RECORDANDO SIN IRA

TERCERA PARTE - FINAL

EL «CASO CÓCTELES» EN EL TC:

LIBERTAD TOTAL O JUZGAMIENTO

DE KEIKO FUJIMORI

ELMER OLORTEGUI

GUERRA LEGAL SIN CUARTEL

Lo que siguió en el «Caso Cócteles» fue un kilométrico e intenso conflicto judicial sin cuartel con victorias y derrotas parciales para ambas partes, pero con una acentuada acción del keikismo de obstrucción de la justicia.

El 7 de octubre, con evidente apoyo de gente del ministerio del interior, se dio a la fuga el “hermanito mayor”, el vocal supremo César Hinostroza, por Tumbes, llevándose toda la historia de su colusión con la “Sra K” y todas sus historias de corrupción con los “Cuellos Blancos del Puerto”.

Al examinar la apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la “Sala Sahuanay”, anuló la orden de detención preliminar de KFH y de todos sus coinvestigados.

El Ministerio Público replicó recusando a la Segunda Sala Penal y solicitó que se apartara del caso por carencia de imparcialidad y porque estaba integrada por la vocal María León Yarango, relacionada con el prófugo César Hinostroza. A su vez, la defensa de KFH, recusó al juez Concepción Carhuancho.

Por su parte, el fiscal Pérez Gómez concluyó su investigación preliminar, abrió la etapa preparatoria y aplicando su plan estratégico solicitó al juez Concepción Carhuancho la prisión preventiva de KFH y 11 presuntos cómplices en lavado de activos: Vicente Ignacio Silva Checa, Pier Paolo Figari Mendoza, Ana Hertz Garfias, Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Bedoya Camere; Adriana Tarazona Martínez, Carmela Paucará Paxi, Jorge Yoshiyama Sasaki, Luis Alberto Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

Fue una réplica contundente al Keikismo y a la Segunda Sala o “Sala Sahuanay” que, de nuevo, puso el vilo al país. Las audiencias sobre la prisión preventiva empezaron el miércoles 24 de octubre de 2018 .

¿PRUEBA DE LOS 500 MIL DÓLARES?

En el expediente de este trámite, el fiscal Pérez incluyó un correo electrónico, dos órdenes de pago y tres estados de cuenta del Credicorp Bank de Panamá recibidos días antes de la abogada de Odebrecht en el Perú, Lourdes Carreño Carcelén.

El correo electrónico, del 27 de abril de 2011, dos semanas después de la primera vuelta electoral de ese año, contenía el pedido de Jorge Barata de los US$ 500 mil que Marcelo Odebrecht le había autorizado aumentar a Keiko, para su campaña en marcha, respecto al primer medio millón de dólares que ya había sido entregado.

Con su clave U002@fox.com, Barata le pidió a U0046@fox.com, Ubiraci Chávez Santos, pagador de operaciones no contabilizadas de Odebrecht:

“Por favor, programa las siguientes transferencias (todas para el 2/5/2011): US$ 518,134.72 (CAMPANHA NAC. 2) (ESCRIT. DS). Datos bancarios: Bank: CREDICORP BANK PANAMA, REP. DE PANAMÁ. Swift: CRLDPAPA. Benefeciary name: CONSTRUMAQ SAC. Account nr. 4010206154”.

La ruta del dinero fue: el 2 de mayo de 2011, la offshore Select Engineering Consulting and Service, transfirió a Construmaq SAC, de Lima, US$ 200 mil y el 5 de ese mes completó el monto solicitado por Barata transfiriendo a la misma Construmaq US$ 318,134. 72. Construmaq SAC es una empresa de Gonzalo Monteverde Busalleu y de su esposa, María Isabel Carmona, ambos prófugos en el caso Lava – Jato Perú. Su firma fue usada intensamente por Odebrecht para transferir a Perú fondos ilícitos procedentes de la Caja 2. Construmaq completó la entrega a Barata, en Lima, y el dicho de éste a la fiscalía cierra la ruta del medio millón con su entrega a Luis Bedoya Cámere en el propio despacho del brasilero en San Isidro.

El desbande keikista

En medio de la guerra judicial el presidente del Congreso, el entonces keikista Daniel Salaverry pidió licencia en su militancia partidaria, indefinidamente iniciando un desbande de la bancada que de 72 miembros se redujo a 56. La jefa, ensayando una increíble propuesta política de poner fin a la confrontación, de iniciar un diálogo nacional para la unión y reconstrucción, destituyó a las voceras de su bancada, desactivó los órganos del partido y nombró al congresista Miguel Torres como presidente de un comité de emergencia que en tres meses debía de reorganizarlo. Nadie le “dió bola”. Todos estaban concentrados en su audiencia de prisión preventiva.

PRISIÓN PREVENTIVA A CUENTA GOTAS

Los 200 mil dólares para Radioprogramas

El 24 de octubre del 2018, al fundamentar su pedido de prisión por 36 meses y en la parte de “Disposición de dinero de origen desconocido”, el fiscal José Domingo Pérez, reveló que días antes, uno de los dueños de Radioprogramas del Perú, Hugo Delgado Nachtigall, había declarado que el 17 de mayo de 2011, en el local de la emisora, José Chlimper le entregó US$ 210,000, en efectivo, para nuevos gastos de la campaña por la segunda vuelta electoral, hasta el 5 de junio de 2011. FP adeudaba a RPP solo S/ 35,000.

Delgado contó que hizo que sus subalternos Juan Urquiaga Salazar e Ismael Kivaki Calderón y Fiorella Gensollén contaran el dinero y lo guardaron en una bóveda. En 2012 Delgado le dijo a Chlimpler que del dinero entregado no quedaba nada por devolver.

El mismo día de la revelación, Climper lo negó todo, vía Whatsap y de inmediato renunció al cargo de secretario general de Fuerza Popular.

El juez Concepción Carhuancho puso a debate extenso, farragoso y aburrido los casos de KFH, Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Jaime Yoshiyama (en ausencia) y de Ana Hertz, sin tomar decisión alguna.

Pero, el 31 de octubre, al empezar el turno de Augusto Bedoya Cámere. leyó durante ocho horas los fundamentos de su decisión de decretar prisión preventiva por 36 meses para KFH.

Al día siguiente, “Día de difuntos”, KFH fue internada en el Penal Anexo de Chorrillos, cárcel que había sido construida durante el primer régimen de su padre en 1992 para el encierro de mujeres terroristas y ocupó el mismo ambiente en el cual, la ex primera dama, Nadine Heredia Alarcón, había purgado nueve meses de carcelería previa, también en el marco de su caso de lavado de activos por los US$3 millones que el PNP habría recibido de Odebrecht. Ironías de la vida.

LA GRAN ACUMULACIÓN DEL «CASO CÓCTELES»

Mientras KFH apelaba su carcelería, la guerra sin cuartel siguió con la decisión del fiscal Pérez Gómez de acumular en una sola, cuatro carpetas fiscales sobre: i) “Aportes falsos - campaña 2011”, ii) “Anotación y aporte de Odebrecht para la campaña 2011”, iii) Rifas, cenas y cócteles campaña 2011 y iv) Los cócteles de la campaña 2016, esta última como evidencia de la “permanencia en el tiempo” de la supuesta organización criminal keikista.

