sábado, 27 de septiembre de 2025

 SUSANA VILLARÁN: ANATOMÍA DE
UN CRIMEN DE CORRUPCIÓN
Susana Villarán y Jorge Barata, uno de sus principales cómplices

Sobre el juicio oral a Susana Villarán por sus presuntos crímenes cometidos durante el ejercicio como alcaldesa de Lima, este es un resumen que espero sirva a quien lo lea para enterarse de los detalles del avance del farragoso proceso.
Una de las novedades que he encontrado en los reportes de los medios es que el fiscal José Pérez está seguro de que el redomado corrupto Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, declarará en el juicio para ratificar las entregas de dinero de su corrompida empresa a la supuesta organización criminal de Villarán en la MML, a cambio del jugoso negocio de la concesión de los peajes de Lima.
Barata fue el que “echó” a la Villarán en sus declaraciones ante el fiscal Pérez Gómez, el 23 de abril de 2019, en sus extensas declaraciones en Curitiba, Brasil, días después del suicidio de Alan García Pérez.
En esa oportunidad explicó más o menos que, por la concesión de los peajes del proyecto ‘Rutas de Lima’, la Caja 2 de Odebrecht desembolsó siete pagos ilícitos entre marzo y noviembre de 2014, por US$ 1’0 78, 158 a cinco beneficiarios finales: con el codinome ‘Careca’ (por su parecido al técnico argentino), la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, recibió US$ 500 mil, a través de la compañía PEL - Project Engineering & Logistic, el 28 de agosto de 2014.
José Miguel Castro con el codinome ‘Budian’, recibió US$ 350 mil para la campaña contra la revocatoria. El dinero fue entregado con retraso en plena campaña de reelección de Villarán para la Alcadía de Lima.
El codinome ‘Sexta-feira’ o ‘Viernes’, fue una caja ilegal para pagos por la campaña de Villarán, uno vinculado al publicista Valdemir Garreta.
Barata declaró que no recordaba a quien pertenece el codinome ‘JLO’, que recibió un pago por US$ 10,526 dólares en junio de 2014.
‘Bigode’ o Bigote y ‘Cabelo Boneca’ o Cabello de Muñeca, fueron alias de Martín Bustamante, ex funcionario de la gestión de Luis Castañeda, quien recibió 3 pagos clandestinos entre marzo y mayo de 2014, por US$ 112, 369, para financiar la campaña de Castañeda Lossio a la Alcaldía de Lima, que terminó el 5 de octubre de 2014. Barata dejó en claro que los pagos fueron hechos en efectivo, manejados directamente por Raúl Ribeiro.
Bien, he aquí un resumen sinóptico de la acusación contra Villarán y su maffia.
ESTRUCTURA DE LA ACUSACIÓN
Los hechos que configuran ilícitos penales, imputados a Susana Villarán y otros:
BLOQUE 1
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Hecho
1. Formación de una organización criminal
BLOQUE 2
ACTOS PREVIOS DE CORRUPCIÓN
Hechos:
2. Concertación entre funcionarios municipales y representantes de Odebrecht
3. Concertación entre funcionarios municipales y representantes de Rutas de Lima (Odebrecht)
4. Concertación entre funcionarios municipales y representantes de OAS para la adenda 1 de Línea Amarilla
5. Concertación entre funcionarios municipales y representantes de Graña y Montero
BLOQUE 3
LAVADO DE DINERO
Hechos
6. Lavado de US$ 3 millones de Odebrecht durante la campaña contra la revocatoria (2013)
7. Lavado de US$ US$ 1 millón 193 mil de Odebrecht durante la campaña de reelección (2014)
8. Lavado de US$ 3 millones de OAS durante la campaña contra la Revocatoria
9. Lavado de US$ 4 millones de OAS durante la campaña de reelección
10. Lavado de US$ 100 mil de la concesionaria Vía Expresa Sur (Graña y Montero) durante campaña contra la revocatoria
BLOQUE 4
FALSA DECLARACIÓN
Hechos
11. Alteración intencional de información entregada a las autoridades sobre la campaña contra la revocatoria
12. Falsa declaración o alteración intencional de información entregada sobre la campaña de reelección.
ACUSACIÓN
Delito de Colusión
Acuerdos previos para que la organización criminal de la Villarán recibiera sobornos para financiar la campaña contra su revocatoria y su reelección, a cambio del contrato favorable a Odebrecht para la concesión de Rutas de Lima o Vías Nuevas de Lima; la ampliación a 40 años de la concesión a OAS del proyecto Línea Amarilla y la entrega del contrato de la Vía Expresa Sur a Graña y Montero.
Delitos de Lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración.
• OAS entregó US$ 7 millones (3 millones para la contra revocatoria, el 2013 y 4 millones para la campaña de reelección del 2014)
• Odebrecht dio US$ 4.1 millones (3 millones para el 2013 y 1.1 millón para el 2014)
• Graña y Montero aportó US$ 200 mil (2013)
• TOTAL: US$ 11.3 millones.
Delitos de organización criminal y asociación ilícita para delinquir.
• La Villarán constituyó dentro de la MML una organización criminal con el objetivo d mantenerse en el poder.
ACUSADOS (fuente: El Comercio)
1. Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, acusada por asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Piden 29 años de prisión.
2. Domingo Arzubialde, ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, acusado de Asociación ilícita y colusión. Piden 14 años de prisión.
3. Gabriel Prado Ramos, ex gerente de Seguridad Ciudadana de la MML, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
4. Marco del Castro Vecchione, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
5. Cecilia Lévano Castro, acusada de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión
6. Guillermo Loli Ramírez, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
7. Jorge Torres Padilla, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
8. Daniela Maguiña Ugarte, acusada de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
9. María Méndez Vega, acusada de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 9 años de prisión.
10. Luis Gómez Cornejo Rotalde, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
11. Oscar Vidaurreta Yzaga, acusado de lavado de activos. Piden 11 años y 6 meses de prisión.
12. Juan Carlos Becerra Jara, acusado de asociación ilícita, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo . Piden 16 años y 6 meses de prisión.
13. José César Castro Joo, acusado de asociación ilícita, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. Piden 16 años y 6 meses de prisión.
14. Mónica Pozo Palomino, acusada de asociación ilícita, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. Piden 16 años y 6 meses de prisión.
15. César Meiggs Rojas, acusado de lavado de activos. Piden 11 años y 6 meses de prisión.
16. Marco Antonio Zevallos, acusado de asociación ilícita, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Piden 18 años y 5 meses.
17. José Adelmario ‘Leo’ Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, acusado de Colusión y cohecho. Piden 10 años y 6 meses de prisión
18. Freddy Chirinos Castro, acusado de lavado de activos. Piden 9 años y 1 mes de prisión.
19. Felicita Cárdenas Vásquez, acusada de asociación ilícita y lavado de activos. Piden 15 años de prisión.
Espero que el Ministerio Público haga bien su trabajo y que la Villarán y sus cómplices, NO ESCAPEN NI SE ESCONDAN como en el caso de los corruptos sentenciados en el caso del tren eléctrico de Jorge Cuba Hidalgo y vayan a dar con sus huesos en la cárcel.

miércoles, 24 de septiembre de 2025

 

RECORDANDO SIN IRA

DEL CÁRTEL BRASILERO DE LA CONSTRUCCIÓN,
AL CARTEL PERUANO “CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN”


Cuando está en marcha el juicio oral contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (23 de setiembre de 2025) por los sobornos recibidos de las corruptas empresas constructoras del Brasil, Odebrecht y OAS, es adecuado conocer que no solo fueron dos, sino cinco las firmas del CARTEL BRASILERO DE LA CONSTRUCCIÓN que actuaron en nuestro país y que, según el modelo de corrupción que nos exportaron, impulsaron el funcionamiento de un cártel peruano similar, hoy conocido como EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN.

Elmer Olórtegui


Al llegar al poder en Brasil, en 2002, el izquierdista Inacio Lula Da Silva, apoyó el fortalecimiento de las empresas privadas de su país, en particular de las dedicadas a la infraestructura. Fomentó la inversión mixta, usando la fórmula de asociaciones público - privadas y la idea fuerza: “Compre Nacional”.

También las indujo a conquistar nuevos mercados en Latinoamérica y África, para mejorar la posición geopolítica del Brasil en el hemisferio Sur. El gigante brasilero no debía significar solo fútbol, samba y carnaval. También aspiraba a ser parte de las potencias económicas emergentes.

Las firmas brasileras, en particular Odebrecht, tuvieron éxito, pero sobre la base del delito. Lula y su régimen cayeron en las garras de la gigantesca alta corrupción brasilera y se integraron a una cleptocracia cuyo centro era la gigante Petróleos del Brasil – PETROBRAS. Y, después, en alianza, se convirtieron en el principal país exportador de corrupción en LATAM.

Al ser descubierto en 2013, el enorme caso de corrupción fue bautizado como Lava Jato - Brasil, cuyo desarrollo judicial en el Perú involucra actualmente a cuatro ex presidentes vivos como receptores de sobornos o de donaciones ilegales para campañas electorales de parte de Odebrecht y a otros miembros del cártel de la construcción; además, incluye a centenares de políticos, empresarios, ejecutivos y contrabandistas.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por hechos de su régimen 2003 – 2010 cumplía una condena de doce años de cárcel por un soborno inmobiliario pagado por la constructora OAS y otros cargos de corrupción, pero por controvertidas decisiones del Poder Judicial brasilero, recuperó su libertad y volvió a ser elegido para un nuevo mandato presidencial que está en curso. Su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), fue destituida y está procesada, así como también José Sarney (1985-1990) y Fernando Collor de Mello (1990-1992), por presuntos delitos relacionados con las constructoras. El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) está acusado de haber recibido dinero de Odebrecht para sus campañas presidenciales de 1994 y 1998.

