RECORDANDO SIN IRA

TERCERA PARTE - FINAL

EL «CASO CÓCTELES» EN EL TC:

LIBERTAD TOTAL O JUZGAMIENTO

DE KEIKO FUJIMORI

ELMER OLORTEGUI

GUERRA LEGAL SIN CUARTEL

Lo que siguió en el «Caso Cócteles» fue un kilométrico e intenso conflicto judicial sin cuartel con victorias y derrotas parciales para ambas partes, pero con una acentuada acción del keikismo de obstrucción de la justicia.

El 7 de octubre, con evidente apoyo de gente del ministerio del interior, se dio a la fuga el “hermanito mayor”, el vocal supremo César Hinostroza, por Tumbes, llevándose toda la historia de su colusión con la “Sra K” y todas sus historias de corrupción con los “Cuellos Blancos del Puerto”.

Al examinar la apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la “Sala Sahuanay”, anuló la orden de detención preliminar de KFH y de todos sus coinvestigados.

El Ministerio Público replicó recusando a la Segunda Sala Penal y solicitó que se apartara del caso por carencia de imparcialidad y porque estaba integrada por la vocal María León Yarango, relacionada con el prófugo César Hinostroza. A su vez, la defensa de KFH, recusó al juez Concepción Carhuancho.

Por su parte, el fiscal Pérez Gómez concluyó su investigación preliminar, abrió la etapa preparatoria y aplicando su plan estratégico solicitó al juez Concepción Carhuancho la prisión preventiva de KFH y 11 presuntos cómplices en lavado de activos: Vicente Ignacio Silva Checa, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Hertz Garfias, Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Bedoya Camere; Adriana Tarazona Martínez, Carmela Paucará Paxi, Jorge Yoshiyama Sasaki, Luis Alberto Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

Fue una réplica contundente al Keikismo y a la Segunda Sala o “Sala Sahuanay” que, de nuevo, puso el vilo al país. Las audiencias sobre la prisión preventiva empezaron el miércoles 24 de octubre de 2018 .

¿PRUEBA DE LOS 500 MIL DÓLARES?

En el expediente de este trámite, el fiscal Pérez incluyó un correo electrónico, dos órdenes de pago y tres estados de cuenta del Credicorp Bank de Panamá recibidos días antes de la abogada de Odebrecht en el Perú, Lourdes Carreño Carcelén.

El correo electrónico, del 27 de abril de 2011, dos semanas después de la primera vuelta electoral de ese año, contenía el pedido de Jorge Barata de los US$ 500 mil que Marcelo Odebrecht le había autorizado aumentar a Keiko, para su campaña en marcha, respecto al primer medio millón de dólares que ya había sido entregado.

Con su clave U002@fox.com, Barata le pidió a U0046@fox.com, Ubiraci Chávez Santos, pagador de operaciones no contabilizadas de Odebrecht:

“Por favor, programa las siguientes transferencias (todas para el 2/5/2011): US$ 518,134.72 (CAMPANHA NAC. 2) (ESCRIT. DS). Datos bancarios: Bank: CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMÁ. Swift: CRLDPAPA. Benefeciary name: CONSTRUMAQ SAC. Account nr. 4010206154”.

La ruta del dinero fue: el 2 de mayo de 2011, la offshore Select Engineering Consulting and Service, transfirió a Construmaq SAC, de Lima, US$ 200 mil y el 5 de ese mes completó el monto solicitado por Barata transfiriendo a la misma Construmaq US$ 318,134. 72. Construmaq SAC es una empresa de Gonzalo Monteverde Busalleu y de su esposa, María Isabel Carmona, ambos prófugos en el caso Lava – Jato Perú. Su firma fue usada intensamente por Odebrecht para transferir a Perú fondos ilícitos procedentes de la Caja 2. Construmaq completó la entrega a Barata, en Lima, y el dicho de éste a la fiscalía cierra la ruta del medio millón con su entrega a Luis Bedoya Cámere en el propio despacho del brasilero en San Isidro.