Hay quienes piensan que Pérez Gomez no tuvo en cuenta el refrán: “quien mucho abarca, poco aprieta”, por lo que creen que esta acumulación es la causa de sus múltiples yerros en la acusación.

Por entonces, el congresista keikista por Amazonas, Miguel Castro Grandez, como testigo protegido, había declarado ante la fiscalía que él y sus familiares también fueron falsos donadores de dinero para Fuerza 2011. Pero, como su caso, fue aireado por el fiscal en una audiencia, se retractó.

Un revés para la fiscalía y el segundo juzgado fue el rechazo por parte de la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones de la recusación a la Segunda Sala por parte del Ministerio Público, porque el recurso había sido presentado por el fiscal superior Rafael Vela Barba, fuera del plazo de ley. Entonces, la “Sala Sahuanay” quedó habilitada entonces para seguir viendo el «Caso Cócteles».

No obstante, el sábado 10 de noviembre, el juez Concepción mandó a prisión preventiva por 36 meses al abogado keikista Vicente Silva Checa.

LA CONFESIÓN SINCERA DE YOSHIYAMA SASAKI

A mediados de noviembre, la situación de los investigados se complicó más. Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ausente Jaime Yoshiyama Tanaka, se había acogido a un proceso de confesión sincera por lo que solicitó al juez Concepción que dispusiera para él comparecencia restringida y el pago de una caución de 50 mil soles

En audiencia, el fiscal Pérez leyó parte de la confesión. En el verano de 2011, su tío lo llevó a su dormitorio y de una caja fuerte extrajo US$100,000 los puso en una bolsa de plástico junto con recibos de aportaciones al partido Fuerza Popular y el número de la cuenta partidaria en el Scotia Bank, con el encargo de que los depositara a nombre de sus amigos de confianza, en cantidades menores a US$ 10,000 para evitar registros bancarios. El fiscal Pérez dió su conformidad hacia el pedido de benevolencia por parte de Yoshiyama Sasaki.

Actuando en pared, el portal IDL-Reporteros, difundió poco después la versión completa de Jorge Yoshiyama según la cual, entre marzo y junio del 2011, ayudó a su tío a introducir al sistema bancario unos US$ 800,000, a través de una red de amigos, entre ellos el procesado Giancarlo Bertini Vivanco y otros. Años después, cuando la fiscalía empezó a investigar el caso, trató sin éxito de ayudarlos a que mantuviesen su versión de aportantes.

LA APARICIÓN DE UN MECENAS DESDE EL MÁS ALLÁ.

Como parte del incidente y con cara de que “aquí no pasa nada”, Humberto Abanto Verástegui, abogado de Jaime Yoshiyama terció para informar que su defendido le había dicho desde Miami que lo dicho por su sobrino es verdad. Pero, aclaró que los US$ 800,000 no provinieron de Odebrecht sino de un mecenas peruano a quien podría identificar si la fiscalía lo interrogaba en EE.UU. y que, además, el manejo de este fondo no fue de conocimiento de Keiko Fujimori, de Ana Hertz ni de Pier Figari.

Como parte de este plan de “lavado de cara”, el keikismo remachó en la prensa que Yoshiyama había manejado ese dinero sin conocimiento de KFH. Pero, nadie lo creyó, dado el verticalismo institucional, la sumisión total de los keikistas a su jefa.

Posteriormente, el defensor de Yoshiyama, aumentó la dádiva del misterioso mecenas a US$ 1’000,000, de supuesto origen lícito de sus operaciones económicas no radicadas en Perú, por lo cual no existía en ese caso nada de lavado de activos.

El 15 de noviembre, el juez Concepción envió a prisión preventiva, también por 36 meses a Pier Figari y a Ana Hertz y al día siguiente le tocó el turno a Luis Mejía Lecca.Contra Jaime Yoshiyama Sasaki, dictó comparecencia restringida, impedimento de salida del país por 36 meses y el pago de una caución de S/ 500 mil.

El 24 de noviembre, ordenó prisión preventiva por 36 meses contra el ausente Jaime Yoshiyama Tanaka y dispuso su ubicación y captura internacional. Contra Augusto Bedoya Cámere, ordenó comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 36 meses.

En ese trance, desde Miami, el prófugo Jaime Yoshiyama Tanaka, reveló al programa de TV Cuatro Poder, que el empresario Juan Rassmuss Echecopar, fallecido en 2016, fue quien le entregó, en efectivo y en secreto, un millonario monto de dinero para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016. No supo decir el monto total de la dádiva, pero insistió en excluir a KFH de toda responsabilidad por el manejo de ese dinero, en que se trató de dinero lícito y que, en consecuencia, no había realizado lavado de activos. Tampoco aportó prueba alguna de su dicho.

Los antikeikistas recibieron la historia Rassmus con gran incredulidad, desconfianza, sospecha y burla extendida. Los propios keikistas reaccionaron con un notorio silencio,

En las redes sociales, hubo una proliferación de “memes”, Gif, textos, audios imágenes y todas sus combinaciones posibles ridiculizando, zahiriendo y burlándose del cuento Rassmuss.

Con gran sinceridad, Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, aceptó que carecían de pruebas, por lo que buscarían testigos y documentos bancarios de la ruta del dinero que habría llegado al Callao mediante envíos secretos entre agencias de seguridad, sin ninguna certeza de que pudiesen hallarlos.

Ratificación de la prisión preventiva

La sala Sahuanay resolvió las apelaciones contra la prisión preventiva el 3 de enero, ratificando en todos sus extremos la orden contra KFH, Jime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari Mendoza, Luis Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

Mantuvo la medida punitiva contra la Fujimori por fundados y graves elementos de convicción de la comisión del delito de lavado de activos mediante organización criminal y porque su conducta representaba gran peligro de obstaculización de la actividad probatoria y alto riesgo procesal, aun sin que existiera peligro de fuga.

El tribunal revocó la prisión preventiva contra Vicente Silva Checa y Ana Hertz Garfias. Los fallos fueron dictados por unanimidad, por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe

En consecuencia, ya sin mayores dificultades procesales en el horizonte el fiscal Pérez Gómez quedó expedito para completar la fase preparatoria y presentar acusación formal para juicio oral.

La confesión de un falso benefactor desde EE.UU.

En ese contexto y si de más pruebas se trataba, el domingo 13 de enero del 2019, el empresario Juan Luna Frisancho, investigado por el equipo Lava Jato, reveló dede EEUU. al programa de TV Punto Final que recibió un sobre con US$ 65,000 en efectivo, en Lima, en una oficina de la calle Bucaré, para que simulara una donación de su ONG LVF Liberty Institute a la campaña de Fuerza Popular del año 2016. Pero, luego de pensarlo mejor, devolvió la suma a Jorge Yoshiyama Sasaki, de quien sabia estaba muy vinculado a la operación.

También contó que en 2015 dio US$ 40,000 en préstamo a FP, vía Yoshiyama Sasaki pero se negaron a devolverle arguyendo que se trató de un aporte a la campaña.

Dijo que conocía la gran avidez de KFH por el dinero pues en una reunión en Dallas ese mismo año, le preguntó qué necesita para triunfar, pensando en ideas para el plan de gobierno o proyectos de desarrollo del Perú. Pero, ella le respondió secamente que necesitaba dinero.

