RECORDANDO SIN IRA
SEGUNDA PARTE
EL «CASO CÓCTELES» EN EL TC:
LIBERTAD TOTAL O JUZGAMIENTO
DE KEIKO FUJIMORI
ELMER OLORTEGUI
LOS INDICADORES DE LA ORIENTACIÓN DEL FALLO
Los observadores tirios y troyanos del caso, apuestan a que el fallo tienen más posibilidades de ser favorable a la jefa del keikismo, con graves consecuencias para los procesos en marcha del mega casa Lava Jato – Perú, el mayor escándalo de gran corrupción en el país, durante el presente siglo XXI.
Consideran como indicadores del favorecimiento a KFH a las sentencias previas del TC sobre Arsenio Oré Guardia y José Chlimper Ackerman y la seguidilla de 19 correcciones de errores cometidos por el fiscal Pérez Gómez en su acusación, yerros que dieron lugar a sucesivos rechazos de parte del juez a cargo del procedimiento de control de acusación.
LA HISTORIA DEL «CASO CÓCTELES»
Aparte de los ex presidentes, el sentenciado Alejandro Toledo, el extinto Alan García, el también sentenciado Ollanta Humala y Pedro Kuzcinski, hay también muy implicado en el mega caso Lava Jato - Perú un conjunto de líderes políticos, altos funcionarios, empresarios privados y otros operadores.
Entre ellos, el personaje político más importante es Keiko Fujimori Higushi. hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori y de la ex legisladora Susana Higushi. En los hechos, ella es la heredera del legado ideológico de extremismo liberal y de gestión preñada de gran corrupción de su padre.
LÍDER DEL ANTIVOTO, LA SEMPITERNA PERDEDORA
Irónicamente, tras la debacle del fujimorismo que muchos pensaron causaría su desaparición del tablero político nacional, KFH logró relanzar la tendencia hasta convertirse en cabeza del partido político nacional mejor organizado, aglutinando una representación aproximada de entre el 15 y el 20 por ciento del electorado militante.
Sin embargo, su éxito organizativo solo pudo convertirse en tres sucesivos fracasos electorales en los últimos 15 años durante los comicios de 2011, 2016 y 2021, en los que en segunda vuelta, el país la rechazó con un antivoto consistente, sin que importara quien era su rival, lo cual expresa un fuerte rechazo de la mayoría del electorado a lo que ella representa.
A pesar de sus fracasos en pos de la presidencia de la república, el país recibió una fuerte dosis de su pobre capacidad de gestión pública como directora de la acción de su abrumadora mayoría en el Congreso del periodo 2016 - 2019, durante el cual se dedicó con ahínco a desarrollar una oposición obstruccionista y vengativa contra quien le había ganado la presidencia, Pedro Kuzcynski, impulsado dos procesos de vacancia.
Hoy, mientras hace uso de su notoria influencia parlamentaria, en alianza con otros grupos de derecha e izquierda y, sobre todo, con el Gobierno de Dina Boluarte, para tratar de intervenir en los otros poderes del estado y en instituciones constitucionalmente independientes como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, con el objetivo principal de evadir la cárcel por su responsabilidad en el «Caso Cócteles», se mantiene como aspirante a la presidencia de la república respecto a los comicios generales del año 2026.
No obstante para saber qué es el «Caso Cócteles», es necesario notar que, al abrirse el caso Lava Jato Perú con base en la confesión de sobornos de la empresa Odebrecht conocida en diciembre de 2016, ella ni su partido aparecieron vinculados.
La primera investigación “Falsos aportantes - 2011”
Lo problemas judiciales de KFH comenzaron antes del estallido del caso Lava Jato – Perú, con la investigación preliminar sobre “Falsos aportantes - 2011” de fondos en la campaña ese año. La carpeta fue abierta bajo sospecha de solo el delito de corrupción de funcionarios por la Décimo Sexta Fiscalía Penal de Lima, en octubre de 2015, sobre el hecho de que la ONPE había detectado falsos benefactores a la caja del partido keikista Fuerza 2011.
Este pequeño caso dormía el sueño de los justos, cuando el 15 de mayo de 2017, el ex CEO Marcelo Odebrchet, confirmó en Brasil ante el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche (quien aún no pertenecía al equipo Lava Jato), que su empresa, como parte de su política de conseguir contratos apoyaba las campañas electorales de todos los candidatos que tenían opción de ganar o de compartir el ejercicio del poder en sus países.