El desbande keikista

En medio de la guerra judicial el presidente del Congreso, el entonces keikista Daniel Salaverry pidió licencia en su militancia partidaria, indefinidamente iniciando un desbande de la bancada que de 72 miembros se redujo a 56. La jefa, ensayando una increíble propuesta política de poner fin a la confrontación, de iniciar un diálogo nacional para la unión y reconstrucción, destituyó a las voceras de su bancada, desactivó los órganos del partido y nombró al congresista Miguel Torres como presidente de un comité de emergencia que en tres meses debía de reorganizarlo. Nadie le “dió bola”. Todos estaban concentrados en su audiencia de prisión preventiva.

PRISIÓN PREVENTIVA A CUENTA GOTAS

Los 200 mil dólares para Radioprogramas

El 24 de octubre del 2018, al fundamentar su pedido de prisión por 36 meses y en la parte de “Disposición de dinero de origen desconocido”, el fiscal José Domingo Pérez, reveló que días antes, uno de los dueños de Radioprogramas del Perú, Hugo Delgado Nachtigall, había declarado que el 17 de mayo de 2011, en el local de la emisora, José Chlimper le entregó US$ 210,000, en efectivo, para nuevos gastos de la campaña por la segunda vuelta electoral, hasta el 5 de junio de 2011. FP adeudaba a RPP solo S/ 35,000.

Delgado contó que hizo que sus subalternos Juan Urquiaga Salazar e Ismael Kivaki Calderón y Fiorella Gensollén contaran el dinero y lo guardaron en una bóveda. En 2012 Delgado le dijo a Chlimpler que del dinero entregado no quedaba nada por devolver.

El mismo día de la revelación, Climper lo negó todo, vía Whatsap y de inmediato renunció al cargo de secretario general de Fuerza Popular.

El juez Concepción Carhuancho puso a debate extenso, farragoso y aburrido los casos de KFH, Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama (en ausencia) y de Ana Hertz, sin tomar decisión alguna.

Pero, el 31 de octubre, al empezar el turno de Augusto Bedoya Cámere. leyó durante ocho horas los fundamentos de su decisión de decretar prisión preventiva por 36 meses para KFH.

Al día siguiente, “Día de difuntos”, KFH fue internada en el Penal Anexo de Chorrillos, cárcel que había sido construida durante el primer régimen de su padre en 1992 para el encierro de mujeres terroristas y ocupó el mismo ambiente en el cual, la ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón, había purgado nueve meses de carcelería previa, también en el marco de su caso de lavado de activos por los US$3 millones que el PNP habría recibido de Odebrecht. Ironías de la vida.

LA GRAN ACUMULACIÓN DEL «CASO CÓCTELES»

Mientras KFH apelaba su carcelería, la guerra sin cuartel siguió con la decisión del fiscal Pérez Gómez de acumular en una sola, cuatro carpetas fiscales sobre: i) “Aportes falsos - campaña 2011”, ii) “Anotación y aporte de Odebrecht para la campaña 2011”, iii) Rifas, cenas y cócteles campaña 2011 y iv) Los cócteles de la campaña 2016, esta última como evidencia de la “permanencia en el tiempo” de la supuesta organización criminal keikista.

Hay quienes piensan que Pérez Gomez no tuvo en cuenta el refrán: “quien mucho abarca, poco aprieta”, por lo que creen que esta acumulación es la causa de sus múltiples yerros en la acusación.

Por entonces, el congresista keikista por Amazonas, Miguel Castro Grandez, como testigo protegido, había declarado ante la fiscalía que él y sus familiares también fueron falsos donadores de dinero para Fuerza 2011. Pero, como su caso, fue aireado por el fiscal en una audiencia, se retractó.

Un revés para la fiscalía y el segundo juzgado fue el rechazo por parte de la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones de la recusación a la Segunda Sala por parte del Ministerio Público, porque el recurso había sido presentado por el fiscal superior Rafael Vela Barba, fuera del plazo de ley. Entonces, la “Sala Sahuanay” quedó habilitada entonces para seguir viendo el «Caso Cócteles».

No obstante, el sábado 10 de noviembre, el juez Concepción mandó a prisión preventiva por 36 meses al abogado keikista Vicente Silva Checa.