DERRIBAN AL JUEZ CONCEPCIÓN

Dos días después de la confesión pública de Juan Luna Frisancho, el 15 de enero de 2019, la Sala Sahuanay (César Sahuanay Calsín, Jessica León Yarango e Iván Quispe Auca) por decisión unánime y con gran conmoción pública, apartó de la investigación del Caso Cócteles al juez Richard Concepción Carhuancho, declarando procedente la recusación presentada por el prófugo Jaime Yoshiyama Tanaka, arguyendo falta de imparcialidad.

En términos de la correlación de las fuerzas políticas en pugna, corrupción – anticorrupción, la caída del juez Concepción pareció como una clara respuesta de las fuerzas oscuras, a la ratificación de la prisión preventiva de KFH, a la dimisión del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y a la pérdida por parte del de la alianza Keikoaprista del control absoluto del Poder Legislativo pero, sobre todo, como una seria amenaza a la crucial aprobación del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht y sus ejecutivos con sus consiguientes delaciones premiadas.

Procesalmente, por sorteo aleatorio, el «Caso Cócteles» pasaría a uno de los otros tres jueces de investigación preparatoria de la Corte Nacional Especial para delitos de corrupción y crimen organizado. Después de una breve pugna judicial, descartes y serios impedimentos, el 13 de marzo de 2019, la Sala Sahuanay, aceptando la inhibición de la jueza Elizabeth Arias, dispuso que la continuación de la investigación pasara al juez que saliera sorteado entre los magistrados Santos Benites Burgos y Víctor Zúñiga Urday. El ganador fue el segundo.

Tres días antes, el 10 de marzo, Jaime Yoshiyama Tanaka, tras su regresó a Lima fue internado en el penal Castro Castro, de San Juan de Lurigancho.

LA BATALLA SUPREMA CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA.

A la Sala Suprema Penal Permanente, presidida por el vocal supremo César San Martín, le tocó ver los recursos de casación contra la prisión preventiva del «Caso Cócteles» que estaba cumpliendo. No obstante, como era seguro que San Martín declinaría, su reemplazo sería el vocal Aldo Figueroa Navarro, apodado “Alma Fina” junto con los otros integrantes del tribunal, los jueces Hugo Príncipe, Iván Sequeiros y Zavina Chávez.

Pero, como Figueroa Navarro, resultó implicado en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, se inhibió en medio de una guerrilla el keikismo y la fiscalía para liberar a su jefa.

El pleno casatorio fue programado para el 5 de julio de 2019, a cargo del tribunal conformado por los magistrados, Hugo Príncipe, Iván Sequeiros, Zavina Chávez, Jorge Castañeda e Iris Estela Pacheco.

No obstante, el conflicto se trasladó al mismo Ministerio Público. El fiscal supremo, Víctor Rodríguez Monteza, involucrado en el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, resultó encargado de fundamentar la prisión preventiva en la casación. Rodríguez Monteza sorprendió a todos.

Dos días antes de la audiencia, hizo público que no asistiría pues había enviado su posición a la sala en un documento de 52 páginas, planteando la revocatoria de todas las órdenes de prisión preventiva, en frontal contradicción con el criterio original de su propia institución. Si era necesario enviaría a un ayudante suyo. El adjunto de Rodríguez, Alcides Chinchay, anunció públicamente que, si su jefe le ordenaba reemplazarlo en la audiencia, se negaría de plano porque no compartía su posición y sería incapaz de sustentarla.

Ante semejante situación, los observadores dedujeron de nuevo una inminente victoria del keikismo en la suprema. Pero, para contrarrestarla el IDL-Reporteros, evidentemente en coordinación con los antikeikistas del MP y del PJ, difundió en la víspera, dos grabaciones legales de conversaciones ocurridas el 2018, la primera, entre el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y el miembro de la Sala de casación, Jorge Castañeda y, la segunda, con el vocal supremo provisional, Manuel Quintanilla.

De los diálogos, quedaba clara una estrecha relación entre Hinostroza y Castañeda, pero la conversación entre Hinostroza y Quintanilla, el 1 de julio de 2018, indica que el trio acordó, coordinó y realizó acciones sobre uno o varios asuntos misteriosos, pero altamente lesivos.

Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, la Sala Suprema Penal Permanente abrió su sesión con caras largas y sin la presencia de ningún representante del Ministerio Público. Todo fue rápido. La relatora dio cuenta y leyó el oficio mediante el cual, el vocal supremo Jorge Castañeda solicitaba inhibirse, debido a la información difundida horas antes y que ponía en duda su imparcialidad en el caso.

Ante ese hecho, la presidencia con el acuerdo de los demás vocales decidió suspender la audiencia, hasta resolver el pedido de Castañeda y elegir a su sucesor.

Las caras, por supuesto, se hicieron más largas cuando, horas después, se supo que el presidente del Poder Judicial, José Lecaros, había aceptado la renuncia irrevocable del vocal supremo provisional Manuel Quintanilla, como consecuencia de la difusión de su conversación con Hinostroza.

La primera casación 358 – 2019, sobre prisión preventiva.

El 12 de setiembre 2019, la Sala Suprema Penal Permanente, en el expediente de casación 358 – 2019, decretó: rebajar el plazo de prisión preventiva de KFH, Jaime Yoshiyama y Pier Figari a 18 meses. Mandaron para Luis Mejía Lecca comparecencia restringida y pago de caución de S/ 100,000 e impedimento de salida del país por18 meses.

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional declaró fundada la

demanda de Habeas Corpus interpuesta en favor de KFH por su hermana Sachie, disponiendo la inmediata libertad de la recluida a partir del 29 de noviembre del 2019.

Ante esto, el 9 de diciembre del mismo año, el fiscal José Pérez amplió los fundamentos del requerimiento de prisión preventiva y el 20 y 24 de diciembre presentó al juez Victor Zuñiga nuevos elementos de convicción que acreditarían los fundamentos de su nuevo requerimiento, de tal modo que el 28 de enero de 2020 el magistrado aprobó el requerimiento fiscal, disponiendo nuevamente la reclusión de KFH por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia, por el plazo de quince meses. KFH interpuso apelación.

Al revisar la nueva orden de prisión preventiva, el 17 de abril de 2020, la Segunda Sala Penal de Apelaciones la anuló y ordenó su inmediata libertad quedando sometida solo a comparecencia restringida. 

KFH salió de prisión el 4 de mayo de 2020 en plena pandemia de la COVID - 19. El Ministerio Público interpuso recurso de casación. El 23 de junio de 2022, al revisar el caso en el expediente de casación 580 – 2020, la Sala Suprema Penal Permanente, rechazó la pretensión del Ministerio Público y confirmó la comparecencia con restricciones para la jefa del keikismo.

El resto, está por verse.

FIN

 

RECORDANDO SIN IRA

SEGUNDA PARTE

EL «CASO CÓCTELES» EN EL TC:

LIBERTAD TOTAL O JUZGAMIENTO

DE KEIKO FUJIMORI

ELMER OLORTEGUI

LOS INDICADORES DE LA ORIENTACIÓN DEL FALLO

Los observadores tirios y troyanos del caso, apuestan a que el fallo tienen más posibilidades de ser favorable a la jefa del keikismo, con graves consecuencias para los procesos en marcha del mega casa Lava Jato – Perú, el mayor escándalo de gran corrupción en el país, durante el presente siglo XXI.

