él y estaba sumamente
tranquilo", recordó Reyna.
En
la tarde del martes, recibió en su oficina del Instituto de Gobierno
y Gestión Pública a su amigo y abogado Ricardo Pinedo Caldas. Le
dijo que a las 6:30 de la tarde iba a dar una entrevista en vivo
a Carlos Villarreal, de
Radioprogramas del Perú.
Pinedo le contó que casi a la misma hora él
iría
a la misma emisora invitado por Patricia del Río a su programa en la
plataforma de televisión. Se pusieron de acuerdo sobre lo que iban a
decir, reforzando algunos puntos. Tomaron café y AGP fumó como
siempre un cigarrillo Kent, que luego de dos pitadas lo rompió,
según su costumbre, para que no le hiciera daño. ¿Qué daño podía
causarle el cigarrillo ante la determinación que ya había tomado?
Al
caer la tarde, en su oficina del Instituto de Gobierno y Gestión
Pública dio su última, larga, premonitoria entrevista a Carlos
Villarreal Huayanay,
en la que puso énfasis en su futuro. Le dijo al periodista que era
probable que esa sería su última entrevista en libertad, pero que
por sobre todas las cosas confiaba en la historia:
“Soy
cristiano, creo en la vida después de la muerte. Creo en la
historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la
historia de Perú”.
Después,
bajó a dictar una clase y al concluirla, se despidió formalmente de
sus 37 alumnos de la Maestría de Gobierno y Gestión Pública.
―Bueno,
queridos estudiantes, hemos terminado hoy día. No sé cuándo nos
volveremos a ver. Parece que quieren detenerme, mil disculpas por
eso. Si ocurre, designarán a otro profesor. Nos volveremos a ver...
claro, si es que no me sucede nada―
, les dijo, a sabiendas de que si, en efecto, iba a suceder.
Sus
alumnos respondieron al unísono.
―¡Nooo!
No, presidente, no diga eso―.
Esa
noche también, los del semanario
Caretas recibieron
la confirmación de que el juez Sánchez Balbuena, estaba evaluando
la solicitud de la detención de AGP. Por eso decidieron adelantar la
publicación de la portada de su
edición al miércoles 17, remarcando sobre
una gran fotografía que AGP
estaba “en capilla”. No es aventurado deducir que García pudo
recibir la misma información antes de acostarse al lado de su
revolver Colt 38 abastecido con el que terminaría definitivamente
sus problemas.
En
su edición del día siguiente de la tragedia, el diario La
República
especuló que es muy probable que, durante la última entrevista,
doce horas antes de su suicidio, el expresidente ya había decidido
que jamás iría preso a costa de su propia vida. Así mismo, otro
dato que abona esa especulación es
que García estaba al tanto del pedido fiscal de su detención.
Equipo judicial perseguidor de AGP en los casos de sobornos de Odebrecht por el tren eléctrico y la transoceánica del sur ; arriba: Fiscal superior Rafael Vela Barba y fiscal José Pérez Gómez. Abajo: juez Juan Sánchez Balbuena.
EL
CERCO DE MEDIANOCHE
El
juez Juan
Sánchez Balbuena,
libró
su resolución N°2, poco antes de medianoche del 16 de abril de 2019
autorizando la detención
preliminar por 10 días y allanamiento con desherraje de 8
residencias,
contra
AGP,
Enrique
Cornejo Ramírez,
Luis
Nava Guibert
y su hijo José
Antonio Nava Mendiola,
Miguel
Atala
Herrera y
su hijo Samir
Atala Nemi,
Oswaldo
Plasencia Contreras,
Jorge
Menacho
y
Raúl Antonio Torres Trujillo.
Total,
nueve sospechosos de los presuntos delitos de Lavado
de Activos, Colusión, Cohecho, Negociación Incompatible y Tráfico
de Influencias.
Las
imputaciones judiciales concretas contra AGP eran las siguientes:
Presunto
autor del delito de colusión
agravada,
en organización criminal y durante su segundo mandato 2006 - 2011,
en coautoría con Jorge Barata de Odebrecht, para favorecer a esta
proveedora, a cambio de sobornos, con la obra de la carretera
transoceánica
del sur,
tramos 2 y 3, así como con la adjudicación y ejecución de los
tramos 1 y 2 de la línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, mediante
facilidades administrativas excepcionales, autorización de
sobrecostos, incurriendo en defraudación al Estado.