Así que en este contexto, en el proceso electoral del 2011, habían entregado US$ 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala, a pedido y por cuenta del Partido de los Trabajadores del Brasil con fondos procedentes de la corrupción y agregó que también habían apoyado a Keiko Fujimori y al Partido Aprista.
Odebrecht, contó al fiscal que como su representante en el Perú, Jorge Barata, le había dicho que la dádiva tan grande a Humala le iba a ocasionar problemas, especialmente con el partido de Keiko Fujimori, le autorizó a que aumentara el apoyo a ella. Pero, como no recordaba más, sugirió que preguntasen los pormenores a Jorge Barata: “Barata sabe, pregunten a Barata”, recomendó.
La segunda investigación, “Caso Cócteles”.
El primigenio Caso Cócteles - Carpeta: 12-2016, fue una investigación preliminar abierta el 8 de marzo del 2016 por el fiscal de lavado de activos Germán Suárez Atoche, por sospechas de lavado con la recaudación de los cócteles organizados durante la campaña presidencial del 2016.
Inicialmente, la Fiscalía escarbó lo recaudado en 3 cócteles de ese año. Pero, luego la pesquisa fue ampliada a un total de 8 cócteles y una cena que Fuerza Popular realizó en las campañas 2011 y 2016.
Cócteles de la campaña 2011
2) 23 de mayo; se realizó en el chifa Ming Yin, de San Isidro, con ingresos por S/. 350 mil,
3) 30 de mayo; fue en la calle Batallón Callao 150, en Chacarilla del Estanque, con ingresos por S/ 1'029.527.
FP también realizó una cena el 26 de enero de ese año, en Las Laderas 420 de la urbanización Las Casuarinas, en la que se recaudó S/ 246,711.00
El partido reportó un total de S/ 2.6 millones de recaudación mediante este procedimiento respecto a un ingreso total por poco más de S/17 millones, provenientes de distintas fuentes.
Cócteles de la campaña 2016
5) 21 de diciembre de 2015; reunió S/. 710, 419.00
5) 16 de febrero 2016; recaudó S/. 884,991.11,
6) 29 de marzo; la suma recaudada fue de S/547,710.88
7) 10 de mayo; reunió S/.806,395.83
8) 24 de mayo; el monto fue S/.1’434,073.90
La recaudación mediante estos cócteles sumó S/. 4’383,591.64.
La investigación también incluyó el aporte de la ONG LVF Liberty Institute realizado en diciembre del 2015 por S/. 220,608.00 y comprende a Keiko Fujimori Higushi, a su esposo Mark Vitto y a la organización política Fuerza Popular.
Del despacho de Germán Atoche, el 16 de setiembre de 2017, esta investigación pasó al fiscal José Domingo Pérez quien, el 28 de ese mes, decidió seguirla junto con la de “Aportantes falsos 2011”, bajo la ley de crimen organizado, el nuevo Código Procesal Penal y por un nuevo plazo de investigación de 36 meses. Pero el Segundo Jugado de Investigación Preparatoria rechazó el cambio arguyendo que no cumplía los requisitos legales y, más aun, el 17 de noviembre del mismo año, atendiendo a un pedido de control de plazo de Keiko Fujimori y de su esposo Mark Vitto, dio por concluida la etapa de investigación preliminar del caso cócteles y otorgó a la fiscalía diez días de plazo para que decidiera pasar a investigación preparatoria o archivarlo. El Fiscal Pérez, apeló el fallo.
La tercera investigación “Anotación - aporte de Odebrecht 2011”
A pesar de la revelación directa contra KFH y el Apra y que un mes después, el 23 de junio de 2017, IDL- Reporteros publicó en Lima la hoy famosa anotación de 2010 en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht hallada por la policía brasilera: “Aumentar a Keiko a 500 eu fazer visita”, el fiscal Atoche recién abrió la carpeta de investigación preliminar “Anotación - aporte de Odebrecht 2011” contra Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular, a fines de agosto de 2017 y no avanzó mucho alegando que tenía mucha carga procesal vinculada a la investigación de los Humala Heredia.
Ante eso, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso el 4 de setiembre que las carpetas sobre “Falsos aportes 2011” y “Anotación - aporte de Odebrecht 2011”, pasaran al despacho del fiscal José Domingo Pérez, entonces titular de la segunda fiscalía corporativa de lavado de activos.