Consideran como indicadores del favorecimiento a KFH a las sentencias previas del TC sobre Arsenio Oré Guardia y José Chlimper Ackerman y la seguidilla de 19 correcciones de errores cometidos por el fiscal Pérez Gómez en su acusación, yerros que dieron lugar a sucesivos rechazos de parte del juez a cargo del procedimiento de control de acusación.

LA HISTORIA DEL «CASO CÓCTELES»

Aparte de los ex presidentes, el sentenciado Alejandro Toledo, el extinto Alan García, el también sentenciado Ollanta Humala y Pedro Kuzcinski, hay también muy implicado en el mega caso Lava Jato - Perú un conjunto de líderes políticos, altos funcionarios, empresarios privados y otros operadores.

Entre ellos, el personaje político más importante es Keiko Fujimori Higushi. hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori y de la ex legisladora Susana Higushi. En los hechos, ella es la heredera del legado ideológico de extremismo liberal y de gestión preñada de gran corrupción de su padre.

LÍDER DEL ANTIVOTO, LA SEMPITERNA PERDEDORA

Irónicamente, tras la debacle del fujimorismo que muchos pensaron causaría su desaparición del tablero político nacional, KFH logró relanzar la tendencia hasta convertirse en cabeza del partido político nacional mejor organizado, aglutinando una representación aproximada de entre el 15 y el 20 por ciento del electorado militante.

Sin embargo, su éxito organizativo solo pudo convertirse en tres sucesivos fracasos electorales en los últimos 15 años durante los comicios de 2011, 2016 y 2021, en los que en segunda vuelta, el país la rechazó con un antivoto consistente, sin que importara quien era su rival, lo cual expresa un fuerte rechazo de la mayoría del electorado a lo que ella representa.

A pesar de sus fracasos en pos de la presidencia de la república, el país recibió una fuerte dosis de su pobre capacidad de gestión pública como directora de la acción de su abrumadora mayoría en el Congreso del periodo 2016 - 2019, durante el cual se dedicó con ahínco a desarrollar una oposición obstruccionista y vengativa contra quien le había ganado la presidencia, Pedro Kuzcynski, impulsado dos procesos de vacancia.

Hoy, mientras hace uso de su notoria influencia parlamentaria, en alianza con otros grupos de derecha e izquierda y, sobre todo, con el Gobierno de Dina Boluarte, para tratar de intervenir en los otros poderes del estado y en instituciones constitucionalmente independientes como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público, con el objetivo principal de evadir la cárcel por su responsabilidad en el «Caso Cócteles», se mantiene como aspirante a la presidencia de la república respecto a los comicios generales del año 2026.

No obstante para saber qué es el «Caso Cócteles», es necesario notar que, al abrirse el caso Lava Jato Perú con base en la confesión de sobornos de la empresa Odebrecht conocida en diciembre de 2016, ella ni su partido aparecieron vinculados.

La primera investigación “Falsos aportantes - 2011”

Lo problemas judiciales de KFH comenzaron antes del estallido del caso Lava Jato – Perú, con la investigación preliminar sobre “Falsos aportantes - 2011” de fondos en la campaña ese año. La carpeta fue abierta bajo sospecha de solo el delito de corrupción de funcionarios por la Décimo Sexta Fiscalía Penal de Lima, en octubre de 2015, sobre el hecho de que la ONPE había detectado falsos benefactores a la caja del partido keikista Fuerza 2011.

Este pequeño caso dormía el sueño de los justos, cuando el 15 de mayo de 2017, el ex CEO Marcelo Odebrchet, confirmó en Brasil ante el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche (quien aún no pertenecía al equipo Lava Jato), que su empresa, como parte de su política de conseguir contratos apoyaba las campañas electorales de todos los candidatos que tenían opción de ganar o de compartir el ejercicio del poder en sus países.

Así que en este contexto, en el proceso electoral del 2011, habían entregado US$ 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala, a pedido y por cuenta del Partido de los Trabajadores del Brasil con fondos procedentes de la corrupción y agregó que también habían apoyado a Keiko Fujimori y al Partido Aprista.

Odebrecht, contó al fiscal que como su representante en el Perú, Jorge Barata, le había dicho que la dádiva tan grande a Humala le iba a ocasionar problemas, especialmente con el partido de Keiko Fujimori, le autorizó a que aumentara el apoyo a ella. Pero, como no recordaba más, sugirió que preguntasen los pormenores a Jorge Barata: “Barata sabe, pregunten a Barata”, recomendó.

La segunda investigación, “Caso Cócteles”.

El primigenio Caso Cócteles - Carpeta: 12-2016, fue una investigación preliminar abierta el 8 de marzo del 2016 por el fiscal de lavado de activos Germán Suárez Atoche, por sospechas de lavado con la recaudación de los cócteles organizados durante la campaña presidencial del 2016.

Inicialmente, la Fiscalía escarbó lo recaudado en 3 cócteles de ese año. Pero, luego la pesquisa fue ampliada a un total de 8 cócteles y una cena que Fuerza Popular realizó en las campañas 2011 y 2016.

Cócteles de la campaña 2011

1) 4 de mayo; no se tienen resultados;
2) 23 de mayo; se realizó en el chifa Ming Yin, de San Isidro, con ingresos por S/. 350 mil,
3) 30 de mayo; fue en la calle Batallón Callao 150, en Chacarilla del Estanque, con ingresos por S/ 1'029.527.
FP también realizó una cena el 26 de enero de ese año, en Las Laderas 420 de la urbanización Las Casuarinas, en la que se recaudó S/ 246,711.00
El partido reportó un total de S/ 2.6 millones de recaudación mediante este procedimiento respecto a un ingreso total por poco más de S/17 millones, provenientes de distintas fuentes.

Cócteles de la campaña 2016

4) 3 de noviembre de 2015. Sus resultados no fueron reportados porque el control dela ONPE empezó el 14 de ese mes.
5) 21 de diciembre de 2015; reunió S/. 710, 419.00
5) 16 de febrero 2016; recaudó S/. 884,991.11,
6) 29 de marzo; la suma recaudada fue de S/547,710.88
7) 10 de mayo; reunió S/.806,395.83
8) 24 de mayo; el monto fue S/.1’434,073.90
La recaudación mediante estos cócteles sumó S/. 4’383,591.64.

La investigación también incluyó el aporte de la ONG LVF Liberty Institute realizado en diciembre del 2015 por S/. 220,608.00 y comprende a Keiko Fujimori Higushi, a su esposo Mark Vitto y a la organización política Fuerza Popular.

Del despacho de Germán Atoche, el 16 de setiembre de 2017, esta investigación pasó al fiscal José Domingo Pérez quien, el 28 de ese mes, decidió seguirla junto con la de “Aportantes falsos 2011”, bajo la ley de crimen organizado, el nuevo Código Procesal Penal y por un nuevo plazo de investigación de 36 meses. Pero el Segundo Jugado de Investigación Preparatoria rechazó el cambio arguyendo que no cumplía los requisitos legales y, más aun, el 17 de noviembre del mismo año, atendiendo a un pedido de control de plazo de Keiko Fujimori y de su esposo Mark Vitto, dio por concluida la etapa de investigación preliminar del caso cócteles y otorgó a la fiscalía diez días de plazo para que decidiera pasar a investigación preparatoria o archivarlo. El Fiscal Pérez, apeló el fallo.