Uno de los núcleos de esa cleptocracia fue el cártel brasilero de la construcción que obtenía millonarios contratos de obras de Petrobras pagando sobornos equivalentes al 3% del valor de cada uno.

El cártel estaba integrado por Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC, Queiroz Galvao, Engevix, Galvao, GDK, Iesa, Mendes Júnior, MPE, Promon, Skanska, Toyo Setal y Techint. Los directivos de Petrobras distribuían cada soborno entre directivos de las empresas involucradas, dirigentes de partidos políticos, líderes políticos y funcionarios que facilitaban las cosas desde distintos poderes y organismos del estado.

El dinero ingresaba al sistema financiero legal a través de negocios de gasolineras, lavanderías y hoteles que lo transferían a los beneficiarios finales, a través de una vasta red internacional de empresas ubicadas en China y otros países asiáticos y cuentas bancarias de firmas offshore de varios paraísos fiscales occidentales.

LAS BRASILERAS DEL CÁRTEL PERUANO DE LA CONSTRUCCIÓN

Al mercado peruano ingresaron las empresas brasileras: Norberto Odebrecht, Camargo Correa S.A, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Engevix, Pattac Engenharia y Tucumán Emprendimentos. Odebrecht es la más antigua, pues vino en 1979, al final de la llamada segunda fase del régimen militar, encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez. Las demás llegaron a partir del 2002, en el contexto de la expansión de las constructoras brasileras en Latinoamérica.

Particularmente, la constructora Norberto Odebrecht logró operar en Argentina, Ecuador, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, así como en Angola y Mozambique, en África.

Para su desempeño, bajo el liderazgo indiscutible de Odebrecht, el conjunto de firmas replicó el esquema del cártel constructor del Lava Jato brasilero, en alianza con los agentes de la secular corrupción de cada país.

LAVA JATO - PERU

El Lava Jato - Perú, es entonces, consecuencia de esa alianza, de ese encuentro perverso entre los intereses de los corruptos brasileros y de sus pares peruanos, para el enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios a expensas de recursos estado y del bienestar de las mayorías.

No fue una conquista de mercados con base en buena calidad, precios ventajosos y facilidades financieras.

Fue una penetración cuya herramienta principal fue el soborno y la defraudación al estado en gran escala que, en el caso específico de nuestro país, generó el llamado cártel peruano de la construcción.

EL BOTÍN DE LAS BRASILERAS

De 2004 a 2015, las firmas brasileras intervinieron de modo individual o consorciado entre ellas o con socios peruanos, en 42 obras por un valor superior a US$ 17,375 millones, correspondientes a los sectores transportes, saneamiento, energía y agricultura, vinculadas a todos los niveles de gobierno.

Las cinco primeras empresas consiguieron la mayor parte de los negocios. La principal fue siempre Odebrecht, la que asumió el 73.9% del valor total de los contratos (US$ 12,856 millones), seguida por OAS con el 7% (US$ 1,224 millones), Andrade Gutiérrez, con el 6.9% (US$ 1,199 millones), Queiroz Galvao, con el 5.8% (US$ 1,019 millones) y Camargo Correa, con el 5.6% (US$ 987 mil)

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

En Perú montó una red de 27 firmas subsidiarias: 19 peruanas y 8 sucursales de su red brasilera. Con ellas, desde su arribo hasta 2015, intervino en 52 proyectos, a través de consorcios preferentemente con las empresas peruanas Graña y Montero, JJC contratistas generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – Iccgsa, Compañía San Martín S.A. y con las demás brasileras.

Respecto a ese conjunto de obras, la Contraloría General ha hallado sobrecostos sospechosos en 28. Hay que anotar que Odebrecht ejecutó la mitad de dichas obras durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) por un valor de US$ 449'874,662, las cuales no han sido sometidas a investigación.

Sus negocios.

En el periodo de interés 2001 a 2014, Odebrecht realizó 13 contratos de obras y de concesiones por S/.34,742’967,111. Durante el régimen de Toledo, el monto de sus operaciones fue S/. 3,535’383,086; en el segundo gobierno aprista el valor subió a la suma de S/. 6,797’984,583 y, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, la cifra se elevó a S/. 24,409’599,441.

Odebrecht lideró los consorcios que ejecutaron 13 contratos, los más importantes de los cuales fueron: Gasoducto del Sur (US$ 7,239 millones - 2014), la Central Hidroeléctrica de Chaglla (US$ 1,247 millones – 2011), la etapa III de la Irrigación Chavimochic (US$ 715 millones - 2014), tramo 2, línea 1, del Metro de Lima (US$ 583 millones -2011), Tramos 2 y 3 de la Transoceánica Sur (US$ 596 millones – 2005), Vías Nuevas de Lima (US$ 499 millones - 2013), tramo 1, línea 1 del Metro de Lima (US$ 410 millones – 2009), la Irrigación Olmos (US$ 222 millones – 2010) y la Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – San Luis (US$ 143 millones - 2012), la Vía de Evitamiento del Cusco ( US$ 90.3 millones – 2012) y la autopista Costa Verde del Callao (US$ 86.1 millones – 2013)

Sobornos de Odebrecht del 2005 al 2014.

De acuerdo con el informe del Departamento de Justicia de los EE. UU, sobre el convenio firmado con Odebrecht y el gobierno suizo para que ésta no sea procesada en esos países, la empresa brasilera se declaró culpable de haber usado bancos estadounidenses para pagar sobornos por US$ 788 millones en Latinoamérica y África.

Su ex CEO, Marcelo Odebrecht y otros ejecutivos se obligaron a confesar sus delitos y la empresa se comprometió a pagar millonarias multas. El informe estadounidense dice que Odebrecht declaró que, en Perú, de 2005 a 2014, pagó sobornos por US$ 29 millones: 20 millones, de 2005 a 2008 y 9 millones, de 2008 al 2014. Gracias a los sobornos pagados a autoridades peruanas Odebrecht obtuvo ganancias por US$ 143 millones.

El comunicado del Departamento de Justicia describió parcialmente solo dos casos de coima, pero no mencionó quienes las recibieron. Solo aludió a que la de 2004, por US$ 20 millones, fue pagada a un alto funcionario, a cambio de un contrato de obra. La de 2008, por US$ 1.4 millones fue abonada a varios funcionarios, por el contrato de una obra de transporte.

Sin embargo, estas cifras sobre Perú resultan inexactas, pues el desarrollo del caso Lava Jato – Perú ha permitido calcular que el total de presuntos pagos ilícitos de Odebrecht conocidos hasta diciembre del 2018, incluidos aportes ilegales a campañas electorales, asciende a US$ 62.1 millones, con el siguiente desagregado:

Sobornos atribuidos a Odebrecht

  • US$ 20 millones pagados por los contratos de los tramos 2 y 3 de la Carretera Transoceánica Sur. Después, esta cifra fue actualizada a US$ 33 millones durante el juicio al ex presidente Alejandro Toledo Manrique y en el que condenado a 20 años y 6 meses de cárcel

  • US$ 24.4 millones, por la adjudicación y los contratos de obras de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, de los cuales US$ 10 millones fueron pagados a Jorge cuba Hidalgo y su red corrupta de subalternos, desconociéndose aun, quiénes cobraron US4 14.4 millones durante el último gobierno de Alan García Pérez

  • US$ 4 millones, por la adjudicación de la autopista Costa Verde Callao, pagado al gobernador del Callao, Félix Moreno Caballero.

  • US$ 3 millones, por el contrato de la Vía Evitamiento del Cusco, de los cuales pagó solo US$ 1.2 millones al ex gobernador Jorge Acurio Tito.

  • US$2.7 millones, por la carretera Carhuaz – Siguas, pagados al ex gobernador de Ancash, César Alvarez.

  • US$ 1.4 millones pagados a Horacio Cánepa, por arbitrajes amañados a favor de Odebrecht.

  • US$ 1’350 mil pagado a César Atala.

  • US$ 780 mil, pagado a Juan Zevallos, Director de OSITRAN.

  • US$ 711 mil pagado a funcionarios de la Municipalidad de Lima, gestión de Susana Villarán por la concesión “Nuevas Rutas de Lima”.

  • US$ 45 mil, por el proyecto Agua Potable Chimbote a beneficiarios no identificados aún.

  • US$ 45 mil, por la carretera Tingo María – Aguaytía, a beneficiarios aun no identificados.

Todo lo cual arroja coimas por un sub total de US$ 57 millones.

Donaciones para campañas

  • Aporte de US$ 3 millones al Partido Nacionalista Peruano PNP, para la campaña del 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores del Brasil (PTB) y del ex presidente Inacio Lula Da Silva.

  • US$ 1’200 mil, a Fuerza Popular, para la campaña 2011.

  • US$ 750 mil, a Toledo para la campaña 2011.

  • US$ 300 mil, para PPK, para la campaña 2011.

  • US$ 200 mil, para el PAP, campaña 2006.

Todo lo cual, da un sub total de US$ 5’450 mil en “propinas” para campañas electorales, el cual, sumado al sub total conocido de sobornos, arroja un total de pagos ilícitos por la suma de US$ 62.1 millones.

IDL – Reporteros, comprobó que, excepto el caso del tren eléctrico de Lima, en Perú, Odebrecht pagaba coimas por un valor correspondiente al 3% del costo de cada obra, porcentaje que era regla para el pago de sobornos en Brasil. Pero, esto no se cumplió únicamente en el caso del tren eléctrico, cuyo soborno conocido equivale al ínfimo porcentaje del 0.82%, pese a haber sido su segundo contrato más costoso. De este modo, aplicando el 3% genérico a los costos finales de los contratos de obras, incluidos sobre costos y sin considerar donaciones con fines electorales, IDL- Reporteros ha calculado que el probable total de sobornos ascendería a US$ 71 millones.