EL PITUFEO Y OTRAS MAÑAS
Rápidamente sobre el caso más antiguo “Falsos aportes 2011”, Pérez Gómez identificó a 16 personas con pocos recursos dinerarios, residentes en Nueva Cajamarca y Rioja, en el departamento de San Martín que, extrañamente, habían aportado una misma suma: S/ 13,845.00, en la misma fecha, 18 de marzo de 2011, en momentos sucesivos, en el mismo banco. Una coincidencia casi inverosímil.
En el grupo figuraban: Segundo Crisanto Pulache, de Nueva Cajamarca, Nolberto Rimarachín Díaz (ex alcalde fujimorista de nueva Cajamarca), Ytalo Ulises Pachas Quiñones (también dirigente fujimorista local), Niczer Romero Villalobos, Jorge Becerra, Guzmán Rimarachín y su esposa Gregoria Vela y el hijo de ambos, Yoni Guzmán, Irma Carranza Montenegro, María Delgado Saucedo, así como Jean Maze Cam, de Moyobamba.
Sospechando que los casos aportes falsos y aporte de Odebrecht para la campaña electoral del 2011 estaban vinculados, el fiscal Pérez Gómez interrogó a Marcelo Odebrech el 9 de noviembre de 2017, en Curitiba, Brasil. MO confesó que la anotación, “Aumentar 500 a Keiko eu fazer visita”, indicaba que su empresa había financiado parte de la campaña presidencial 2011 de Keiko Fujimori. Y, para sorpresa nacional, esta vez añadió que no solo había apoyado a la de ella y a la de Ollanta Humala, sino también a las de Alejandro Toledo y de Pedro Kuzcynski, volviendo a recomendar que preguntasen los detalles a Jorge Barata. A pesar de esto Pérez Gómez no tomó acción inmediata contra la jefa de Fuerza Popular.
Ocurrió entonces que del grupo “lavandero” de San Martín, a principios de diciembre de 2017, Segundo Crisanto Pulache, reveló al fiscal que varios operadores del keikismo habían ido hasta San Martín a presionar para que los investigados mantuvieran su versión de que hicieron los depósitos por su cuenta. Pero, lo más importante de su confesión fue que el legislador sanmartinense de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, les dio el dinero para los depósitos fraccionados.
ALLANAMIENTOS CON DESHERRAJE E INCAUTACIÓN DE PRUEBAS
Crisanto se convirtió entonces en testigo protegido y con base en sus declaraciones y la correspondiente autorización judicial, el 7 diciembre, el fiscal Pérez allanó los locales de Fuerza Popular, de Paseo Colón y en la calle Morochucos, de Surco. Congresistas keikistas intentaron coaccionarlo sin éxito.
El fiscal se incautó ordenadores, otros dispositivos de soporte de data electrónica y abundante documentación partidaria sobre el financiamiento de las campañas 2011 y 2016, bajo la sospecha de que Fuerza Popular había realizado una "contabilidad paralela" en la campaña 2011, para ocultar el dinero ilícito aportado por Odebrecht.
Después, también allanó las viviendas de los dirigentes keikistas de San Martín, Nolberto Rimarachín Díaz e Ytalo Ulises Pachas Quiñones, así como el 18 de diciembre intervino la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se incautó la documentación sobre las cuentas del keikismo para las campañas del 2011 y 2016.
En enero del 2018, Pérez Gómez interrogó al ex secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama y al ex secretario de Economía, Augusto Bedoya Cámere.
2011: LA DELACIÓN DE BARATA DE LA DÁDIVA DE ODEBRECHT
La investigación de Pérez recibió un gran impulso cuando el 28 de febrero de 2018, en Curitiba, Brasil, el ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, confirmando el dicho de su jefe, “Barata sabe, pregunten a Barata”, confesó que en la campaña electoral peruana de los años 2010 - 2011, la constructora Odebrecht realizó un verdadero festival de regalos electorales:
Al ex presidente Alejandro Toledo le dio US$ 700 mil, a través de Abraham Dan On; a Pedro Kuzcynski, US$ 300 mil, mediante Susana de la Puente; y, a Ollanta Humala, US$ 3 millones; en este último caso por cuenta del Partido de los Trabajadores del Brasil, no ligado a entrega de obras. También dijo que en la campaña 2006 dio US$ 200 mil para la candidatura de Alan García Pérez, a través del dirigente aprista Luis Alva Castro.
Sobre Keiko Fujimori dijo que en aquella campaña, ella era su favorita para ganar los comicios. Por eso, a mediados del 2010, luego de coordinaciones telefónicas, entregó personalmente y en efectivo US$ 500,000 a Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general de Fuerza 2011, en una casa de la calle Octavio Espinoza 220, de San Isidro, de propiedad desconocida para él, pero que resultó ser la residencia del ex ministro fujimorista Issac Goldemberg. Posteriormente, la fiscalía confirmó el contacto telefónico previo Barata – Yoshiyama.