La tercera investigación “Anotación - aporte de Odebrecht 2011”

A pesar de la revelación directa contra KFH y el Apra y que un mes después, el 23 de junio de 2017, IDL- Reporteros publicó en Lima la hoy famosa anotación de 2010 en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht hallada por la policía brasilera: “Aumentar a Keiko a 500 eu fazer visita”, el fiscal Atoche recién abrió la carpeta de investigación preliminar “Anotación - aporte de Odebrecht 2011” contra Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular, a fines de agosto de 2017 y no avanzó mucho alegando que tenía mucha carga procesal vinculada a la investigación de los Humala Heredia.

Ante eso, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso el 4 de setiembre que las carpetas sobre “Falsos aportes 2011” y “Anotación - aporte de Odebrecht 2011”, pasaran al despacho del fiscal José Domingo Pérez, entonces titular de la segunda fiscalía corporativa de lavado de activos.

EL PITUFEO Y OTRAS MAÑAS

Rápidamente sobre el caso más antiguo “Falsos aportes 2011”, Pérez Gómez identificó a 16 personas con pocos recursos dinerarios, residentes en Nueva Cajamarca y Rioja, en el departamento de San Martín que, extrañamente, habían aportado una misma suma: S/ 13,845.00, en la misma fecha, 18 de marzo de 2011, en momentos sucesivos, en el mismo banco. Una coincidencia casi inverosímil.

En el grupo figuraban: Segundo Crisanto Pulache, de Nueva Cajamarca, Nolberto Rimarachín Díaz (ex alcalde fujimorista de nueva Cajamarca), Ytalo Ulises Pachas Quiñones (también dirigente fujimorista local), Niczer Romero Villalobos, Jorge Becerra, Guzmán Rimarachín y su esposa Gregoria Vela y el hijo de ambos, Yoni Guzmán, Irma Carranza Montenegro, María Delgado Saucedo, así como Jean Maze Cam, de Moyobamba.

Sospechando que los casos aportes falsos y aporte de Odebrecht para la campaña electoral del 2011 estaban vinculados, el fiscal Pérez Gómez interrogó a Marcelo Odebrech el 9 de noviembre de 2017, en Curitiba, Brasil. MO confesó que la anotación, “Aumentar 500 a Keiko eu fazer visita”, indicaba que su empresa había financiado parte de la campaña presidencial 2011 de Keiko Fujimori. Y, para sorpresa nacional, esta vez añadió que no solo había apoyado a la de ella y a la de Ollanta Humala, sino también a las de Alejandro Toledo y de Pedro Kuzcynski, volviendo a recomendar que preguntasen los detalles a Jorge Barata. A pesar de esto Pérez Gómez no tomó acción inmediata contra la jefa de Fuerza Popular.

Ocurrió entonces que del grupo “lavandero” de San Martín, a principios de diciembre de 2017, Segundo Crisanto Pulache, reveló al fiscal que varios operadores del keikismo habían ido hasta San Martín a presionar para que los investigados mantuvieran su versión de que hicieron los depósitos por su cuenta. Pero, lo más importante de su confesión fue que el legislador sanmartinense de Fuerza Popular, Rolando Reátegui, les dio el dinero para los depósitos fraccionados.

ALLANAMIENTOS CON DESHERRAJE E INCAUTACIÓN DE PRUEBAS

Crisanto se convirtió entonces en testigo protegido y con base en sus declaraciones y la correspondiente autorización judicial, el 7 diciembre, el fiscal Pérez allanó los locales de Fuerza Popular, de Paseo Colón y en la calle Morochucos, de Surco. Congresistas keikistas intentaron coaccionarlo sin éxito.

El fiscal se incautó ordenadores, otros dispositivos de soporte de data electrónica y abundante documentación partidaria sobre el financiamiento de las campañas 2011 y 2016, bajo la sospecha de que Fuerza Popular había realizado una "contabilidad paralela" en la campaña 2011, para ocultar el dinero ilícito aportado por Odebrecht.

Después, también allanó las viviendas de los dirigentes keikistas de San Martín, Nolberto Rimarachín Díaz e Ytalo Ulises Pachas Quiñones, así como el 18 de diciembre intervino la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y se incautó la documentación sobre las cuentas del keikismo para las campañas del 2011 y 2016.

En enero del 2018, Pérez Gómez interrogó al ex secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama y al ex secretario de Economía, Augusto Bedoya Cámere.

2011: LA DELACIÓN DE BARATA DE LA DÁDIVA DE ODEBRECHT

La investigación de Pérez recibió un gran impulso cuando el 28 de febrero de 2018, en Curitiba, Brasil, el ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, confirmando el dicho de su jefe, “Barata sabe, pregunten a Barata”, confesó que en la campaña electoral peruana de los años 2010 - 2011, la constructora Odebrecht realizó un verdadero festival de regalos electorales:

Al ex presidente Alejandro Toledo le dio US$ 700 mil, a través de Abraham Dan On; a Pedro Kuzcynski, US$ 300 mil, mediante Susana de la Puente; y, a Ollanta Humala, US$ 3 millones; en este último caso por cuenta del Partido de los Trabajadores del Brasil, no ligado a entrega de obras. También dijo que en la campaña 2006 dio US$ 200 mil para la candidatura de Alan García Pérez, a través del dirigente aprista Luis Alva Castro.

Sobre Keiko Fujimori dijo que en aquella campaña, ella era su favorita para ganar los comicios. Por eso, a mediados del 2010, luego de coordinaciones telefónicas, entregó personalmente y en efectivo US$ 500,000 a Jaime Yoshiyama Tanaka, entonces secretario general de Fuerza 2011, en una casa de la calle Octavio Espinoza 220, de San Isidro, de propiedad desconocida para él, pero que resultó ser la residencia del ex ministro fujimorista Issac Goldemberg. Posteriormente, la fiscalía confirmó el contacto telefónico previo Barata – Yoshiyama.

Debido a que le cayó muy mal que su jefe Marcelo Odebrecht le ordenara dar a Ollanta Humala US$ 3 millones, consiguió que le autorizara entregar US$500,000 más a su candidata favorita, cosa que hizo entre diciembre de 2010 y enero de 2011, en su propia oficina de la avenida Basadre, en San Isidro, a Augusto Bedoya Cámere, entonces secretario de economía de Fuerza 2011.

A pedido de Bedoya Cámere, Barata también dio a la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), US$ 200,000 adicionales, para financiar una campaña publicitaria contra Humala, como enemigo de la inversión privada, poco antes de la segunda vuelta electoral. El ex presidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño Villena entregó al fiscal Pérez copia del acta de recepción del dinero de Odebreht, corroborando así parte de la narración de Barata.

A pesar de la revelación del brasilero, KFH y los demás implicados negaron de plano sus dichos. Después, Pérez Gómez allanó las viviendas de Yoshiyama y de Bedoya y consiguió que no pudieran salir del país por 18 meses. Pero, nada más.

El 10 de abril de 2018 la Primera Sala Penal de Apelaciones, anuló el fallo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró finalizado el plazo de la investigación del “Caso Cocteles”, lo que permitió al fiscal seguir adelante por 36 meses en el marco de la ley de organización criminal.