De todo esto fluye que, en Perú, Odebrecht no ha dicho la verdad a las autoridades. Administra sus delaciones a cuentagotas con la finalidad de conseguir impunidad total para sí, sus ejecutivos y algunos cómplices importantes, incumpliendo su compromiso de documentar sus delaciones y facilitar otras, asumido en el acuerdo preliminar de colaboración eficaz que suscribió con la Fiscalía Anti corrupción del Ministerio Público peruano.

Situación jurídica.

Sobre la base del pre acuerdo de cooperación, firmado el 4 de enero de 2017 que se mantuvo en secreto, Odebrecht empezó a entregar información documentada parcial y sus ejecutivos comenzaron a declarar sobre sus ilícitos en el país. Así mismo, con la Fiscalía de Lavado de Activos peruana firmó en Brasil acuerdos de no incriminación para que su ex CEO Marcelo Odebrecht, y sus ejecutivos Jorge Barata, Luis Mameri y Fernando Migliaccio, declarasen solo sobre detalles de coimas confesadas y donaciones para campañas electorales.

Odebrecht empezó entonces a negociar con el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por Hamilton Castro, un acuerdo de colaboración eficaz corporativo que inicialmente iba a comprender la delación de sus ex ejecutivos Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra, que los excluiría de todos los procesos del caso Lava Jato Perú.

Debido a revelaciones por parte de sus altos ejecutivos de millonarias donaciones de dinero para campañas electorales de los más importantes partidos políticos peruanos, la investigación peruana se orientó hacia esos hechos, pues correspondían como anillo al dedo a indagaciones en marcha. Esas pesquisas que perseguían el delito de lavado de activos, se intensificaron a partir de las revelaciones del propio ex CEO, Marcelo Odebrecht, ratificadas después por Barata, acerca de que la constructora había donado dinero ilegal a Fuerza 2011 (Keiko Fujimori), Peruanos por el Gran Cambio (Pedro P. Kuzcynski), País Posible (Alejandro Toledo), durante la campaña electoral de 2011; y al Partido Aprista Peruano (Alan García), en la campaña electoral del 2006, así como para las campañas contra la revocatoria (2013) y la reelección de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2014).

Esto generó la intervención profunda en el caso Lava Jato Perú de los fiscales especializados en la persecución del delito de lavado de Activos, German Juárez Atoche y José Domingo Pérez Gómez, quienes actuaban bajo la supervisión del fiscal superior Rafael Vela Barba, sin formar parte del Equipo Especial.

La situación siguió un curso de colisión y problemas operativos con el grupo de Hamilton Castro, debido a serias diferencias en sus estrategias de investigación y su pública descoordinación. Cada grupo pretendía ir por su lado.

Los de lavado de activos, al margen de los fiscales anticorrupción y del pre acuerdo de colaboración eficaz en desarrollo con Odebrecht, aparecieron ante la prensa y la ciudadanía como más eficientes para lograr confesiones y pruebas en casos de gran impacto público, mientras que los del Equipo Especial transcurrieron la mayor parte de 2017 sin avances significativos y entraron en un verdadero atolladero en el primer semestre de 2018.

En el contexto del convenio preliminar de colaboración eficaz, Odebrecht empezó a resistir con uñas y dientes a la exigencia del Equipo Especial a adecuarse a la Ley 30737 que regulaba el pago de la probable reparación civil por empresas culpables de corrupción.

En los hechos, por estas discrepancias radicales, Jorge Barata se negó de plano en mayo del 2018 a su tercer interrogatorio sobre sobornos exigiendo su no incriminación y la de Odebrecht, así como una reparación civil negociada. En julio de 2018, debido a su gran dependencia de la justicia brasilera en el caso Lava Jato, la situación se puso peor para la justicia peruana pues el Poder Judicial brasilero, declaró su apoyo a Odebrecht y a sus ejecutivos, con base en su acuerdo de delación premiada nacional.

En consecuencia, la Fiscalía de Brasil canceló el interrogatorio al ex director de la “Caja 2” de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, en Salvador de Bahía, a quien la fiscalía peruana iba a preguntar sobre los aportes para las campañas electorales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

El Poder Judicial de Brasil suspendió también la entrega de la copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht, "Drousys" y "MyWayDay B" y anunció que no autorizará nuevos interrogatorios, afectando gravemente lo poco avanzado sobre el caso Lava Jato Perú.

Acuerdo de colaboración eficaz

El 17 de junio de 2019, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, emitió su sentencia de 284 páginas (Resolución N° 20) que aprueba el Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios (ACE-MPO) que suscribieron el fiscal José Domingo Pérez y los representantes legales de Odebrecht y los cuatro colaboradores: Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior, sobre cuatro casos delicitivos de sobornos confesados: i) La Carretera Interoceánica del sur, tramos 2 y 3, ii) Los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico de Lima, iii) La Vía de Evitamiento del Cusco y iv) La autopispta Costa Verde Callao. Un mes después, la magistrada, la publicó ante exigencias de grupos de presión de que se difundiera el acuerdo completo, cosa que legalmente no es posible.

En la página 268 de la sentencia, consta que el Ministerio Público había acreditado a la fecha de la aprobación del ACE- MPO, que la empresa colaboradora estaba entregando elementos pertinententes vinculados a la investigación de dieciséis casos adicionales:

  1. Carpeta Fiscal N° 69 – 2015, sobre el financiamiento electoral al Partido Nacionalista Peruano (PNP), el expresidente Ollanta Humala Tasso, su esposa Nadine Heredia y otros.

  2. Carpeta Fiscal N° 19 – 2016, contra Gonzalo Monteverde Busselleu y otros.

  3. Carpeta fiscal N° 12 – 2017, sobre el Gasoducto del Sur.

  4. Carpeta fiscal N° 17 – 2017, respecto a la concesión de Rutas de Lima.

  5. Carpeta fiscal N° 21 – 2017, contra Miguel Atala Herrera.

  6. Carpeta fiscal N° 23 – 2017, contra los Peñaranda y Alpha Consult.

  7. Carpeta fiscal N° 24 – 2017, contra Prado Ramos.

  8. Carpeta fiscal N° 28 – 2017, sobre el andorrano Xavier Pérez Giménez.

  9. Carpeta fiscal N° 30 – 2017 Revocatoria T. 391-420, campaña por el No de la exalcaldesa Susana Villarán.

  10. Carpeta fiscal N° 31 – 2017, contra el ex presidente Pedro P. Kuzcynski- PPK – Westfield Kapital.

  11. Carpeta fiscal N° 34 – 2017, sobre el Club de la Construcción.

  12. Carpeta fiscal N° 51 – 2017, aporte campaña al Partido Aprista.

  13. Carpeta fiscal N° 52 – 2017, aporte campaña Partido Perú Posible.

  14. Carpeta fiscal N° 54 – 2017, porte campaña al partido Alianza por el Gran Cambio.

  15. Carpeta fiscal N° 55 – 2017, caso Cocteles contra el Partido Fuerza 2011- Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros;

  16. Carpeta fiscal

  17. N° 51 – 2018, sobre aportes a AGP y Luis Alva Castro

GRUPO OAS.

La empresa Constructora OAS, llegó al Perú en el 2008 y desde entonces, en cinco años, participó en siete obras por un monto de US$ 1,224 millones, que lo coloca como segunda en importancia entre las firmas brasileras. De esos contratos lideró el de la autopista Línea Amarilla de Lima (US$ 571 millones - 2009), la Carretera Quilca – Matarani (US$ 210 millones - 2012), el Centro de Convenciones de Lima (US$ 185 millones – 2013), la Carretera Lima – Canta (US$ 116 millones– 2011) y el Hospital Lorena del Cusco (US$ 74 millones – 2013) y el Trasvase del Huascacocha – Rímac. Contaba también con una oficina de sobornos, llamada “La Contraloría”.

Sobornos atribuidos a OAS

Su ex presidente, Leo Pinheiro y otros ejecutivos fueron enviados a la cárcel en Curitiba, por su participación en Lava Jato – Brasil. En su delación premiada en su país, el contador de la matriz de OAS, Roberto Trombeta, declaró que esa empresa extrajo US$ 6’150 mil de la obra Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, de agosto 2012 a febrero de 2013, mediante contratos ficticios. Con ese dinero, llevado después desde Brasil a Lima por cuatro contrabandistas o “doleiros”, entre 2012 y 2014, el operador Alberto Youssef habría pagado presuntos sobornos a funcionarios aun no identificados de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.

A fines de febrero de 2019, el diario O’Globo, de Sao Paulo, reveló que el ex gerente de la constructora brasileña OAS, Alexandre Portela Barbosa, había admitido ante el juez Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que la empresa también tenían un área que acopiaba fondos no contabilizados para pagos ilícitos, a cambio de obras públicas, en su país, en Perú y otros. Se llamaba “Contraloría de Proyectos Estructurados” que en total desvió unos US$ 120 millones para el pago de sobornos.

Barbosa, viajó a Lima en 33 oportunidades y detalló que en el Perú, la extracción de dinero se realizó entre los años 2010 y 2014, confirmando la confesión premiada anterior del contador de OAS, Roberto Trombeta sobre el desvío de US$ 6’150,000 del Proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, que OAS desarrollaba con la Municipalidad de Lima desde el año 2009. Para el desvío, el representante de OAS en el Perú, Leonardo Francassi Costa, firmó un contrato de consultoría técnica ficticio con la empresa chilena Andreu Ltda, representada por Juan Andreu Mata, mediante el cual OAS - LAMSAC transfirió US$ 6’150,000 a la empresa chilena, que a su vez remitió los fondos (US$ 5’996,250) a la empresa española DSC Workshop Obras, Construcciones e Promociones. Luego de transitar cuentas en Holanda y el principado de Andorra terminó en una cuenta del doleiro Youssef, en Suiza, desde donde fue a Brasil y luego, parte de la suma llegó a Perú para el presunto pago de sobornos.