Presunto
autor de lavado
de activos,
en las modalidades de conversión, transferencia, tenencia y
ocultamiento, por:
Haber
recibido US$ 100 mil del estudio legal brasilero Spinola, para
ocultar que el dinero procedía del Departamento de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht, en el contexto del pacto colusorio
previo, vinculado al Tren Eléctrico.
Por,
supuestamente, recibir dinero ilícito procedente de Odebrecht vía
sus allegados i) Luis
Nava Guibert,
durante el periodo 2006 - 2008, por un monto de US$ 4’084,184.62.
ii) Miguel
Atala Herrera y
Samir Atala Nemi, por
la
suma
de US$ 1’312,000.00, vía
el Banco Privado de Andorra.
iii)
José
Antonio Nava Mendiola, hijo
de Luis Nava, por la suma de US$ 471,302.00, el año 2010.
El
ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique
Cornejo Ramìrez, es
presunto autor de los delitos de:
Colusión
agravada, respecto
a los
tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico y facilitar su ejecución, mediante
un marco legal exclusivo
para
ese fin; de
Lavado
de activos,
en las mismas condiciones que AGP y de
Cohecho
pasivo propio, porque
en el segundo semestre de 2010 habría recibido de parte de Carlos
Nostre,
de Odebrecht, la suma de US$ 15,000 y dos televisores valorizados en
S/.17, 998.00.
El
ex secretario general de la presidencia de la república, Luis
Nava Guibert, es
presunto autor de los delitos de:
Colusión
agravada, en
los contratos del Tren Eléctrico, de,
Lavado
de activos,
por haber recibido, como “Chalán”, pagos con dinero ilícito de
la Caja 2 de Odebrecht, directamente por US$ 4’084,184.62 y de US$
1’312,000.00, via el Banco Privado de Andorra, en la cuenta
cifrada de su amigo Miguel
Atala Herrera. Este
dinero lo habría beneficiado a él, a AGP y a otros investigados.
El
ex vicepresidente de Petroperú, Miguel
Atala Herrera y
su hijo Samir
Atala Nemi, son
presuntos autores de:
Lavado
de activos,
como testaferros, para recibir en la cuenta del Banco Privado de
Andorra, la suma de US$ 1’312,000.00 que, finalmente, eran para
“Chalán” Luis
Nava
y presumiblemente AGP, a cuenta de las obras de la Interoceánica
del Sur y del Tren Eléctrico.
El
hijo de “Chalán” Nava, José
Antonio Nava Mendiola es
presunto autor del delito de,
Lavado
de activos, por haber recibido en el año 2010 de parte de la
Caja 2 de Odebrecht la suma de US$ 471,302.00, como parte del
soborno por el Tren Eléctrico, en condición de testaferro de AGP y
otros.
El
ex secretario general del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
Jorge
Luis Menacho Pérez,
es presunto
autor del delito de:
Colusión
agravada, como
cómplice de su jefe, el ministro
Enrique Cornejo para la selección y nombramiento de comités
especiales de las licitaciones del Tren Eléctrico, a fin de que
actuasen en favor de Odebrecht.
El
ex presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - AATE,
Oswaldo
Duber Plascencia Contreras es
presunto autor del delito de:
Colusión
agravada, como cómplice de AGP, del ministro Enrique Cornejo y
como presidente de la AATE, para adjudicar los contratos de obra del
Tren a Odebrecht y facilitar su ejecución.
El
ex director ejecutivo de Provías Nacional, Raúl
Antonio Torres Trujillo es
presunto autor también de:
Colusión
agravada, porque
desde su cargo ayudó a implementar el marco jurídico excepcional
dispuesto por AGP y Enrique Cornejo.
CONTINUA
POLÍTICA CORRUPTA DE ODEBRECHT
La
lectura de la orden del juez Sánchez Balbuena, muestra que, según
los documentos entregados por Odebrecht, los pagos de supuestos
sobornos a AGP y a otros por la obra de la transoceánica
sur,
fueron la continuación de la gran coima pagada por la misma empresa
al expresidente Alejandro Toledo.