En respuesta, los implicados emprendieron dos líneas de acción para bloquear el avance de Pérez Gómez. La primera: Jaime Yoshiyama pediría la acumulación de las investigaciones sobre “Falsos Aportantes 2011” y “Anotación y aporte de Odebrecht 2011” porque constituían un mismo tema, a fin de liquidar el tiempo de investigación, pues al unificarse los casos, su origen sería el del más antiguo que databa del 2015.

Esta maniobra fracasó porque, tanto el Segundo Juzgado de Investigación de Preparación Nacional (abril de 2018) como la Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional (5 de octubre de 2018) rechazaron la pretensión, porque por ley los casos en etapa preliminar no podían ser acumulados.

La segunda línea: KFH y su esposo, así como Fuerza Popular irían ante la Corte Suprema con recursos de casación, contra el fallo adverso de la Primera Sala Penal de Apelaciones, poniendo toda la carne en el asador para asegurar un fallo favorable. Este trámite siguió un curso dramático que tuvo gran impacto en la vida política del país.

EL MANEJO DE LA SALA PENAL SUPREMA PERMANENTE

Ocurrió entonces que los dos casos más importantes de gran corrupción, en lo que va del siglo XXI en el Perú: Lava Jato -Perú y CNM Audios - Cuellos Blancos del Puerto, se entrelazaron, teniendo como vasos comunicantes a políticos y empresarios keikistas y de otros tintes políticos.

El empresario Antonio Camayo Valverde declaró como aspirante a colaborador eficaz en el Caso CNM Audios – Cuellos blancos, que a pedido de su amigo el congresista keikista Héctor Becerril, de gran confianza de KFH, le consiguió una reunión con el vocal supremo César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Suprema Transitoria.

Después de la cita, Hinostroza le contó que se había reunido con Keiko Fujimori a principios de mayo de 2018. Respecto a lo que ocurrió después Camayo especuló con que se habrían coludido para que el tribunal de Hinostroza admitiese los recursos de casación de ella y de FP y los resolviese a favor de los apelantes, a cambio de un probable ascenso de Hinostroza a presidente del Poder Judicial, en su momento.

En efecto, después de la reunión Keiko – Hinostroza, la sala de éste vocal admitió velozmente en 10 días, los recursos y programó su resolución para el 24 de julio de 2018.

Pero, el entarimado se vino abajo con la revelación, el 7 de julio, del escándalo nacional “CNM Audios”, una de cuyas piezas iniciales fue la difusión de la grabación de la llamada telefónica del empresario Camayo a Hinostroza en la que le pide una nueva reunión con “la Señora K”, la de la “Fuerza número 1”. La situación se agravó con el descubrimiento, a través de los “CNM Audios”, de los latrocinios de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

En medio de semejante crisis, el 15 de setiembre, los recursos de casación de Keiko Fujimori y Fuerza Popular fueron traslados a la Primera Sala Suprema Penal Permanente.

Estando en caso al voto, el 4 de octubre el Congreso destituyó a los cuatro integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM): Orlando Velásquez, Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera, así como también el juez supremo César Hinostroza Pariachi. Todos fueron inhabilitados hasta por diez años para la función pública y fueron acusados por delitos de corrupción ante el Poder Judicial. Solo en el caso del ex vocal supremo Hinostroza, se ordenó que sea juzgado como miembro de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

A estas alturas, el fiscal Pérez Gómez, percibiendo que el pro keikista Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry planeaba liquidarlo y advirtiendo un alto riesgo de que la Corte Suprema derribara sus investigaciones del caso Keiko, decidió jugarse el todo por el todo.

Con gran reserva solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho la detención preliminar de Keiko Fujimori y de sus presuntos cómplices en lavado de activos y, antes de que se ejecutara la medida, viajó a Chihuaha, México a disertar en un seminario sobre corrupción de funcionarios.

LA GRAN REDADA CONTRA EL KEIKISMO

El juez, dictó la orden punitiva el 10 de octubre de 2018, contra 19 personas una parte radicada en Lima y la otra en San Martín, en la víspera de que la Sala Suprema emitiera su fallo sobre las casaciones. La vida cambió para Keiko Fujimori y una treintena de sus partidarios más cercanos.

La detuvieron en el vestíbulo del Ministerio Público del jirón Lampa cuando acompañaba a su esposo a su interrogatorio en el despacho de Pérez Gómez.

Además de ella, del grupo de Lima fueron arrestados, Bedoya Cámere, Adriana Tarazona Martínez, Daniel Mellado Correa, Luis Mejía Lecca y Erick Matto Monge. Todos fueron internados en las instalaciones de la Policía, en la avenida España. De Yoshiyama se supo que en la madrugada el 7 de octubre había viajado a Miami, para una intervención quirúrgica a uno de sus ojos. Se escondieron, Ángela Bautista Zeremelco, Jorge Yoshiyama Sasaki, Giancarlo Bertini Vivanco, Patrizia Coppero del Valle y Erick Matto Monge.

Del grupo samartinense, fueron arrestados y trasladados a Lima: Walter Rengifo Saavedra, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo y Aurora Torrejón Riva, ex legisladora fujimorista y gerente de Desarrollo Social, ambos funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, Liz Documet Manrique, Pedro Abel Velayarse Llanos, Liulith Sánchez Bardalez, Mayra Castañón Dávila y Rafael del Castillo Reátegui.

En Lima ni en Tarapoto, la Policía no pudo aprehender a Marizol Valles Chong, esposa del congresista fujimorista Rolando Reátegui, pues se hizo humo, al igual que Ytalo Pachas Quiñones, Aurora Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra.

En Lima, la televisión machacó entonces al público con un torrente de secuencias del arresto de KFH, con su vestimenta casual, cubriéndose las manos esposadas hacia adelante con su propia chompa azul, con un semblante demudado, la mirada ida, casi en shock. Con mayor claridad, el impacto personal del trance pudo notarse cuando en la tarde la llevaron ante el juez para control de identidad. Alguien la grabó con un celular caminando un largo trecho en el sótano del juzgado, hacia el elevador. Era la patética imagen del árbol caído, una vivencia que quizá ella nunca había calculado que podría ocurrir.

Fallos de las Casaciones

No obstante, lloviendo sobre mojado sobre la lideresa del keikismo, al día siguiente, 11 de octubre del 2018, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, sobre la casación 528 -2018, falló declarando infundados los recursos de casación de ella y de su esposo Mark Vitto, sobre la extinción del plazo del «Caso Cócteles». Posteriormente ocurrió lo mismo con la casación interpuesta por el partido Fuerza Popular, a pesar del gran poder intervencionista que los keikistas ejercían en los poderes legislativo y judicial.

Mientras tanto en el curso de la redada antikeikista, en tanto los presos apelaban la detención preliminar, el fiscal Pérez Gómez, allanó las viviendas de la mayoría de los afectados en Lima, Tarapoto, Moyobamba y Nueva Cajamarca.

El congreso logró salvar al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry de su acusación constitucional en el caso CNM Audios, lo cual le dió valor para despedir a la secretaria de Gómez Pérez, en abierta represalia y anunciar que despediría al díscolo fiscal en la primera oportunidad que se presentara.

Los quebrados

El domingo siguiente a las detenciones, a través del dominical televisivo Cuarto Poder, Patrizia Coppero del Valle, ex esposa de Giancarlo Bertini Vivanco – ambos supuestos cómplices de KFH - declaró que el aporte de más de 79 mil soles que hizo a la campaña de Fujimori en 2011, no provino de su patrimonio y fue realizado con su firma por su ex esposo a pedido de Jorge Yoshiyama Sakaki – sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka –, y a través del detenido Daniel Mellado Correa.