Una investigación contable financiera de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanera – SUNAT, detectó contratos ficticios en la contabilidad del proyecto Línea Amarilla por cerca de S/32, unos US$ 9 millones, entre agosto del 2012 y marzo del 2013. La SUNAT denunció por delito tributario al gerente general de OAS en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro, y los ejecutivos Leonardo Fracasi Costa, Alfonso Agra de Víctor, Alexandre Alves de Mendoza, Clayton Goncávez Holanda, Fernanda Maima Mathia, Barros Goncalves Meneses, Zaida Salas Santa Cruz, entre otros. Sin embargo, aún no se sabe quiénes recibieron en Perú los pagos ilícitos en el Perú.

La fiscalía investigaba también los siguientes casos:

  • La supuesta coima por el 2.5% del valor de la ampliación del Hospital Lorena del Cusco.

  • La suma de US$ 1 millón pagado a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre, por la campaña del “no” de la alcaldesa Susana Villarán.

  • La probable coima por el By Pass de la avenida 28 de julio, de Lima.

  • La obra carretera Quilca-Matarani, adjudicada por Provías. Su valor referencial fue de S/. 505.2 millones de soles, pero al final costó S/. 553.2 millones.

  • La construcción del Centro de Convenciones de Lima. Su costo subió de S/. 454.9 millones a S/. 499.3 millones.

  • La habilitación de la carretera Lima-Canta, cuyo costo fue contratado por S/.319.2 millones, cuando el monto referencial fue de S/. 293.3 millones de soles.

Situación jurídica.

En enero de 2019, el ex presidente de la constructora OAS, Adelmário Pinheiro Filho, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Procuraduría General de Brasil. Pinheiro está actualmente detenido en Curitiba.

La empresa había decidido que solo después de que la justicia brasilera concediera ese beneficio, examinaría la opción de gestionar su colaboración eficaz con la justicia peruana. Hasta entonces, solo un ex ejecutivo de la empresa OAS, no identificado porque había solicitado un acuerdo de colaboración eficaz personal, estaba comprendido en el caso de la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente y otros funcionarios peruanos, por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. Esto, por la entrega de aportes de OAS, por US$ 1 millón y de Odebrecht, por US$ 3 millones, para la campaña publicitaria contra la revocatoria de Villarán, en el año 2013.

Tras la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, las cosas avanzaron con OAS.

El equipo Lava Jato y representantes de la constructora suscribieron el 14 de marzo de 2019, en Sao Paulo, Brasil, un acta de acogimiento a beneficios por colaboración, con miras a elaborar un acuerdo de colaboración eficaz sobre los delitos que la firma habría cometido en el país. Fue un gran paso de ampliación del Caso Lava Jato en el que intervinieron los fiscales Rafael Vela, Germán Juárez, José Domingo Pérez y Carlos Puma y el procurador ad hoc, Jorge Ramírez.

A nombre de OAS, firmaron el compromiso el actual presidente de la compañía, Josedir Barreto y cinco ex directivos cuyos nombres están bajo reserva. A la firma del compromiso preliminar, ellos habían absuelto los primeros interrogatorios de los fiscales encargados. El acta es corporativa, en un procedimiento similar al seguido con Odebrecht.

Las partes pactaron reunirse el 3 de abril para que OAS entregue más documentos e información sobre las investigaciones peruanas en las que está involucrada, como, por ejemplo, los aportes recibidos por la ex primera dama Nadine Heredia, su amiga Rocío Calderón Vinatea, el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio y los ex alcaldes de Lima, Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio.

CAMARGO CORREA

Llegó al país en 2002. Su primer representante fue Marcos de Moura Wanderley. En la operación “Castillo de arena”, en 2009, precursora de Lava Jato, la policía brasilera se incautó documentos de la empresa sobre sus presuntos pagos de sobornos. Entre ellos, halló una hoja de cálculo titulada: “Previsiones de propinas” para el tramo 4 de la Interoceánica Sur, en Perú, así como una relación de supuestas coimas al ex ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca (US$ 1 millón); al ex viceministro de Construcción y Saneamiento en la gestión de Garrido Lecca, Juan Sarmiento (US$ 300 mil); al ex titular del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, Guillermo León (US$ 1 millón) y a un ex funcionario de la misma empresa, Umberto Olcese (US$ 450 mil), vinculadas al contrato de ejecución de la obra de la planta de agua potable de Huachipa. No obstante, la justicia brasilera invalidó la prueba porque fue obtenida sin autorización legal. Descubierta su participación en Lava Jato, sus directivos y 40 ejecutivos se acogieron a la delación premiada, entre los cuales Dalton Avancini y Eduardo Leite, ya empezaron a confesar.

Sus negocios.

En Perú, desde 2004 a 2011, Camargo Correa participó en siete obras por un valor de US$ 987 millones, de las cuales las más importantes fueron cinco. Entre ellas lideró la construcción de la planta de agua potable de Huachipa, Lima (US$ 314 millones – 2008) y la irrigación Alto Piura (US$ 170 millones – 2010). Como asociada intervino en el tramo 4 de la Interoceánica Sur y en las carretas Llama-Cochabamba – Cajamarca y Chota -Bambamarca – Celendín.

Sobornos atribuidos a Camarco Correa

Además de la investigación por el proyecto de la planta de agua potable de Huachia, Camargo Correa, está comprometida en el presunto pago de soborno al expresidente Toledo, por el tramo 4 de la Interoceánica Sur, en el año 2005. El origen es un depósito hecho por una firma vinculada a Camargo Correa, en la cuenta de la empresa Trailbridge Ltda, de Joseph Maimann, amigo del ex mandatario.

Situación jurídica

El Ministerio Público indaga sobre la presunta coima descrita en el punto anterior, como parte del caso del soborno mayor confesado por Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la misma obra. No ha suscrito ningún convenio de colaboración con el Ministerio Público. Sus obras también están en evaluación penal por parte del Ministerio Público en busca de ilícitos penales con base en las 28 auditorías realizadas por la Contraloría.

ANDRADE GUTIÉRREZ ENGENHARIA S.A. - SUCURSAL DEL PERÚ.

El ex presidente ejecutivo, Otávio Marques de Azevedo y doce ejecutivos también sufrieron carcelería en su país por el caso Lava Jato.

En enero del 2016, la empresa firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia de su país. En mayo, empezó a pagar una multa de US$ 285 millones al fisco y dio disculpas públicas por su participación en el caso Lava Jato.

Esta empresa llegó a Perú en 2003 y desde el siguiente año al 2014 participó, principalmente a través de consorcios, en nueve contratos con el Estado por valor de US$ 1,199 millones, de los cuales los más importantes, por su costo, fueron cinco. AG lideró los contratos del túnel Néstor Gambetta (US$ 278 millones – 2014), la Carretera Transoceánica Norte (US$ 258 millones – 2005), el tramo 4 de la Transoceánica Sur (US$ 244 millones – 2012), la Carretera Huaura – Churín (US$ 201 millones – 2012) y la avenida Néstor Gambetta, Callao (US$ 126 millones – 2010)

Sobornos atribuidos a Andrade Gutiérrez

No hay investigaciones específicas aún sobre pago de coimas por parte de esta empresa. Pero, a principios de 2017, la Contraloría entregó al Ministerio Público 28 auditorías a obras realizadas por las cinco “brasileras”, con reparos de perjuicio económico al estado en sus ejecuciones. Respecto al tramo 4 de la Transoceánica Sur, cuyo consorcio ejecutor lideró, la Contraloría halló un perjuicio económico al Estado por US$ 37 millones y S/. 1’600 mil, por sobrecostos injustificados aprobados durante los gobiernos de Toledo y Alan García. No obstante, La fiscalía no ha determinado aún la existencia de ilícitos penales.

Situación Jurídica

El primer juzgado penal resolvió en marzo del 2018, que las empresas Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y las supervisoras, pagarán hasta S/. 80 millones de reparación civil, en caso de que sean declaradas culpables, en el proceso por el delito de colusión abierto contra funcionarios del Gobierno Regional del Callao. Las empresas habrían recibido 14 pagos irregulares, para la ejecución de la avenida Néstor Gambetta con un perjuicio económico de S/.55 millones al Estado. El Ministerio Público, evalúa otros ilícitos penales en las auditorías a sus demás obras.

QUEIROZ GALVAO

En el caso Lava Jato Brasil, el ex presidente de esta empresa, Colares Filho y su exdirector, Othon Zanoide de Moraes están procesados con prohibición de salir de su país y con grilletes electrónicos, por los delitos de lavado de dinero, corrupción, organización criminal y obstrucción de la justicia.

Entre 2005 y 2014, esta empresa participó, siempre en consorcio, en ocho obras de infraestructura por un monto de US$ 1,019 millones, de las cuales las más importantes, por su monto, fueron cinco: como asociada intervino en el Túnel de la Av. Gambetta, el tramo 4 de la Transoceánica Sur, la Av. Gambetta y como líder, en las carreteras Llama - Cochabamba (US$ 99 millones – 2010) y Chota – Bambamarca – Gualgayoc (US$ 89 millones – 2011).

Situación jurídica.

La ejecución de sus obras está bajo evaluación judicial desde el inicio del año 2017, sobre la base de las 28 auditorías de la Contraloría.

EL CÁRTEL PERUANO DE LA CONSTRUCCIÓN.

Para asegurar su éxito, las constructoras brasileras indujeron en los países penetrados procedimientos similares a los que usaban en Brasil para sus negocios corruptos, con algunas variantes.

En el Perú formaron un cártel que ha sido bautizado como el “Club de la Construcción”. Formaron también redes particulares de acceso a lo más alto del poder, para conseguir contratos importantes. Además de las brasileras, en el cártel peruano participaban unas 30 empresas nacionales. Los representantes del grupo, en colusión con funcionarios del gobierno se distribuían los contratos de obras, mediante concursos amañados, en particular los licitados por la agencia estatal Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. Asignaban el 10% del costo de cada obra para sobornos, monto que después cargaban al estado mediante adendas de sobrecostos. 