Sobre
la coima por el Tren Eléctrico, los documentos de Odebrecht,
corroboraban y ampliaban la confesión previa de Carlos
Nostre Junior,
acerca de que, sobre el total del soborno establecido en US$ 24
millones, él había ordenado el pago de US$ 10 millones a un grupo
de “funcionales” liderado por el viceministro Jorge Cuba Hidalgo
y que el resto, US$14 millones corrió a cargo de Jorge Barata.
Miguel Atala Herrera (Izq) y Luis Nava Gibert (Der.)
Esta
versión había sido confirmada por otros tres colaboradores
eficaces, ex ejecutivos de Odebrecht, por lo que la participación de
los Nava y los Atala, como intermediarios del tramo de la coima a
cargo de Barata, encajaba como anillo al dedo. Los colaboradores
eficaces Nº 01-2018-01 y 01-2018-02, aportaron elementos de
convicción sobre el acuerdo colusorio de origen entre AGP y Barata y
su ejecución por intermedio del entonces ministro Enrique Cornejo y
los otros implicados.
Con
todos estos elementos de juicio, el juez Sánchez Balbuena firmó la
resolución para la redada a eso de las 23:30 del martes 16 de abril
de 2019 y al entregársela le deseó buena suerte al fiscal José
Pérez Gómez. Entonces, la muerte desplegó su guadaña rumbo a
Miraflores.
DOBLAN
LAS CAMPANAS
Una
vez en
su oficina del piso cuatro de la sede del Equipo Especial Lava Jato,
en el número 262 del Jirón Miro Quesada, en el centro de la ciudad,
casi
a las 00 horas del miércoles
de ceniza, 17 de abril, el fiscal
Pérez Gómez,
acompañado de uno de sus cuatro adjuntos, Henry
Amenábar Almonte,
informó a los responsables del destacamento de apoyo de detectives
de la División de Delitos de Alta Complejidad – DIVIAC, que el
juez
Sánchez Balbuena, había
autorizado la detención preliminar por diez días, contra AGP y
otros ocho investigados.
Les
pidió que, con sumo
cuidado,
para evitar filtraciones de los amigos internos informadores del
expresidente, organizaran el operativo correspondiente, sin dar
cuenta aún a sus superiores y lo ejecutaran a partir de las 5:30 de
la mañana.
En
este extremo de este artículo y a pocas horas del desastre, se
impone la siguiente pregunta, deduciendo que uno o más miembros de
la comisión política del Apra conocieron los aprestos de la
fiscalía Lava Jato, ¿por qué no organizaron alguna acción de
contención o de amortiguamiento de la detención para evitar la
opción del suicidio de su líder? Que se sepa, nadie movió un dedo
como si lo hicieron para ayudarle a entrar a la residencia de l
embajada de Uruguay.
Después
de solo tratar de dormir, aproximadamente a las 6:14 horas, el fiscal
Amenábar
Almonte
y seis detectives llegaron al domicilio del AGP, premunidos de una
escalera, una pata de cabra, una comba y un ariete metálico, la
palafernaria habitual con la que entrarían en acción si los de
adentro se negaban a abrir la puerta. A esa misma hora, otros
equipos iban por los demás incluidos en la orden de detención y
allanamiento. Desde su despacho, en Surco, el jefe de la DIVIAC,
coronel Harvey Colchado, dirigía la operación. Años
después, Colchado
revelaría a
la prensa, que sabía que AGP tenía legalmente al menos dos armas de
fuego, aunque ignoraba si las usaba. Además, tenía personal de
seguridad dentro de su casa, en la que había un ambiente donde
dormían cuatro policías, a cargo de un comandante. Era peligroso
intentar alguna acción de fuerza no coordinada.
LA
INTERVENCIÓN FISCAL
El
fiscal Amenábar tocó la puerta de la residencia de AGP, siendo grabado por un equipo televisivo de América Televisión que llegó al lugar casi junto con la fuerza interventora. Por el interfono le
pidieron que se identifique. Lo hizo y le abrió la puerta la
empleada doméstica Ana Verástegui. Una versión dice que Amenábar le dijo que
venían a allanar la residencia. Nada más, con la finalidad de
evitar problemas para ingresar. Mientras un policía registraba ese
momento en video, la doméstica se fue a consultar a AGP, quien habría dicho que los dejara entrar, mientras él se comunicaba con
su secretario privado Ricardo
Pinedo,
sobre el allanamiento.