En el cuadro judicial del caso, Patrizia Coppero y su ex esposo son considerados falsos aportantes, ella de S/.79,656 y él de S/. 171,575, según reportes de Fuerza 2011 a la ONPE.

Daniel Mellado realizó 86 depósitos por un total de US$ 458, 073 para la campaña de KFH, sin poder demostrar el origen del dinero ni su capacidad para tenerlo, por lo que la fiscalía sospecha que depositó dinero ilícito canalizado por Jorge Yoshiyama y Bertini Vivanco.

LA DELACIÓN DEL CONGRESISTA KEIKISTA ROLANDO REÁTEGUI.

El segundo quiebre, importante y decisivo para la fiscalía, ocurrió el sábado 13. En total reserva y por sus propios pies, el congresista keikista Rolando Reátegui Flores se presentó ante el equipo Lava Jato y como testigo protegido, comenzó a dar información de grueso calibre sobre la cúpula de Fuerza 2011 y el trasiego de fondos ilegales en el departamento de San Martín, durante la campaña 2011. Le asignaron la clave TP 2017- 55- 3, manteniendo su identidad en secreto.

LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL KEIKISTA

Reátegui reveló las entrañas de la presunta organización criminal de KFH dentro del partido FP, de su estructura y su modus operandi en la campaña 2011, para la introducción subrepticia de los fondos ilícitos del partido en los informes financieros ante la ONPE.

El resumen: un petit comité, cúpula o núcleo duro que operaba fuera de los estatutos de Fuerza 2011 concentraba el poder real. Estaba formado por Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, asesor oculto, Pier Figari Mendoza y Ana Hertz Garfias, estos dos últimos eran también miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Este núcleo duro se reunía todos los lunes en la mañana y tomaba las decisiones que en la tarde imponían a la Comisión Política. Los acuerdos de la comisión eran transmitidas todos los martes en la noche a los miembros de la bancada keikista en el Congreso.

Para ejecutar decisiones económicas, financieras y contables, el núcleo duro se valía de la tesorera alterna del partido, Adriana Tarazona Martínez, vinculada a KFH desde cuando se desempeñó como primera dama en el régimen de su padre. Para operaciones especiales de organización, empleaban al personero legal de FP, Luis Mejía Lecca y para asuntos administrativos o de contactos, a la secretaria privada de KFH, Carmela Paucará Paxi.

Sobre el manejo de dinero, Reátegui Flores, contó que la cúpula lo convocó en enero del 2011 por orden de KFH. Pier Figari le explicó que el partido tenía fondos provenientes de personas y empresas que no deseaban figurar como aportantes, para que pudiesen contratar con el Estado sin problemas, en caso de que FP ganase las elecciones. Para solucionar eso, KFH le ordenó que debiera conseguir en San Martín, personas amigas, de confianza, para que asumieran parte de los aportes.

Así, entre enero y marzo de 2011, Adriana Tarazona Martínez, le entregó un total de US$ 100,000 que él, a través de la organización keikista sanmatinense fraccionó o “pitufeó” haciendo participar en la operación a su esposa, a otros familiares, a varios empleados de sus empresas, amigos y militantes de FP. Indudablemente, él y sus encargados cometieron una serie de errores que permitieron después la detección de la maniobra.

Con esta información, la noche del lunes 15 de octubre cuando participaban en una marcha de solidaridad hacia su líder apresada, fueron detenidos los asesores keikistas, Pier Figari Mendoza y Ana Hertz, Vicente Silva Checa y la secretaria privada de KFH, Carmela Paucará Paxi, con mandato de allanamiento de sus viviendas por cuarenta y ocho horas para incautación de evidencias.

En una carta pública del 23 de octubre de 2018, Rolando Reátegui Flores, aceptó que había decidido cooperar con la justicia porque se habían roto los lazos de lealtad recíproca entre él y KFH. Y, porque su esposa, Marisol Valles Chong, otros parientes, varios empleados de sus empresas y un conjunto de militantes y simpatizantes del fujimorismo de las ciudades de Tarapoto, Nueva Cajamarca, Moyobamba y Rioja, que habían apoyado a FP, habían sido dejados a su suerte en la investigación del caso.

SIGUE LA TERCERA PARTE

 

RECORDANDO SIN IRA

PRIMERA PARTE

EL «CASO CÓCTELES» EN EL TC:

LIBERTAD TOTAL O JUZGAMIENTO

DE KEIKO FUJIMORI

ELMER OLORTEGUI

El actual Tribunal Constitucional (TC), abiertamente proclive a apoyar las causas de la alianza en el poder, en particular del keikismo, está demorando desde el 27 de agosto de este año, la emisión de su sentencia sobre el Habeas Corpus presentado por Keiko Fujimori Higushi (KFH), con el objetivo de lograr la nulidad de su proceso conocido como el «Caso Cócteles», por presunto lavado de activos y otros delitos, en el cual enfrenta el pedido fiscal de 35 años de cárcel y 730 días multa.

UN TC ALIADO

El 10 de mayo de 2022, durante el segundo año del régimen de Pedro Castillo, el Congreso dominado por la alianza informal entre el keikismo, el acuñismo y otros grupos menores impulsaron la renovación del TC. Mediante una comisión especial, presidida por el congresista de Acción Popular, Rolando Ruiz Pinedo, el propio Congreso escogió a los candidatos entre los cuales, con premura, eligió a seis abogados que pudieran convertirse en aliados confiables: Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdéz y César Ochoa Cardich.

LA PRETENSIÓN MÁXIMA

La pretensión de KFH es que el TC declare que no eran delitos, en el tiempo de su ocurrencia, la recepción de US$ 10’000,000 de presunto origen ilícito recibidos subrepticiamente para sus fallidas campañas electorales presidenciales de los años 2011 y 2016, así como todos los tejes y manejes que realizó su supuesta «organización criminal» para enmascarar ese dinero con falsos aportantes y truculentas rendiciones de cuenta; que todo este tinglado se reduce a solo «fallas administrativas».

La defensa de KFH fue en recurso de Habeas Corpus como agravio ante el TC, el 21 de febrero de 2024, contra el juez del «Caso Cócteles» de entonces, Víctor Raúl Zúñiga Urday y contra el procurador público del Poder Judicial, después de que sus recursos impugnatorios contra el juzgamiento de KFH fueran sucesivamente negadas en primera y segunda instancia. Como agravios constitucionales denunció la vulneración de los derechos de su patrocinada: a la libertad personal, a obtener un resolución fundada en derecho y al principio de legalidad penal.

Esto, también después de que la Corte Suprema rechazara en casaciones el pedido de que KFH y los implicados en el proceso, así como el partido político Fuerza Popular, no fueran investigados por organización criminal y lavado de activos. También, luego de que la Corte Suprema, rechazara poner fin a la prisión preventiva que cumplía KFH, lo cual finalmente fue dispuesto por la anterior composición del TC.

El «Caso Cócteles», en su condición actual data de 2018, pero tiene antecedentes desde el 2015. Muestra la parte negra de la historia del keikismo del siglo XXI como extensión del fujimorismo corrupto del siglo XX, así como también parte de la historia de la gran corrupción en estado de metástasis que agobia al país en el presente siglo. Más adelante están los detalles de esa historia.