El 16 de marzo de 2016, el entonces candidato presidencial Pedro Pablo Kuzcynski denunció públicamente la existencia de este “club”, calificándolo como el verdadero Lava Jato Peruano, pero ninguna autoridad lo atendió. Recién a mediados de 2017, por la delación de un colaborador eficaz, el equipo fiscal especial del caso Lava Jato - Perú empezó a investigar el caso. El diario brasilero, Folha de Sao Paulo ha dicho que el delator es Edwin Luyo Barrientos, presunto receptor de parte de la coima pagada por Odebrecht por la obra del tramo 1 del Tren Eléctrico de Lima. 

Al empezar, la pesquisa comprendió a 14 empresarios, cuatro lobistas, 15 empresas, entre ellas las brasileras OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, 35 funcionarios de Provias y el examen de 45 contratos por un valor de más de S/. 10,000 millones, realizados entre 2011 y 2014. La Fiscalía Anticorrupción allanó 43 viviendas y oficinas en las que se incautó gran cantidad de documentos y envió a prisión preventiva, únicamente al exasesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos García Alcázar. Se dieron a la fuga, Rodolfo Prialé de la Peña y sus socios Guillermo Reynoso Medina y Luis Prevoo Neyra, así como Elard Alejandro Tejeda Moscoso. El empresario Félix Málaga Torres, es investigado bajo libertad vigilada. (Constructora Málaga Hermanos).



 

RECORDANDO SIN IRA


CUARTA PARTE - FINAL

CERCO, CAPTURA Y SUICIDIO DE ALAN

GARCÍA PÉREZ, A MANOS DE

 ODEBRECHT


ELMER OLORTEGUI



Miguel Atala y Luis Nava, los dos principales protagonistas del juicio por los sobornos a cambio de las obras de la carretera transoceánica sur y el  tren eléctrico, durante el
segundo gobierno de Alan García Pérez

LA GRAN COIMA DEL TREN ELÉCTRICO


EL TREN ELÉCTRICO, OBRA PÚBLICA

El presidente AGP inició su segundo mandato determinado a continuar su proyecto del tren eléctrico, dejado a medias en su primer régimen 1985 - 1990. Pero el tiempo se le iba, pues el modo de contratación entonce vigente, a cargo de la Municipalidad de Lima, habían generado dos licitaciones fracasadas para concesionarlo. No había postores.

Una versión no confirmada señala que durante el último trimestre de 2008, el economista – financiero, Jorge Cuba Hidalgo, quien trabajaba en Sierra Exportadora, le dijo a su amiga Roxanne Chessman, entonces pareja del presidente, que estaba seguro de que el proyecto debía de hacerse como obra pública directa y que si le encargaban, podría convencer a Odebrecht que pudiera terminarla en 18 meses, si ganaba la buena pro. Chessman hizo lo suyo y Cuba Hidalgo fue nombrado en noviembre de 2008 asesor del ministro de Transportes y comunicaciones, Enrique Cornejo, para tantear el terreno.

Por entonces, Odebrecht tenía frecuente trato con los funcionarios del MTC para la marcha de la construcción de la carretera transoceánica sur, contrato ganado con las artes de la gran corrupción en el anterior gobierno de Alejandro Toledo.

Fue así como Cuba Hidalgo contactó a Carlos Nostre de Odebrecht, sobre el proyecto del tre, le describió la alternativa de obra pública, advirtiéndole que tenían que tener costos aproximados actualizados, que él podría ayudar desde el MTC, a cambio de un premio a futuro si la empresa se hacía del contrato.

Como muestra de su influencia en el MTC, Cuba ayudó a Nostre a resolver trabas de la transoceánica sur, en el ministerio, como buen “funcional”. Nostre planteó el tema a su jefe Jorge Barata, ídiendo que hablara cuanto antes con su amigo el presidente García.

En sus declaraciones en Curitiva, Barata contó al fiscal Pérez que animado por la iniciativa de la dupla Cuba – Nostre, presentó la alternativa de la obra pública durante el viaje con el mandatario García Pérez y el ministro Cornejo Ramírez, en el avión presidencial en el que el 19 de febrero viajaron al Cusco a inaugurar un tramo de la transoceánica del sur, al comenzar el año 2009.

Arguyó que así se hacía en todos los otros países. La infraestructura normalmente se hace como obra directa del Estado y el resto como concesión, como la operación y el ofrecimiento de los trenes. Todos conocían la alta prioridad de este proyecto, el más importante que el presidente tenía en su gestión y si lo iba a hacer debía de asegurarse que estaría en 18 meses para que lo inaugurase antes del fin de su mandato

Como consta en la primera entrega de esta serie, el consejo de ministros extraordinario que AGP convocó la noche del mismo 19 de febrero aprobó trasladar el proyecto del Tren de la Municipalidad de Lima al MTC y luego de que el presidente confirmara con Barata que Odebrecht había calculado bien los costos referenciales y que aseguraba que podía ejecutar el primer tramo Puente Atocongo – Av. Grau, promulgó el Decreto de Urgencia N° 032-2009 el 28 de febrero de 2009, encargando al MTC la ejecución como obra pública de dicho tramo, por intermedio de Provias Nacional, mediante la modalidad de Concurso Oferta. También fueron emitidas otras normas subsidiarias facilitadoras.

Según Barata, cuando concluyó el pago de los US$ 3 millones por la transoceánica sur, vía Atala y Chalán Nava, en 2008, este último ya no le solicitó nada y Cuba le dijo a Nostre que él se encargaría de todo el proyecto del tren eléctrico.

Tan bien salieron las cosas que el 2010, el gobierno licitó el Tramo 2, Av. Grau – San Juan de Lurigancho. Como ganador, Cuba Hidalgo pactó con Nostre un nuevo monto del soborno por la nueva obra, a cambio de que Odebrecht ganara la licitación y, la ganó.

Anatomía de la corrupción en el tren

Barata describió al fiscal Pérez la distribución desde Odebrecht del manejo de proyecto del tren. La parte técnica, es decir, los aspectos de ingeniería lo veía el señor Antonio Carlos Nostre y Barata manejaba la parte política. La contraparte técnica en el MTC, era Jorge Cuba, a pesar de que era viceministro de Comunicaciones sin competencia para encargarse de un proyecto que debía de estar a cargo del viceministro de transportes. Su contraparte política eran el ministro de Transportes y Comunicaciones y el presidente.

Barata afirmó que nadie ni nunca le explicó la actuación de Jorge Cuba ni el indagó el por qué, pues no era un asunto que le preocupara, pues su pago era contra entrega, lo cual se cumplió desde la adecuación de la bases en sus tratos con Nostre.

Los pagos criminales

En octubre de 2018, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht, declaró al fiscal Pérez, que por la línea 1 del metro de Lima Odebrecht y sus consorciados pagaron sobornos por un total de US$24’386.000, monto que en la planilla de la constructora quedó registrado como “riesgos adicionales”.

En el primer tramo de la obra la coima fue US$6’900.000: US$1’400.000 pagados a Jorge Cuba, US$ 400.000 a Edwin Luyo y US$ 400.000 a Santiago Chau.

Sobre el segundo tramo de la línea 1, Nostre dijo que el soborno totalizó US$ 17’486.000, de los cuales Cuba recibió US$ 5’000.000; Edwin Luyo US$ 1’000.000, Mariella Huerta, US$ 400.000, Santiago Chau US$ 4’000,000 y US$ 1’000.000 al comité evaluador.

Según Nostre entregó un total US$10 millones en coimas. Sin embargo, no pudo precisar el destino de los otros US$14’386.000.

En Curitiba, Barata ratificó lo dicho por Nostre. Sobre el saldo no explicado por Nostre declaró que US$ 471.302 fueron pagados a José Antonio Nava Mendiola, (a) ‘Bandido’.

EL ARMA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA

Después de su interrogatorio a Barata, el fiscal José Pérez Gómez regresó a Lima el jueves 25 de abril, junto con el coordinador del equipo especial, Rafael Vela Barba, para preparar el inevitable pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Nava Guibert y sus coimputados, requerimiento que presentaron en la noche del viernes 26. Esta secuencia de la persecución fiscal del delito se estaba normalizando y ya generaba protestas de parte de políticos y juristas que la consideraban un abuso de autoridad, pues según la ley la prisión preventiva era una herramienta a usar solo en casos extremos.

El juez Juan Sánchez Balbuena, citó a audiencia el domingo 28, pero la suspendió a pedido de las partes, a raíz de que los abogados defensores no habían logrado estudiar la solicitud fiscal que contenía las declaraciones recientes de Jorge Barata en Curitiba. Así que la vista fue fijada para el martes 30 de abril, en la mañana. Pero, en el ínterin ocurrieron hechos que volvieron a impactar tremendamente en la ciudadanía.

ATALA CONFIESA QUE EL DINERO ERA PARA ALAN GARCÍA

El viernes 26 de abril de 2019, durante su encierro, Miguel Atala Herrera había confesado ante la fiscal adjunta provincial del Equipo Lava Jato, Elvia Caro que su cuenta de la offshore Ammarin Investment sirvió para que actuara como testaferro del ex presidente Alan García, a quien finalmente entregó el dinero depositado en el Banco Privado de Andorra por Odebrecht. Claro, pudo decirlo fácilmente porque García ya no podía defenderse. Un muerto siempre es un buen y oportuno punching bag.