Abrió la puerta principal una segunda trabajadora del hogar, Elia Huamán, Antes
de entrar a la sala dos detectives se desplazaron por los jardines de
los costados de la vivienda para evitar una posible fuga, según su
plan y dadas las habilidades de AGP.
Cuando
el equipo se encontraba en la sala, la joven doméstica le dijo al
fiscal: “Ahorita baja el señor Alan García”.
En
efecto, el ex presidente bajó entonces hasta la mitad de la
escalinata principal de la residencia, mientras el policía
camarógrafo grababa la secuencia. El fiscal Amenábar le solicitó
acercarse para ejecutar el procedimiento.
―¿Qué
tipo de procedimiento; es una orden de allanamiento y detención ?―,
le preguntó el ex presidente.
Amenábar
le dijo que si, que venían a detenerlo, así como a allanar la casa
y le pidió de nuevo que se acercara.
García
Pérez pareció sorprenderse. Le respondió que llamaría a su
abogado y rápidamente giró hacia su derecha y sacando algo del bolsillo de su pantalón subió a grandes trancos al segundo piso. El video sin audio que, lógicamente la policía entregó a la prensa, muestra esta secuencia y permite ver durante un segundo que al subir, AGP ya tenía en su mano derecha su revólver Colt, su pasaje para irse al más allá.
El
entonces ministro del interior, Carlos Morán, contó a la prensa a
eso de las 9:30 horas de esa luctuosa mañana, que cuando AGP empezó
a subir, detrás de
él corrieron
los
policías. La cámara policial logró captar el instante en que AGP
entraba a su dormitorio y cerró la puerta por dentro antes de que
los agentes lo alcanzaran.
Amenábar
y los detectives le exigieron que abriera. Desde adentro, el ex
presidente respondió que no se preocuparan pues solo iba a llamar a
su abogado.
Entonces,
cuando los de afuera intentaban forzar la puerta escucharon la
detonación.
Se
presume que tras terminar de hablar por teléfono, el ex presidente
sacó su arma del cajón de su velador de madera y, estando de pie,
de espaldas a la pared se disparó en la sien
derecha,
cayendo al piso, como
fulminado.
Los
policías se apartaron de la puerta creyendo que podrían estar
disparando contra ellos y sacaron sus armas.
Luego
de unos instantes, intentaron entrar nuevamente, pero al fracasar uno
del personal de la casa les dijo que mejor podían hacerlo por el
balcón de la habitación.
Así
lo hicieron y hallaron al expresidente, sentado en el piso, de
espaldas hacia la pared junto a su lecho, con la cabeza y parte del
torso ensangrentado, producto de un balazo en la cabeza,
a “boca tocante”, o sea con la boca del cañón sobre el cuero
cabelludo, con orificio de entrada y salida. Al lado estaba su
revolver Colt 38, percutado, el regalo de la Marina de Guerra. Pero,
extraordinariamente, aunque tenuemente, aún respiraba.
Todo esto fue
grabado por la cámara policial y forma parte del expediente
policial, hoy
en poder de la fiscalía.
Tras
comprobar que respiraba, el grupo interventor usó una frazada como
camilla provisional y trasladaron al herido a un vehículo del propio
suicida, una camioneta suburbana de color guinda, de placa B8J-166
con lunas oscurecidas que se encontraba en dentro de la casa.
Conducido
por uno de los policías que custodiaba al ex presidente. Partió
raudo llevando a bordo al
mayor PNP, Eddy Ordinola
Castillo, de la DIVIAC,
como resguardo directo. Detrás
siguió el coronel Harvey Colchado que había llegado cuando el
vehículo emprendía la marcha hacia el Hospital de Emergencias.
El
ministro del Interior, Carlos Morán narró a la prensa:
“Inmediatamente, sin perder tiempo la policía procedió a
trasladarlo al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, de Miraflores.
Se suspendió la diligencia”.
“El
herido fue ingresado por Emergencia a las 6:40 horas. Lo recibió el
doctor, Luis
Honorio Herrera Quispe”,
anotó en su parte reglamentario, el suboficial de la policía
Enrique
Córdova Gutiérrez,
de guardia en emergencia del Casimiro Ulloa
En
la escala de 3 a 15, en la que 3 el paciente ya no responde y 15 si
responde plenamente, el ex presidente estaba en el grado 5, es decir
moribundo grave.