Debido a que le cayó muy mal que su jefe Marcelo Odebrecht le ordenara dar a Ollanta Humala US$ 3 millones, consiguió que le autorizara entregar US$500,000 más a su candidata favorita, cosa que hizo entre diciembre de 2010 y enero de 2011, en su propia oficina de la avenida Basadre, en San Isidro, a Augusto Bedoya Cámere, entonces secretario de economía de Fuerza 2011.
A pedido de Bedoya Cámere, Barata también dio a la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), US$ 200,000 adicionales, para financiar una campaña publicitaria contra Humala, como enemigo de la inversión privada, poco antes de la segunda vuelta electoral. El ex presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño Villena entregó al fiscal Pérez copia del acta de recepción del dinero de Odebreht, corroborando así parte de la narración de Barata.
A pesar de la revelación del brasilero, KFH y los demás implicados negaron de plano sus dichos. Después, Pérez Gómez allanó las viviendas de Yoshiyama y de Bedoya y consiguió que no pudieran salir del país por 18 meses. Pero, nada más.
El 10 de abril de 2018 la Primera Sala Penal de Apelaciones, anuló el fallo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró finalizado el plazo de la investigación del “Caso Cocteles”, lo que permitió al fiscal seguir adelante por 36 meses en el marco de la ley de organización criminal.
En respuesta, los implicados emprendieron dos líneas de acción para bloquear el avance de Pérez Gómez. La primera: Jaime Yoshiyama pediría la acumulación de las investigaciones sobre “Falsos Aportantes 2011” y “Anotación y aporte de Odebrecht 2011” porque constituían un mismo tema, a fin de liquidar el tiempo de investigación, pues al unificarse los casos, su origen sería el del más antiguo que databa del 2015.
Esta maniobra fracasó porque, tanto el Segundo Juzgado de Investigación de Preparación Nacional (abril de 2018) como la Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional (5 de octubre de 2018) rechazaron la pretensión, porque por ley los casos en etapa preliminar no podían ser acumulados.
La segunda línea: KFH y su esposo, así como Fuerza Popular irían ante la Corte Suprema con recursos de casación, contra el fallo adverso de la Primera Sala Penal de Apelaciones, poniendo toda la carne en el asador para asegurar un fallo favorable. Este trámite siguió un curso dramático que tuvo gran impacto en la vida política del país.
EL MANEJO DE LA SALA PENAL SUPREMA PERMANENTE
Ocurrió entonces que los dos casos más importantes de gran corrupción, en lo que va del siglo XXI en el Perú: Lava Jato -Perú y CNM Audios - Cuellos Blancos del Puerto, se entrelazaron, teniendo como vasos comunicantes a políticos y empresarios keikistas y de otros tintes políticos.
El empresario Antonio Camayo Valverde declaró como aspirante a colaborador eficaz en el Caso CNM Audios – Cuellos blancos, que a pedido de su amigo el congresista keikista Héctor Becerril, de gran confianza de KFH, le consiguió una reunión con el vocal supremo César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria.
Después de la cita, Hinostroza le contó que se había reunido con Keiko Fujimori a principios de mayo de 2018. Respecto a lo que ocurrió después Camayo especuló con que se habrían coludido para que el tribunal de Hinostroza admitiese los recursos de casación de ella y de FP y los resolviese a favor de los apelantes, a cambio de un probable ascenso de Hinostroza a presidente del Poder Judicial, en su momento.
En efecto, después de la reunión Keiko – Hinostroza, la sala de éste vocal admitió velozmente en 10 días, los recursos y programó su resolución para el 24 de julio de 2018.
Pero, el entarimado se vino abajo con la revelación, el 7 de julio, del escándalo nacional “CNM Audios”, una de cuyas piezas iniciales fue la difusión de la grabación de la llamada telefónica del empresario Camayo a Hinostroza en la que le pide una nueva reunión con “la Señora K”, la de la “Fuerza número 1”. La situación se agravó con el descubrimiento, a través de los “CNM Audios”, de los latrocinios de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
En medio de semejante crisis, el 15 de setiembre, los recursos de casación de Keiko Fujimori y Fuerza Popular fueron traslados a la Primera Sala Suprema Penal Permanente.