Su narración fue sencilla y versó sobre conversaciones absolutamente secretas entre tres viejos amigos para quienes este tipo de tratos era habitual sin sobresalto alguno. Durante el segundo semestre de 2007, en un certamen empresarial, en Lima, cuando se quedaron solos, su amigo y ex asociado Luis Nava Guibert le preguntó si podía ser apoderado de una empresa offshore en Andorra y de su respectiva cuenta, para recibir dinero legal de empresas que no tenían que ver con el Estado.

Le aceptó sin siquiera preguntarle cuánto recibiría la cuenta. Días después, enviado por Nava, en su casa de la avenida Santo Toribio 335, en San Isidro, recibió al brasilero Jorge Barata, superintendente de Odebrecht en el Perú, quien le dijo que tenía que abrir una cuenta en el Banco Privado de Andorra con un depósito mínimo de US$ 10 mil.

En este trámite le ayudó el ejecutivo de BPA, Francesc Xavier Pérez por recomendación de la empresa Odebrecht como buen cliente, considerando que tenía empresas inmobiliarias. Después de eso y hasta mediados del 2008, no tuvo más noticias sobre el tema. En ese tiempo imaginó que el dinero sería de Nava, producto de consultorías, que no deseaba que figure como ingreso propio.

En setiembre de ese año, el asunto se reanimó. Durante un viaje a Sao Paulo, del 18 al 20 de ese mes, como parte de una misión de empresarios peruanos a la Federación de Instituciones Empresariales de esa ciudad - FIESP, Atala dio una conferencia.

La misión coincidió con una reunión oficial del entonces presidente de la república, Alan García con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos presidentes pronunciaron sus respectivos discursos en dicha feria.

En esa ocasión se reencontró con Nava Guibert y, en un momento a solas, le avisó que el dinero de la cuenta offshore era en realidad de Alan García Pérez. Sin más detalles se dio por enterado. “Sencillamente asentí”, le dijo a la fiscal.

A esa fecha él sabía que en la cuenta habían depositado US$ 1,312 mil, qué empresas lo habían hecho y en cuantas oportunidades.

El interrogatorio fue suspendido entonces y se reanudó el lunes 29 de abril, ante los fiscales adjuntos, Walter Villanueva Luicho y Meryl Huamán Altamirano. Atala Herrera contó en este tramo que desde que Nava Gibert le dijo en Sao Paulo que el dinero de la cuenta de Andorra era en realidad de AGP, siguió un largo periodo de silencio sobre el tema, hasta que, en el segundo semestre de 2010, Alan García le llamó a su celular 998134746 para invitarle a que lo visitara en Palacio de Gobierno.

DETALLES DE LAS ENTREGAS DE DINERO A AGP

Atala narró que entró por la puerta de Desamparados. Le recibió Nava Guibert, quien lo llevó ante el presidente y los dejó a solas. El presidente le invitó un café. Entonces, en el tono más coloquial posible le confirmó que el dinero colocado en la BPA era suyo, y le pidió, por favor, que lo entregara poco a poco. Y, así lo hizo.

La primera entrega fue de US$ 20 mil, luego US$ 30 mil. Les dijo a los fiscales: “Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares. Le entregue dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio, tanto en el de la urbanización Las Casuarinas, en Surco, como en el de Miraflores y en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública, entre otros lugares”.

Completó la entrega entre 2010 y 2018 con recursos de sus negocios personales, a cuenta de lo depositado en Andorra, desde donde lo transfirió a su cuenta en el Scotiabank Sucursal de Panamá, para luego enviarla a su cuenta bancaria en Lima. Pidió a los fiscales que hicieran constar que decía la verdad y que sentía miedo por lo que podría suceder a él o a su familia por acción de la llamada “Fuerza de Choque” del Apra.

LA RESISTENCIA DE NAVA Y EL QUIEBRE DE SU HIJO Y DE LOS ATALA

Con esta historia y mucho más bajo la manga, el fiscal Pérez Gómez, causó sorpresa, perplejidad, asombro y contrariedad entre los asistentes a la audiencia de la prisión preventiva del martes 30 de abril ante el juez Sánchez.

Previamente, el juez determinó que en la vista se iban a examinar solo los pedidos de prisión preventiva por 36 meses contra Nava y Atala.

Nava estaba ausente pues se había internado en una clínica supuestamente afectado por una arritmia cardiaca. Se le imputaba los delitos de colusión agravada, lavado de activos y graves sospechas de entorpecimiento de la justicia y hasta peligro de fuga. Atala, estaba señalado por únicamente lavado de activos.

A su turno, el fiscal Pérez empezó desequilibrando a la línea defensiva con su solicitud al juez de la libertad del hijo de Atala, Samir Atala Nemi y de Antonio Nava Mendiola, hijo de Nava, porque habían aceptado haber cometido crímenes y se habían acogido a la confesión sincera de tal manera que seguirían siendo procesados en libertad, pero con impedimento de salida del país.

Atala Nemi se había declarado culpable y había corroborado las confesiones de su padre. En el consulado de Miami, Nava Mendiola, también se había declarado culpable y había confesado haber facilitado el pago de sobornos a su padre por parte de Barata, recogiendo mochilas llenas de dólares del brasilero y hasta llevándolo en automóvil a la residencia de su padre en varias oportunidades para que le diera dinero.

NAVA TRAS LAS REJAS

El juez suspendió la audiencia brevemente para reflexionar sobre el tema y luego la reanudó aprobando las medidas pedidas. Samir Atala, se fue de inmediato de la sala. Se esperaba que Nava Mendiola regresara a Lima el 7 de mayo.

Sin embargo, la conmoción en la audiencia fue mayor cuando el fiscal leyó la parte sustancial de la confesión de Atala Herrera y pidió su arresto domiciliario en vez de prisión preventiva, debido a su entera cooperación con la justicia. Pérez Gómez concluyó que finalmente un testigo clave había reconocido que el dinero entregado por Odebrecht era para el ex presidente Alan García, como resultado de la concertación de voluntades entre el ex presidente, Luis Nava y Miguel Atala, dentro de una organización criminal.

Adicionalmente, Pérez pidió al juez su aprobación para incorporar al proceso la declaración de un nuevo aspirante a colaborador eficaz que había revelado que Nava le había advertido en 2009 que estuviese atento a las necesidades de Odbrecht y que si todo salía bien lo iba a recompensar con US$ 200 mil. Este personaje había declarado también que luego entregó en diversas oportunidades US$ 100 mil a Luis Nava.


Contra Nava, el fiscal desplegó argumentos sólidos de peligro de fuga y obstrucción de la justicia y otros presupuestos legales de la prisión preventiva. Fundamentalmente, lo acusó de comportamiento evasivo a la justicia porque no quiso recibir las cédulas de notificación del proceso, ante lo cual la fiscalía tuvo que pedir a la policía que ejecutara el trámite y le increpó por haber ingresado a una clínica encontrándose bien de salud.

Tras los alegatos de la defensa, cerca de las 23:00 horas, el juez falló ordenando la prisión preventiva contra Nava y el arresto domiciliario de Atala Herrera, a cumplirse en su residencia de San Isidro, con prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, a excepción de su hijo y coinvestigado Samir; prohibición de comunicarse con testigos y peritos; así como prohibición de realizar reuniones sociales en su domicilio.

Nava fue dado de alta el 1 mayo y luego de pernoctar en la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, cuyas autoridades dispusieron al día siguiente su reclusión en el penal “Castro Castro”, de San Juan de Lurigancho, mientras el juez Sánchez Balbuena seguía la vista de la situación de sus coimputados.

Debido a la debilidad de las evidencias y quizá al uso repetitivo de argumentaciones legales tipo cliché, en la noche del 3 de mayo, ordenó comparecencia restringida (no salir de Lima, no viajar al extranjero en el tiempo que dure el proceso, presentarse cada 30 días ante el juzgado y justificar sus actividades), para Enrique Cornejo Ramírez, Oswaldo Plasencia, Jorge Luis Menacho y Raúl Torres Trujillo. El fallo fue inmediatamente apelado por La fiscal Meryl Huamán, del equipo especial, dentro de la etapa de investigación preparatoria que por entonces tenía visos de que prolongarse por unos seis meses más.

EL CONTRAATAQUE DE NAVA.

Desde su detención preliminar Nava se mantuvo en silencio. Desde el suicidio del gran líder, la cúpula del partido aprista y, en particular, el grupo de militantes abogados que había acompañado a AGP en su último tramo de vida y la familia, se concentraron en la defensa de la memoria del difunto, no ocupándose de Nava y sus coinvestigados.

Pero esa calma era aparente. Cinco meses después, en el penal Castro Castro, el 25 de septiembre de 2019, Nava Guibert, rompió los fuegos de su defensa, disparando toda su artillería contra su ex jefe AGP y Jorge Barata.

En su primer interrogatorio revelo ante el fiscal Pérez Gómez detalles escabrosos de las “entregas de dinero de parte de Jorge Barata a Alan García desde el 2006 hacia adelante”. Así mismo contradijo principalmente la versión del brasilero acerca de que le había chantajeado para exigirle 3 millones de dólares por facilitar la continuación de la obra de la transoceánica sur. En toda su amplitud, su testimonio fue difundido por IDL – Reporteros el 17 de octubre de ese año.

La acción de Nava provocó una reacción frontal de la alta dirigencia aprista, de sus militantes, de la familia y del grupo abogadil que formó en entorno del ex mandatario. No era para menos. Centralmente dijeron que para tratar de salvarse, Nava estaba inventando historias del agrado de la fiscalía Lava – Jato y que no era más que un traidor.

LAS LONCHERAS DE LA CORRUPCIÓN

Según Nava, entre abril o mayo del año 2006 en plena campaña electoral, Barata se reunió con García, entre cinco a seis veces en el local de campaña, a eso de las cinco de la tarde. Elegante, siempre cargaba una lonchera del tipo escolar, en la que él pensaba que llevaba alimento especial por alguna dolencia.