LA CONFESIÓN SINCERA DE YOSHIYAMA SASAKI

A mediados de noviembre, la situación de los investigados se complicó más. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ausente Jaime Yoshiyama Tanaka, se había acogido a un proceso de confesión sincera por lo que solicitó al juez Concepción que dispusiera para él comparecencia restringida y el pago de una caución de 50 mil soles

En audiencia, el fiscal Pérez leyó parte de la confesión. En el verano de 2011, su tío lo llevó a su dormitorio y de una caja fuerte extrajo US$100,000 los puso en una bolsa de plástico junto con recibos de aportaciones al partido Fuerza Popular y el número de la cuenta partidaria en el Scotia Bank, con el encargo de que los depositara a nombre de sus amigos de confianza, en cantidades menores a US$ 10,000 para evitar registros bancarios. El fiscal Pérez dió su conformidad hacia el pedido de benevolencia por parte de Yoshiyama Sasaki.

Actuando en pared, el portal IDL-Reporteros, difundió poco después la versión completa de Jorge Yoshiyama según la cual, entre marzo y junio del 2011, ayudó a su tío a introducir al sistema bancario unos US$ 800,000, a través de una red de amigos, entre ellos el procesado Giancarlo Bertini Vivanco y otros. Años después, cuando la fiscalía empezó a investigar el caso, trató sin éxito de ayudarlos a que mantuviesen su versión de aportantes.

LA APARICIÓN DE UN MECENAS DESDE EL MÁS ALLÁ.

Como parte del incidente y con cara de que “aquí no pasa nada”, Humberto Abanto Verástegui, abogado de Jaime Yoshiyama terció para informar que su defendido le había dicho desde Miami que lo dicho por su sobrino es verdad. Pero, aclaró que los US$ 800,000 no provinieron de Odebrecht sino de un mecenas peruano a quien podría identificar si la fiscalía lo interrogaba en EE.UU. y que, además, el manejo de este fondo no fue de conocimiento de Keiko Fujimori, de Ana Hertz ni de Pier Figari.

Como parte de este plan de “lavado de cara”, el keikismo remachó en la prensa que Yoshiyama había manejado ese dinero sin conocimiento de KFH. Pero, nadie lo creyó, dado el verticalismo institucional, la sumisión total de los keikistas a su jefa.

Posteriormente, el defensor de Yoshiyama, aumentó la dádiva del misterioso mecenas a US$ 1’000,000, de supuesto origen lícito de sus operaciones económicas no radicadas en Perú, por lo cual no existía en ese caso nada de lavado de activos.

El 15 de noviembre, el juez Concepción envió a prisión preventiva, también por 36 meses a Pier Figari y a Ana Hertz y al día siguiente le tocó el turno a Luis Mejía Lecca.Contra Jaime Yoshiyama Sasaki, dictó comparecencia restringida, impedimento de salida del país por 36 meses y el pago de una caución de S/ 500 mil.

El 24 de noviembre, ordenó prisión preventiva por 36 meses contra el ausente Jaime Yoshiyama Tanaka y dispuso su ubicación y captura internacional. Contra Augusto Bedoya Cámere, ordenó comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 36 meses.

En ese trance, desde Miami, el prófugo Jaime Yoshiyama Tanaka, reveló al programa de TV Cuatro Poder, que el empresario Juan Rassmuss Echecopar, fallecido en 2016, fue quien le entregó, en efectivo y en secreto, un millonario monto de dinero para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016. No supo decir el monto total de la dádiva, pero insistió en excluir a KFH de toda responsabilidad por el manejo de ese dinero, en que se trató de dinero lícito y que, en consecuencia, no había realizado lavado de activos. Tampoco aportó prueba alguna de su dicho.

Los antikeikistas recibieron la historia Rassmus con gran incredulidad, desconfianza, sospecha y burla extendida. Los propios keikistas reaccionaron con un notorio silencio,

En las redes sociales, hubo una proliferación de “memes”, Gif, textos, audios imágenes y todas sus combinaciones posibles ridiculizando, zahiriendo y burlándose del cuento Rassmuss.

Con gran sinceridad, Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, aceptó que carecían de pruebas, por lo que buscarían testigos y documentos bancarios de la ruta del dinero que habría llegado al Callao mediante envíos secretos entre agencias de seguridad, sin ninguna certeza de que pudiesen hallarlos.