Estando en caso al voto, el 4 de octubre el Congreso destituyó a los cuatro integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Orlando Velásquez, Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera, así como también el juez supremo César Hinostroza Pariachi. Todos fueron inhabilitados hasta por diez años para la función pública y fueron acusados por delitos de corrupción ante el Poder Judicial. Solo en el caso del ex vocal supremo Hinostroza, se ordenó que sea juzgado como miembro de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
A estas alturas, el fiscal Pérez Gómez, percibiendo que el pro keikista Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry planeaba liquidarlo y advirtiendo un alto riesgo de que la Corte Suprema derribara sus investigaciones del caso Keiko, decidió jugarse el todo por el todo.
Con gran reserva solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho la detención preliminar de Keiko Fujimori y de sus presuntos cómplices en lavado de activos y, antes de que se ejecutara la medida, viajó a Chihuaha, México a disertar en un seminario sobre corrupción de funcionarios.
LA GRAN REDADA CONTRA EL KEIKISMO
El juez, dictó la orden punitiva el 10 de octubre de 2018, contra 19 personas una parte radicada en Lima y la otra en San Martín, en la víspera de que la Sala Suprema emitiera su fallo sobre las casaciones. La vida cambió para Keiko Fujimori y una treintena de sus partidarios más cercanos.
La detuvieron en el vestíbulo del Ministerio Público del jirón Lampa cuando acompañaba a su esposo a su interrogatorio en el despacho de Pérez Gómez.
Además de ella, del grupo de Lima fueron arrestados, Bedoya Cámere, Adriana Tarazona Martínez, Daniel Mellado Correa, Luis Mejía Lecca y Erick Matto Monge. Todos fueron internados en las instalaciones de la Policía, en la avenida España. De Yoshiyama se supo que en la madrugada el 7 de octubre había viajado a Miami, para una intervención quirúrgica a uno de sus ojos. Se escondieron, Ángela Bautista Zeremelco, Jorge Yoshiyama Sasaki, Giancarlo Bertini Vivanco, Patrizia Coppero del Valle y Erick Matto Monge.
Del grupo samartinense, fueron arrestados y trasladados a Lima: Walter Rengifo Saavedra, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo y Aurora Torrejón Riva, ex legisladora fujimorista y gerente de Desarrollo Social, ambos funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, Liz Documet Manrique, Pedro Abel Velayarse Llanos, Liulith Sánchez Bardalez, Mayra Castañón Dávila y Rafael del Castillo Reátegui.
En Lima ni en Tarapoto, la Policía no pudo aprehender a Marizol Valles Chong, esposa del congresista fujimorista Rolando Reátegui, pues se hizo humo, al igual que Ytalo Pachas Quiñones, Aurora Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra.
En Lima, la televisión machacó entonces al público con un torrente de secuencias del arresto de KFH, con su vestimenta casual, cubriéndose las manos esposadas hacia adelante con su propia chompa azul, con un semblante demudado, la mirada ida, casi en shock. Con mayor claridad, el impacto personal del trance pudo notarse cuando en la tarde la llevaron ante el juez para control de identidad. Alguien la grabó con un celular caminando un largo trecho en el sótano del juzgado, hacia el elevador. Era la patética imagen del árbol caído, una vivencia que quizá ella nunca había calculado que podría ocurrir.
Fallos de las Casaciones
No obstante, lloviendo sobre mojado sobre la lideresa del keikismo, al día siguiente, 11 de octubre del 2018, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, sobre la casación 528 -2018, falló declarando infundados los recursos de casación de ella y de su esposo Mark Vitto, sobre la extinción del plazo del «Caso Cócteles». Posteriormente ocurrió lo mismo con la casación interpuesta por el partido Fuerza Popular, a pesar del gran poder intervencionista que los keikistas ejercían en los poderes legislativo y judicial.
Mientras tanto en el curso de la redada antikeikista, en tanto los presos apelaban la detención preliminar, el fiscal Pérez Gómez, allanó las viviendas de la mayoría de los afectados en Lima, Tarapoto, Moyobamba y Nueva Cajamarca.
El congreso logró salvar al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry de su acusación constitucional en el caso CNM Audios, lo cual le dió valor para despedir a la secretaria de Gómez Pérez, en abierta represalia y anunciar que despediría al díscolo fiscal en la primera oportunidad que se presentara.