Pero, no. Las loncheras no contenían comida, sino dinero en dólares. Y, en cinco oportunidades entregó a García esos envases, cada vez con 60 mil dólares.

Nava aseguró que, también durante la campaña, Luis Alva Castro, aproximadamente en marzo de 2006 invitó a García y a Barata a una cena en su vivienda de San Isidro. Después de que Barata se retiró, Alva entregó a AGP un maletín dejado por por el brasilero dentro del cual, según el propio García, había 150 mil dólares para la campaña.

Y, ya empezado el régimen, Barata entregó al entonces presidente, en Palacio de Gobierno, 60 mil dólares el 31 de diciembre de 2006; 600 mil dólares el 6 de abril de 2007 y 20 mil dólares el 27 de septiembre de 2007, dentro de loncheras o maletines. Durante una de las entregas, obsequió al presidente un reloj marca Rolex y otro Patek Phillippe. Nava negó: “Para mí nunca me ha dado dinero y las entregas anteriores nunca me las entregó a mí”. Lo extraño es que ante esta andanada de novedades, el fiscal Pérez no preguntó a Nava el origen de información monetaria tan detallada. ¿Cómo supo cuánto de dinero había en cada lonchera o maletín? ¿APG le dio esa información?

Solo reconoció haber recibido, en su casa, un maletín que llevó Barata. Narró: “Le pregunté qué había y me dijo que era un poco de dinero para García y que era un negocio que había hecho con él y que este último lo sabía. No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía una clave que el presidente sabía”. En Palacio entregó el maletín a su jefe.

Contó también que en una ocasión Barata entregó una mochila a su hijo, José Antonio Nava Mendiola, y le dijo que era dinero, pero su hijo nunca vio los billetes ni supo el monto, y que era para que él se lo entregara a Alan García.

Dijo que en algunas oportunidades, de las 19 veces que Barata visitó al presidente en Palacio, vio que García Pérez sacaba dólares de la lonchera o del maletín que había entregado Barata, para realizar algunos pagos.

En una ocasión, García le contó en modo coloquial que “él tenía con Jorge Barata una palabra clave que solamente ellos dos sabían y que, si uno de ellos la mencionaba, significaba que quería hablar en privado”.

En otra oportunidad García le instruyó que pidiera a Barata que “de su cuenta le entregara US$ 20,000 para gastos por su cumpleaños, el 23 de mayo de 2008. Cuando entregó la suma, AGP le dio dos mil dólares para comprar licores y otras cosas para el cumpleaños.

LA CUENTA DE ATALA

Nava negó también la acusación de Barata de que logró que Miguel Atala aceptara abrir una cuenta en Andorra. “Nunca le hablé a Miguel Atala de Jorge Barata, porque yo nunca los presenté”. Pero, no extendió su contradicción hacia el propio Atala, quien, entre otras cosas, en su confesión sincera también afirmó que fue Nava quien le propuso abrir la cuenta en la Banca Popular de Andorra. Nava también arguyó que es falso que él hubiera chantajeado a Barata indicándole que sabía de las coimas pagadas por Odebrecht a Toledo. Nunca recibió de él ni un centavo. Solo lo recibió en Palacio como visitante, dos veces: el 13 de setiembre de 2006 y el 21 de noviembre de 2007.

LA SUPUESTA CONVERSIÓN DE LA COIMA EN CASAS Y TERRENOS

Con toda seguridad, Nava le dio en la vena del gusto al fiscal Pérez Gómez al asegurar que con el dinero recibido de Barata, después de su segundo gobierno, Alan García compró “un terreno, entre los años 2012 o 2013, en Las Casuarinas ubicado en la Calle El Arenal, al costado del Predio número 250. Le llevó a ver el terreno. También llevó a su hijo, José Nava Mendiola, y al Ingeniero Luis Lui, para medir el lote porque había una piedra que había que dinamitar”. Después, AGP le entregó la minuta de compraventa por el terreno por US$ 250,000.00 Dólares, pero añadió ante el fiscal que el ex presidente le reveló que hubo un pago oculto de US$ 500,000.00 aproximadamente. Dijo que a pedido de AGP gestionó ante el Banco Continental un préstamo para construir en el terreno, ante el ejecutivo Guillermo Arana Lara. Pero, García se desistió de la operación por temor a que el impacto del escándalo del caso Ecoteva y la investigación en la megacomisión en el Congreso dirigiera las pesquisas hacia el tema del terreno. Nava dijo que no pudo retirar la minuta del Banco Continental. 

No hay información de que ante esta noticia criminal que suponía lavado de activos y defraudación tributaria, el fiscal Pérez Gómez haya abierto alguna investigación y en la información pública sobre el proceso de extinción de dominio de los bienes adquiridos en vida por AGP, no consta esta propiedad. Otro misterio sin resolver.  

LA CASA EN “LOS COCOS”

Nava reveló también que, en diciembre de 2008, se enteró de que AGP había comprado a nombre de su pareja, Roxanne Chessman, una vivienda en la playa del balneario “Los Cocos”, en Asia. Chessman aparece pagando US$120 mil por la propiedad a los esposos Raúl Villavicencio Pedraza y María Gabriela Bedoya Camere, a través de dos cheques de gerencia del Banco Interamericano de Finanzas (BIF) de US$60 mil cada uno.

Con la afirmación de Nava, el 20 de octubre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez inició investigación preliminar contra Cheesman Rajkovic bajo sospecha del delito de lavado de activos, en forma de conversión, al estar involucrada en la compra del predio en Las Casuarinas, la adquisición de un inmueble en el Club Lima Marina y de su casa de playa.

Ese mismo día allanó la casa de playa y se incautó documentos y otros. Dos días antes personal de la fiscalía constató en el Lima Marina Club, en la Costa Verde de Barranco, la existencia de un espacio ubicado dentro del muelle N°1, también adquirido en vida por AGP, hecho que también fue informado por Nava Guibert en su testimonio.

Cheesman rechazó la versión de Nava en un comunicado y justificó la compra de la casa playera con el dinero que percibió por la venta de otros inmuebles en Lima.

PAGO DE ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE ALAN EN EL EXTRANJERO

Nava reveló también que el presidente le “comentó que sus tres hijos Alan Raúl, Luciana y Gabriela del Pilar García Nores estudiaron, durante dos o tres años, en el extranjero en universidades privadas con un costo aproximado de US$ 60,000 anuales, aparte de todos los gastos personales de cada uno”.

ALAN RAÚL GARCIA NORES DESMIENTE

Alan Raúl García Nores desmintió con serenidad esta especie de mala sangre de Nava, ante el IDL- -Reporteros: “Fui becado por la Universidad de Nueva York con el 76%. Por ende, el único pago que le hice a la universidad fue de 11 mil dólares, y los pagué yo con un préstamo del Banco de Crédito. Mi esposa y yo sacamos un préstamo, con eso pagamos el costo de vida y la matrícula. El programa incluía estudios en simultáneo en la Universidad Nacional de Singapur. Nunca le he pagado a la Universidad de Singapur”.

Alan Raúl explicó que su hermana Luciana, “era primer puesto de la Universidad de Lima y ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que fue becada al 100 por ciento, más el costo de vida, por una beca que se llama Hauser, de la Universidad de Nueva York”. Gabriela, dijo que hizo su residencia en Nueva York. “Los médicos trabajan y eso le vale como residentado. A Ellos les pagan. Gabriela estuvo primero en Washington y luego en el hospital de Manhattan”.

Nava aseguró al fiscal que con 25 mil dólares sacados de las loncheras se pagó al “doctor Poggy” por una “operación” al cantante “Zambo” Cavero, muy amigo el presidente.

La confesión de Nava también incluye una descripción detallada de cómo García manejó la obra del tren eléctrico en estrecha coordinación con Jorge Barata a través de varias modificaciones normativas supervisadas por el brasilero.

LOS CHATS ENTRE CHESSMAN Y BARATA EL DÍA DEL SUICIDIO

A principios del año 2020, cuando el tema del suicidio del ex presidente AGP se iba diluyendo gradualmente en la agenda político - judicial del país, un hecho anecdótico lo repuso brevemente en la actualidad. La reportera Anuska Buenaluque publicó en Cuarto Poder, el 24 de febrero de ese año, la conversación por Whatsapp que sostuvieron la pareja de AGP, Roxanne Chessman y Jorge Barata, durante el intervalo entre el balazo mortal y la confirmación de la muerte del ex presidente.

Investigando otro caso de corrupción durante el segundo alanismo, Buenaluque había encontrado un chat de Chessman dentro de un grupo aprista, en el que ella, muy dolida por lo que había declarado Nava en su interrogatorio del 25 de setiembre, consultaba si era el momento adecuado de publicar su chat con Barata. Sus interlocutores virtuales le dijeron que, no. Pero, meses después, lo intrigante de este punto hizo que Buenaluque consiguiera toda la conversación que le fue entregada en versión impresa por Erasmo Reyna, otrora abogado de AGP, de parte de la propia Chessman.

El contenido de la conversación no pone ni quita sobre el caso judicial trunco de AGP. Chessman emplaza a Barata a que diga la verdad sobre AGP y él le responde que no ha hablado de él porque no tiene por qué hacerlo, que lo admiraba, respetaba y que no era su enemigo, pues lo eran otros. Ante la insistencia de Chessman, Barata le promete que hablará la verdad sobre el ex presidente en la próxima reunión en Curitiba. Termina la primera parte del diálogo y Chessman vuelve a escribirle minutos después para decirle que el ex presidente había muerto. Barata expresa su pésame y de nuevo ante la insistencia de Chessman de que diga la verdad, le dice que lo hará el 23 de abril.