Ratificación de la prisión preventiva

La sala Sahuanay resolvió las apelaciones contra la prisión preventiva el 3 de enero, ratificando en todos sus extremos la orden contra KFH, Jime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari Mendoza, Luis Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

Mantuvo la medida punitiva contra la Fujimori por fundados y graves elementos de convicción de la comisión del delito de lavado de activos mediante organización criminal y porque su conducta representaba gran peligro de obstaculización de la actividad probatoria y alto riesgo procesal, aun sin que existiera peligro de fuga.

El tribunal revocó la prisión preventiva contra Vicente Silva Checa y Ana Hertz Garfias. Los fallos fueron dictados por unanimidad, por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe

En consecuencia, ya sin mayores dificultades procesales en el horizonte el fiscal Pérez Gómez quedó expedito para completar la fase preparatoria y presentar acusación formal para juicio oral.

La confesión de un falso benefactor desde EE.UU.

En ese contexto y si de más pruebas se trataba, el domingo 13 de enero del 2019, el empresario Juan Luna Frisancho, investigado por el equipo Lava Jato, reveló dede EEUU. al programa de TV Punto Final que recibió un sobre con US$ 65,000 en efectivo, en Lima, en una oficina de la calle Bucaré, para que simulara una donación de su ONG LVF Liberty Institute a la campaña de Fuerza Popular del año 2016. Pero, luego de pensarlo mejor, devolvió la suma a Jorge Yoshiyama Sasaki, de quien sabia estaba muy vinculado a la operación.

También contó que en 2015 dio US$ 40,000 en préstamo a FP, vía Yoshiyama Sasaki pero se negaron a devolverle arguyendo que se trató de un aporte a la campaña.

Dijo que conocía la gran avidez de KFH por el dinero pues en una reunión en Dallas ese mismo año, le preguntó qué necesita para triunfar, pensando en ideas para el plan de gobierno o proyectos de desarrollo del Perú. Pero, ella le respondió secamente que necesitaba dinero.

DERRIBAN AL JUEZ CONCEPCIÓN

Dos días después de la confesión pública de Juan Luna Frisancho, el 15 de enero de 2019, la Sala Sahuanay (César Sahuanay Calsín, Jessica León Yarango e Iván Quispe Auca) por decisión unánime y con gran conmoción pública, apartó de la investigación del Caso Cócteles al juez Richard Concepción Carhuancho, declarando procedente la recusación presentada por el prófugo Jaime Yoshiyama Tanaka, arguyendo falta de imparcialidad.

En términos de la correlación de las fuerzas políticas en pugna, corrupción – anticorrupción, la caída del juez Concepción pareció como una clara respuesta de las fuerzas oscuras, a la ratificación de la prisión preventiva de KFH, a la dimisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y a la pérdida por parte del de la alianza Keikoaprista del control absoluto del Poder Legislativo pero, sobre todo, como una seria amenaza a la crucial aprobación del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht y sus ejecutivos con sus consiguientes delaciones premiadas.

Procesalmente, por sorteo aleatorio, el «Caso Cócteles» pasaría a uno de los otros tres jueces de investigación preparatoria de la Corte Nacional Especial para delitos de corrupción y crimen organizado. Después de una breve pugna judicial, descartes y serios impedimentos, el 13 de marzo de 2019, la Sala Sahuanay, aceptando la inhibición de la jueza Elizabeth Arias, dispuso que la continuación de la investigación pasara al juez que saliera sorteado entre los magistrados Santos Benites Burgos y Víctor Zúñiga Urday. El ganador fue el segundo.

Tres días antes, el 10 de marzo, Jaime Yoshiyama Tanaka, tras su regresó a Lima fue internado en el penal Castro Castro, de San Juan de Lurigancho.

LA BATALLA SUPREMA CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA.

A la Sala Suprema Penal Permanente, presidida por el vocal supremo César San Martín, le tocó ver los recursos de casación contra la prisión preventiva del «Caso Cócteles» que estaba cumpliendo. No obstante, como era seguro que San Martín declinaría, su reemplazo sería el vocal Aldo Figueroa Navarro, apodado “Alma Fina” junto con los otros integrantes del tribunal, los jueces Hugo Príncipe, Iván Sequeiros y Zavina Chávez.

Pero, como Figueroa Navarro, resultó implicado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, se inhibió en medio de una guerrilla el keikismo y la fiscalía para liberar a su jefa.

El pleno casatorio fue programado para el 5 de julio de 2019, a cargo del tribunal conformado por los magistrados, Hugo Príncipe, Iván Sequeiros, Zavina Chávez, Jorge Castañeda e Iris Estela Pacheco.