Le
hicieron un examen de traumashock y luego una tomografía, con los
cuales los médicos decidieron a las 7:16 horas operarle el cerebro
por lo menos para detener la hinchazón debido a la hemorragia y a su
inflamación total.
Dos
neurocirujanos, uno del Hospital Dos de Mayo y otro del Instituto de
Ciencias Neurológicas fueron llamados para ayudar.
Abrieron
el cráneo para facilitar que la masa cerebral se expandiera por la
hinchazón, porque su compresión es lo peor.
El
objetivo era evitar que la inflamación
llegara a la médula espinal y provocara un paro cardíaco.
Pero
no lo lograron, porque la hinchazon
era indetenible por el terrible daño causado por el proyectil.
Desde
el hospital, a las 8:52 horas, la
ministra de Salud, Zulema Tomas, informó que, desde su
internamiento, el expresidente había soportado tres paros cardiacos
en la Unidad de Cuidados Intensivos y que su situación era muy
crítica.
A
esa misma hora, mientras AGP se debatía entre la vida y la muerte,
Erasmo
Reyna,
su abogado entró a la sala de la residencia y reconvino al fiscal
Amenábar por haber infringido las normas del procedimiento.
Después
de consultar con sus superiores, el fiscal Amenábar siguió con el allanamiento que se prolongó hasta casi la medianoche. El fiscal de Miraflores, Guillermo Peñaloza y los detectives de homicidios y criminalística concluyeron poco antes de las 11 de la mañana. Se incautaron el revólver, el casquillo percutado y la bala mortal, la que traspasando la cabeza de AGP impactó en la pared de la parte posterior de la cama y rebotó hasta ir a dar cerca del velador del lado izquierdo. También tomaron muestras de la sangre derramada en el piso.
Wilber
Medina, otro abogado y militante aprista, dio su particular versión al diario
La Razón, el 18 de setiembre
de 2025.
“Cuando
fuimos a recoger la ropa del expresidente, plan de 11 de la mañana,
encontramos la casa que parecía un Starbucks. Toda la Diviac (la
fuerza de intervención) estaba sentada, se estaban comiendo toda la
despensa, tomando café, creo que incluso habían pedido un delivery.
Obviamente con un grito los paramos y les dijimos que se tenían que
ir porque al haber fallecido el presidente García toda la acción se
había extinguido y por lo tanto carecía de objeto el allanamiento.
Ahí entramos en una riña, unos forcejeos, nos levantamos la voz
mutuamente y luego nos calmamos y ellos entraron en razón y algunos
se retiraron y por lo menos los que se quedaron todavía registrando
el domicilio, lo hacían, pero ya con la discreción y el protocolo
que existe”.
Durante
las trágicas siguientes dos horas luego de que AGP se perforara la
cabeza, la
maquinaria de la justicia siguió implacablemente los procedimientos
contra otros procesados en el Caso Lava Jato, como el ex presidente
Kuzcynski, a cuya vista asistió el fiscal Pérez.
EL
EX PRESIDENTE HA MUERTO
Mientras
tanto, en el Hospital Casimiro Ulloa, los
médicos finalmente declararon muerto al ex presidente García Pérez,
a las 10:05 horas, a causa de “Hemorragia
cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro respiratorio”.
Luego del informe oficial del deceso, un equipo médico del mismo hospital realizó la autopsia de ley a los restos de AGP, a pedido expreso de sus familiares para que no trasladaran su cuerpo hasta la morgue de Lima.
Le hicieron la prueba de absorción atómica para corroborar que se había disparado; compararon el ADN de la sangre recogida en la escena del crimen con la extraída del cadáver y verificaron sus huellas digitales con las registradas en la Reniec, todo lo cual convalidó su identidad y las causas de su muerte.
Cerca
de las 10:30 horas, Erasmo Reyna, abogado del occiso, emplazó
nuevamente al fiscal Amenábar.
―Estamos
en público conocimiento de que el ex presidente ha fallecido en una
circunstancia que tendrá que investigarse. Han venido fiscales de
criminalística, homicidios, ha venido el fiscal que está arriba y
es lo que corresponde. Estamos en el escenario de un crimen ―.