El entorno partidario – legal del ex presidente desplegó entonces en los medios de prensa que el dicho de Barata a Chessman constituía una especie de certificado de inocencia del ex presidente, que confirmaba la proclama de éste de que había sido víctima de una persecución político- judicial. Quienes que seguían el caso, no vieron eso, puesto que Barata no cumplió su supuesta promesa de “limpiar” a AGP ante la fiscalía Lava – Jato, ya que, por el contrario, lo expuso como el lógico beneficiario de las coimas pagadas por la transoceánica sur y el tren eléctrico. El estridente fiscal Pérez, acusó ante la prensa a Chessman de obstruir la justicia al exigir a Barata que hablase sobre su pareja en determinado sentido. Y, ahí terminó esta anécdota que, por otra parte, confirmó que la cúpula de la corruptora transnacional que era Odebrecht, había decidido delatar a todos los presidentes que había coimeado en el Perú para conservar su buena salud.

NAVA RENUEVA SU CONTRAATAQUE CONTRA BARATA

Nava tenía que responder a un nuevo interrogatorio del fiscal Pérez Gómez el lunes 3 de febrero de 2020, pero no por los cargos en su contra, sino en condición de testigo en el caso de Toledo Manrique, por la presunta comisión de colusión y otros en los tramos 2 y 3 de la transoceánica sur. Pero la diligencia fue suspendida debido a que el fiscal debía de asistir al allanamiento del local de Fuerza Popular.

La defensa de Toledo había pedido la participación de Nava con la intención de que desmintiera la delación acusatoria de Jorge Barata sobre los sobornos pagados a Toledo.

Ante la suspensión del interrogatorio, Nava habló entonces con la plataforma IDL-Reporteros para reiterar que las acusaciones que Barata lanzó en Curitiba en su contra eran completamente falsas, producto de un acuerdo entre el brasilero y Alan García para inculparlo. Lo dijo en una forma un tanto extraña: “Yo creo que Alan García se puso de acuerdo con Barata no para joderme, sino para cuidarse”.

Con vehemencia reiteró que nunca invitó a su casa de playa a Barata en 2006 y tampoco fue sin invitación y que no existió pacto de pago ni pago alguno de Barata a él.

En cambio, con García el corruptor se reunió 23 veces e hizo 22 viajes. En 2007 ya García visitaba a Barata en su casa, en Montículo 160, La Planicie, como sucedió el 29 de septiembre de 2007.

Se enteró de lo que contenían las loncheras que Barata le entregaba a García cuando el método de pagos subrepticios al cash ya estaba en pleno curso.

¿Cuándo me entero?”, se preguntó y se respondió que fue entre abril y mayo de 2006, durante la segunda vuelta electoral. “En una de las visitas, Barata estaba conversando con Alan, quien me preguntó qué tenía agendado para el viernes. Tenía un mitin y me dijo que agende un almuerzo para ellos dos. Barata dejó su lonchera al irse. Yo le dije, señor Barata, está dejando su lonchera. Se miraron, me miraron, y se rieron los dos. Y Barata se fue. Alan la abrió y me dijo, es platita para la campaña. Había 60 mil dólares”.

Nava aseguró que tiene un testigo que ha visto que Jorge Barata también llevaba las loncheras a la casa de García.

Luego se preguntó: “Si Barata dice que lo chantajeé por lo de Toledo, ¿por qué no se lo contó a Alan en uno de sus 22 viajes?, y agregó, “El 24 de abril de 2019 dijo que me pagó para lograr mi silencio. ¿Ante quién el silencio, si ya dijo antes que sabía que Maiman había hablado con García? Entonces, ¿qué silencio estaba comprando? Nunca hablé con Barata sobre Toledo”.

En consecuencia, Nava esta seguro de que Barata se vengó acusándolo en Curitiba, pues recuerda que el propio Alan García le avisó de que irían por el. “En diciembre de 2017 Alan me llama y me dice: ¿te acuerdas de Coimbra? (un publicista). Me dicen, dice Alan, que me van a cuidar, pero te van a echar a ti, porque te has portado mal con Barata y él tiene que echar a alguien”. Poco después, García le dijo a su hijo José Antonio que los de Odebrecht iban a echarlo con la versión del chantaje por las coimas a Toledo y repitió eso a varios otros, pero no los nombró.

Según Nava tuvo un choque con Barata en 2009, cuando éste le pidió a Alan que lo ayude a ganar lo de la planta de Taboada. Se presentó y perdió. Le habló a Alan y este lo mandó a Consucode y perdió de nuevo. Como Alan no le contestaba le buscó y se puso caprichoso, malcriado. Discutieron hasta llegar a expresiones soeces. Y se fue diciéndole, “ya vas a ver”.

¿Quien dice la verdad? Tal vez en el próximo juicio oral se sepa eso, o tal vez quede como misterio sin resolver. Esperemos

EPILOGO

CASO TREN: JORGE CUBA HIDALGO Y OTROS

El 24 de julio de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 21 años y 8 meses de prisión efectiva al ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, por el soborno qu recibió por el tren eléctrico. Pero, días antes, el 20 de julio, Cuba fugó al extranjero por Tumbes, pues no tenía ningún impedimento para hacerlo. Se presume que esta escondido en Estados Unidos.

Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos, también fueron condenados a 21 años y 8 meses de cárcel.

A Santiago Chau Novoa, le dictaron 18 años y 4 meses tras las rejas.

Miguel Ángel Navarro Portugal recibió la condena de 16 años de prisión.

A Víctor Muñoz Cuba, le impusieron 13 años y 4 meses de carcel.

Magdalena Bravo Espinoza y Jesús Wilfredo Uribe Tapia fueron beneficiados con penas de 5 años de prisión suspendida por 4 años bajo cumplimiento de reglas de conducta.

Jessica Tejada también fue absuelta.

Como triste resultado real y concreto de este caso de mega corrupción, de los otros condenados a carcelería, solo Luyo Barrientos sigue en la cárcel. Los demás: Huerta Minaya, Chau Novoa, Navarro Portugal y Muñoz Cuba, fugaron y están no habidos

La sentencia ha sido apelada por la fiscalía y por los condenados.

Todos los condenados por colusión deberán pagar 12 millones de soles como reparación civil al estado. Además, los condenados por lavado de activos, tendrán que pagar una reparación civil de 12 millones de dólares.

CASO TREN: LUIS NAVA GUIBERT Y OTROS

El 19 de marzo de 2025 el fiscal Pérez Gómez, requirió al sexto juzgado nacional de investigación preparatoria, el control de acusación del caso “Tren Eléctrico”, contra Luis Nava Guibert, Enrique Cornejo Ramírez y otros.

El fiscal pide una pena de 30 años de cárcel contra Nava Guibert, 21 años para Enrique Javier Cornejo Ramírez y otras penas contra otros 10 acusados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado.

La acusación también comprende a dos personas jurídicas que habrían sido instrumentalizadas para la comisión del delito de lavado de activos.

Los hechos de colusión agravada están referidos a los tramos 1 (Puente Atocongo – Av. Grau) y 2 (Av. Grau-San Juan de Lurigancho) del Proyecto Tren Eléctrico, en el periodo del 2009 al 2011, durante el gobierno de Alan García.

Con relación con el delito de lavado de activos, hay dos hechos: el primero está vinculado al delito proveniente de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para los codinomes ‘Bandido’ y ‘Chalán’ y el segundo respecto a la presunta entrega de más de un millón de dólares americanos al expresidente García Pérez.

El 6 de junio de 2023, la Tercera Sala Penal Nacional de Apelaciones ordenó acumular en un solo expediente las carpetas 7-2017 y 5-2017. La primera contiene la investigación sobre el origen ilícito del dinero que luego fue lavado en los hechos de la carpeta 5-2017 para regresar a la carpeta 7-2017 con la distribución a sus beneficiarios finales.

El sexto juzgado nacional contra la corrupción de funcionarios, lleva adelante desde el 5 de setiembre la vista virtual de control de acusación del caso Tren Eléctrico, contra 14 procesados, en condición de caso complejo al acumular más de 184 000 folios.

El expediente es el N.º 00043-2018-126-5001-JR-PE-02 y el procedimiento corre a cargo de juez de investigación preparatoria: Leodan Cristóbal Ayala.

CASO TREN: RAÚL TORRES Y OSWALDO PLASCENCIA

El 9 de agosto de 2025, en un tercer proceso por el tren eléctrico, la fiscal adjunta Meryl Felicitas Huamán Altamirano, del Equipo Especial Lava Jato, también presentó acusación contra los ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, Raúl Torres Trujillo (exdirector de Provías Nacional) y Oswaldo Plascencia Contreras (exdirector de la AATE), por colusión en agravio del Estado en el caso tren eléctrico.

Para Torres solicita 10 años y seis meses de prisión, mientras que para Plascencia, quien también fue asesor de Cornejo, pide 21 años. Los hechos investigados corresponden a los procesos de licitación 03-2009 y 01-2011 para los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del tren eléctrico, adjudicados al Consorcio Tren Eléctrico Lima (Odebrecht Perú y GyM S.A.).

EXTINCIÓN DE DOMINIO SOBRE BIENES ADQUIRIDOS POR AGP

Con base en declaraciones de Luis Nava Guibert sobre sobornos pagados por Odebrecht a AGP, a través de Jorge Barata, el Ministerio Público inició el correspondiente proceso de extinción de dominio para recuperar los bienes que, supuestamente, el ex presidente había adquirido con recursos ilegales.

El proceso está en el expediente 00185-2019-2-5404-JR-ED-01, respecto al cual, el MP consiguió una medida cautelar para garantizar que la casa de Miraflores; un muelle con en la marina húmeda de un club y créditos ascendentes a US$. 840,874.61 y otros bienes, no sean enajenados por los herederos. La sucesión Alan García apeló la cautelar;

Sin embargo, el 28 de setiembre de 2020, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima, rechazó por unanimidad la apelación presentada por Pilar Nores de García así como por sus hijos Carla, Josefina, Gabriela y Alan Simón García.

FIN