No obstante, el conflicto se trasladó al mismo Ministerio Público. El fiscal supremo, Víctor Rodríguez Monteza, involucrado en el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, resultó encargado de fundamentar la prisión preventiva en la casación. Rodríguez Monteza sorprendió a todos.

Dos días antes de la audiencia, hizo público que no asistiría pues había enviado su posición a la sala en un documento de 52 páginas, planteando la revocatoria de todas las órdenes de prisión preventiva, en frontal contradicción con el criterio original de su propia institución. Si era necesario enviaría a un ayudante suyo. El adjunto de Rodríguez, Alcides Chinchay, anunció públicamente que, si su jefe le ordenaba reemplazarlo en la audiencia, se negaría de plano porque no compartía su posición y sería incapaz de sustentarla.

Ante semejante situación, los observadores dedujeron de nuevo una inminente victoria del keikismo en la suprema. Pero, para contrarrestarla el IDL-Reporteros, evidentemente en coordinación con los antikeikistas del MP y del PJ, difundió en la víspera, dos grabaciones legales de conversaciones ocurridas el 2018, la primera, entre el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y el miembro de la Sala de casación, Jorge Castañeda y, la segunda, con el vocal supremo provisional, Manuel Quintanilla.

De los diálogos, quedaba clara una estrecha relación entre Hinostroza y Castañeda, pero la conversación entre Hinostroza y Quintanilla, el 1 de julio de 2018, indica que el trio acordó, coordinó y realizó acciones sobre uno o varios asuntos misteriosos, pero altamente lesivos.

Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, la Sala Suprema Penal Permanente abrió su sesión con caras largas y sin la presencia de ningún representante del Ministerio Público. Todo fue rápido. La relatora dio cuenta y leyó el oficio mediante el cual, el vocal supremo Jorge Castañeda solicitaba inhibirse, debido a la información difundida horas antes y que ponía en duda su imparcialidad en el caso.

Ante ese hecho, la presidencia con el acuerdo de los demás vocales decidió suspender la audiencia, hasta resolver el pedido de Castañeda y elegir a su sucesor.

Las caras, por supuesto, se hicieron más largas cuando, horas después, se supo que el presidente del Poder Judicial, José Lecaros, había aceptado la renuncia irrevocable del vocal supremo provisional Manuel Quintanilla, como consecuencia de la difusión de su conversación con Hinostroza.

La primera casación 358 – 2019, sobre prisión preventiva.

El 12 de setiembre 2019, la Sala Suprema Penal Permanente, en el expediente de casación 358 – 2019, decretó: rebajar el plazo de prisión preventiva de KFH, Jaime Yoshiyama y Pier Figari a 18 meses. Mandaron para Luis Mejía Lecca comparecencia restringida y pago de caución de S/ 100,000 e impedimento de salida del país por18 meses.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional declaró fundada la

demanda de Habeas Corpus interpuesta en favor de KFH por su hermana Sachie, disponiendo la inmediata libertad de la recluida a partir del 29 de noviembre del 2019.

Ante esto, el 9 de diciembre del mismo año, el fiscal José Pérez amplió los fundamentos del requerimiento de prisión preventiva y el 20 y 24 de diciembre presentó al juez Victor Zuñiga nuevos elementos de convicción que acreditarían los fundamentos de su nuevo requerimiento, de tal modo que el 28 de enero de 2020 el magistrado aprobó el requerimiento fiscal, disponiendo nuevamente la reclusión de KFH por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia, por el plazo de quince meses. KFH interpuso apelación.

Al revisar la nueva orden de prisión preventiva, el 17 de abril de 2020, la Segunda Sala Penal de Apelaciones la anuló y ordenó su inmediata libertad quedando sometida solo a comparecencia restringida. 

KFH salió de prisión el 4 de mayo de 2020 en plena pandemia de la COVID - 19. El Ministerio Público interpuso recurso de casación. El 23 de junio de 2022, al revisar el caso en el expediente de casación 580 – 2020, la Sala Suprema Penal Permanente, rechazó la pretensión del Ministerio Público y confirmó la comparecencia con restricciones para la jefa del keikismo.

El resto, está por verse.

FIN