El
fiscal Amenábar lo corrigió:
―El
homicidio no se está siguiendo aquí―.
Reyna
insistió.
―Estamos
en un escenario que tiene que investigarse. El fallecido es el dueño
de la casa, de quien yo era su abogado―
.
―¿Ya
no es su abogado actualmente? ―
―Oiga,
¿cómo puedo ser abogado de un fallecido? Ninguno de nosotros puede
ejercer la defensa de un muerto ―.
Después llegó el abogado Ricardo Pinedo, quien intentó echar del lugar a las autoridades, arguyendo que la muerte de AGP liquidaba todo el procedimiento y que debía preparar la casa para el velorio. Los fiscales y la policía reaccionaron con fuerza ante su incursión y lo desalojaron bajo amenaza de detenerlo por obstruir a la justicia. Tuvo que irse.
¿HONOR
O FUGA?
En
el suicidio de AGP, advertí en un primer momento algo,
un rasgo, una triza, una brisna del viejo, muy trágico y
estremecedor ritual japonés del Sepukko,
o suicidio por honor. Pero, como en nuestra enclenque sociedad no
existe el suicidio ritual que borra toda culpa, concluí
que lo
concreto es que lo hizo para fugar, para evadir la
investigación criminal en curso en
su contra y
su consiguiente juzgamiento y condena.
Pudo
evadirse de lo mismo con
éxito durante el primer fujimorsimo usando el mecanismo del asilo
político que
le otorgó el
Gobierno Colombiano y el posterior facilitado por el Gobierno de
Francia, por un periodo tal que le permitió después, invocar no su
inocencia, sino la prescripción de los supuestos delitos de gran
corrupción, para
retornar con éxito a la política nacional.
Como
había fracasado en
su
intento de reeditar el asilo político, como vía de fuga por todo lo
alto, a
través de la
embajada de Uruguay en Lima, dedujo que la opción más segura de
escape
era el vacío de la muerte.
La
información judicial entonces disponible apuntaba
a que su auto eliminación fue una admisión pública de culpa y un
canje de su condena por su propia vida.
En
este último aspecto encuentro algún valor y significado de su
trágica decisión. Si todos los corruptos a punto de ser
desenmascarados hicieran lo mismo, sería beneficioso para la
sociedad y el estado.
En
esa línea, pudiera
pensarse que su tragedia fue
una valiosa lección para todos los del Caso Lava Jato y otros
episodios
de
gran corrupción como los Cuellos Blancos del Puerto, los Temerarios
del Crimen, los dinámicos del Centro, los waikys en la sombra, etc.
etc.
Pero,
no. No fue ninguna lección para
los grandes corruptos corruptos,
dado el auge de ese
tipo de crimen que
aplasta a nuestra desvalida sociedad que ni siquiera puede juzgar
bien y a tiempo a sus desvalijadores de cuello y corbata.
García
habría
llegado a la
convicción de que el mejor camino era matarse cuando sus informantes
le dijeron que Odebrecht, por diferentes vías, iba a revelar que le
había pagado coimas por lo de la transoceánica
sur,
el tren
eléctrico
y otros casos.
Eso
implicaba unos tres años de padecimiento judicial que, recordando la
carcelería
de su padre, decidió que no estaba dispuesto a soportar, aunque su
auto eliminación como acto político - judicial lo pusiera
en la historia de modo negativo.
Políticamente,
dejó a su partido y a sus creyentes que construyeran versiones de su
inocencia o culpabilidad imposibles de probar.
Judicialmente,
derivaría en una admisión pública de culpa y una auto condena
anticipada. Así que no hubo heroicidad, inmolación ni bravura en su
suicidio.
Solo
una firme voluntad de escapar al escarnio
de los humanos, como eso de verse expuesto con las manos esposadas
ante la prensa, o con el consabido chaleco con la inscripción
“Detenido”, tal como había ocurrido con el ex presidente Ollanta
Humala y con Keiko Fujimori, jefa del keikismo.
No
obstante, como el proceso va a seguir contra sus presuntos cómplices,
la verdad se sabrá de todos modos, pero
estoy seguro de que eso no hará mella a la legión de corruptos
que como sanguijuelas atacan impunemente a la sociedad de los
peruanos.
....Sigue la Parte Tres







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