Los quebrados
El domingo siguiente a las detenciones, a través del dominical televisivo Cuarto Poder, Patrizia Coppero del Valle, ex esposa de Giancarlo Bertini Vivanco – ambos supuestos cómplices de KFH - declaró que el aporte de más de 79 mil soles que hizo a la campaña de Fujimori en 2011, no provino de su patrimonio y fue realizado con su firma por su ex esposo a pedido de Jorge Yoshiyama Sakaki – sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka –, y a través del detenido Daniel Mellado Correa.
En el cuadro judicial del caso, Patrizia Coppero y su ex esposo son considerados falsos aportantes, ella de S/.79,656 y él de S/. 171,575, según reportes de Fuerza 2011 a la ONPE.
Daniel Mellado realizó 86 depósitos por un total de US$ 458, 073 para la campaña de KFH, sin poder demostrar el origen del dinero ni su capacidad para tenerlo, por lo que la fiscalía sospecha que depositó dinero ilícito canalizado por Jorge Yoshiyama y Bertini Vivanco.
LA DELACIÓN DEL CONGRESISTA KEIKISTA ROLANDO REÁTEGUI.
El segundo quiebre, importante y decisivo para la fiscalía, ocurrió el sábado 13. En total reserva y por sus propios pies, el congresista keikista Rolando Reátegui Flores se presentó ante el equipo Lava Jato y como testigo protegido, comenzó a dar información de grueso calibre sobre la cúpula de Fuerza 2011 y el trasiego de fondos ilegales en el departamento de San Martín, durante la campaña 2011. Le asignaron la clave TP 2017- 55- 3, manteniendo su identidad en secreto.
LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL KEIKISTA
Reátegui reveló las entrañas de la presunta organización criminal de KFH dentro del partido FP, de su estructura y su modus operandi en la campaña 2011, para la introducción subrepticia de los fondos ilícitos del partido en los informes financieros ante la ONPE.
El resumen: un petit comité, cúpula o núcleo duro que operaba fuera de los estatutos de Fuerza 2011 concentraba el poder real. Estaba formado por Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, asesor oculto, Pier Figari Mendoza y Ana Hertz Garfias, estos dos últimos eran también miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Este núcleo duro se reunía todos los lunes en la mañana y tomaba las decisiones que en la tarde imponían a la Comisión Política. Los acuerdos de la comisión eran transmitidas todos los martes en la noche a los miembros de la bancada keikista en el Congreso.
Para ejecutar decisiones económicas, financieras y contables, el núcleo duro se valía de la tesorera alterna del partido, Adriana Tarazona Martínez, vinculada a KFH desde cuando se desempeñó como primera dama en el régimen de su padre. Para operaciones especiales de organización, empleaban al personero legal de FP, Luis Mejía Lecca y para asuntos administrativos o de contactos, a la secretaria privada de KFH, Carmela Paucará Paxi.
Sobre el manejo de dinero, Reátegui Flores, contó que la cúpula lo convocó en enero del 2011 por orden de KFH. Pier Figari le explicó que el partido tenía fondos provenientes de personas y empresas que no deseaban figurar como aportantes, para que pudiesen contratar con el Estado sin problemas, en caso de que FP ganase las elecciones. Para solucionar eso, KFH le ordenó que debiera conseguir en San Martín, personas amigas, de confianza, para que asumieran parte de los aportes.
Así, entre enero y marzo de 2011, Adriana Tarazona Martínez, le entregó un total de US$ 100,000 que él, a través de la organización keikista sanmatinense fraccionó o “pitufeó” haciendo participar en la operación a su esposa, a otros familiares, a varios empleados de sus empresas, amigos y militantes de FP. Indudablemente, él y sus encargados cometieron una serie de errores que permitieron después la detección de la maniobra.
Con esta información, la noche del lunes 15 de octubre cuando participaban en una marcha de solidaridad hacia su líder apresada, fueron detenidos los asesores keikistas, Pier Figari Mendoza y Ana Hertz, Vicente Silva Checa y la secretaria privada de KFH, Carmela Paucará Paxi, con mandato de allanamiento de sus viviendas por cuarenta y ocho horas para incautación de evidencias.
En una carta pública del 23 de octubre de 2018, Rolando Reátegui Flores, aceptó que había decidido cooperar con la justicia porque se habían roto los lazos de lealtad recíproca entre él y KFH. Y, porque su esposa, Marisol Valles Chong, otros parientes, varios empleados de sus empresas y un conjunto de militantes y simpatizantes del fujimorismo de las ciudades de Tarapoto, Nueva Cajamarca, Moyobamba y Rioja, que habían apoyado a FP, habían sido dejados a su suerte en la investigación del caso.
SIGUE LA TERCERA PARTE
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