EL TC EN ACCIÓN

El el ínterin de más de un año entre la llegada del Habeas Corpus – agravio constitucional de KFH al TC (21/02/2024) y la vista del caso (27/05/2025), este organismo produjo dos sentencias que empezaron a debilitar el «Caso Cócteles».

a) La exclusión del fiscal José Pérez Gómez del procesamiento del delito de obstrucción a la justicia en el «Caso Cócteles», a pedido del imputado Arsenio Oré Guardia (11/07/2024)

b) La sentencia TC a favor del procesado José Chimpler Ackerman (21/11/2024), que declaró nulas tanto la acusación fiscal del 11 de marzo de 2021 y la resolución N.º 28 del juez de control y ordenó la emisión de una nueva acusación fiscal contra Chimpler teniendo en cuenta las determinaciones del tribunal.

Con estos dos antecedentes determinantes, el 27 de mayo de 2025, el nuevo TC realizó la audiencia pública sobre Habeas Corpus de la jefa del keikismo, en la que su abogada Giulliana Loza Avalos desplegó ampliamente toda su batería, siendo opacamente contradicha por Mayra Mercedes Choque Aculla, representante del Poder Judicial. El Ministerio Público no tuvo participación alguna en esta audiencia y desde entonces el tema quedó al voto, con el cálculo público de que la sentencia sería favorable al keikismo.

LOS ARGUMENTOS DEL KEIKISMO

El Habeas Corpus de la defensa de KFH pide la nulidad de:

i) La Resolución N.º 35, del 12 de setiembre de 2022, que rechazó el pedido de que no se juzgue a KFH por el delito de lavado de activos;

(ii) La Resolución N.º 46, del 6 de octubre de 2022, que denegó la solicitud de que no sea juzgada por el delito de organización criminal;

iii) La Resolución N.º 110, del 30 de noviembre de 2023, que dictó el auto de enjuiciamiento por el delito de lavado de activos.

iv) Todos los actos precedentes del proceso desde el inicio de las investigaciones preliminares, tramitados en la Carpeta Fiscal 55-2017 (acumulada Carpeta Fiscal 80-2017 y 12-2016)

En resumen, solicita que se archive todo el proceso seguido en contra de su cliente.

Audiencia del TC sin la presencia del Ministerio Público

El 27 de mayo, en la entonces única audiencia convocada por el TC sobre el «Caso Cócteles», la abogada Loza, desplegó sus argumentos debatiéndolos únicamente contra la procuradora del Poder Judicial y ambas respondieron algunas preguntas de los magistrados.

Loza proclamó que, a su criterio, KFH esta siendo procesada inconstitucionalmente, por un delito que no existía cuando ocurrieron los hechos y planteó como fundamentos de su reclamo, los siguientes:

1) Que en los hechos (no en la acusación formal), según su particular deducción, el tipo de delito que la fiscalía imputa y sin que importe su definición legal, solo constituye lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, es decir: recibir aportes de dinero a sabiendas de su origen ilegal, el cual recién entró en vigencia a partir del 26 de noviembre del año 2016. Por tanto, no existía durante las campañas electorales del 2011 ni del 2016 por lo cual la acusación de la fiscalía quiebra el principio de legalidad penal.

2) El tipo penal vigente en 2011 y en 2016, exigía en el delito de lavado de activo la finalidad de evitar la identificación del origen ilícito del dinero, pero como se modificó la norma en el 2016, se exigía en ese caso, y la tesis del ministerio público viene configurada en supuesto, el conocimiento se dio al momento de la declaración de los aportes ante la ONPE y esta no constituye tal situación porque puntualmente no hubo una declaración de procedencia ilícita en esa cuestión. En el peor de los casos, siguiendo la tesis del ministerio público se hablaría de la configuración del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos el cual también entró en vigencia en agosto de 2019, por lo que tampoco es aplicable.

3) La ONPE, al momento de los hechos, ni siquiera estaba obligada a reportar operaciones sospechosas a la inteligencia financiera. Lo estuvo recién a partir de 2017.

4) En el supuesto negado de la recepción del aporte de Odebrecht, en el año 2011 no se le puede atribuir a KFH el conocimiento de supuestos casos de corrupción y de delitos pre existentes de esa empresa pues en ese tiempo gozaba de prestigio.

La procuradora del Poder Judicial replicó: el análisis de la imputación fiscal contra KFH, en el contexto del derecho a la legalidad penal, arroja que cuando ella cometió el delito de lavado de activos estaba vigente la ley 27765 cuyo artículo 1 y 2 encuadran perfectamente los hechos que se le imputan como lavado de activos.

El Art. 1 establecía: Lavado de activos. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa

El artículo 2. Actos de Ocultamiento y Tenencia: El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”

Sobre el delito de organización criminal, la imputación señala que la OC de KFH tenía la finalidad de obtener el control político del país y obtener beneficios económicos para lo cual recibió activos ilícitos por más de 10 millones de dólares, de manera oculta, de los cuales ella ha tenido conocimiento, pues hizo que ese dinero ingresara a las cuentas de su partido político mediante falsos aportantes y actividades simuladas para tratar de justificar el origen del dinero. Esto configura claramente la acción de ocultamiento.

Respecto a que la ONPE no tenia la obligación de reportar hechos sospechosos sobre aportes, el tipo penal no lo establece.

Ante preguntas del vocal César Ochoa Cardich, la abogada de KFH reiteró que a la fecha de la audiencia, a pesar de las 19 modificaciones que la fiscalía hizo sobre su acusación, persiste el agravio constitucional y afirmó, sin aportar más detalles que, así se use cualquier tipificación del delito de lavado de activos, ninguna aplica a su defendida.

También ante las preguntas de Ochoa, la procuradora del Poder Judicial afirmó tajantemente que la fiscalía ha acreditado pruebas sobre la pre existencia del delito fuente de lavado de activos; tanto respecto al millón de dólares entregado por Odebrecht como de los 3 millones de dólares del banquero Dionisio Romero y los 7 millones de dólares de parte de Rassmusen, pues configuran el delito previo de fraude a persona jurídica, de lo que deviene su origen ilícito.

La defensa de KFH replicó casi airadamente que no existe ninguna prueba de la entrega de Odebrecht o de su ilicitud, así como que las dádivas millonarias de Romero y Rassmusen, probadamente no constituyen delito de fraude a personas jurídicas, por lo que su origen es lícito.

El vocal Luis Gutiérrez Ticse, preguntó ¿cuál es la razón para tipificar el comportamiento de los dirigentes de los partidos políticos de recibir donaciones para sus campañas con un tipo penal como el lavado de activos? La procuradora del PJ reiteró el contenido de los artículos 1 y 2 de la ley 27765.

El magistrado Pedro Hernández Chávez, preguntó: ¿cuando ocurrieron lo hechos existía una norma administrativa que regulara la declaración de las donaciones a los partidos políticos? La procuradora dijo que no existía, pero que eso es irrelevante para el caso bajo investigación, porque sus hechos encajan en el tipo de lavado de activos.

La abogada de KFH dijo que la inexistencia de tal norma, determina precisamente solo una infracción administrativa en lo hecho por KFH y su partido con las dádivas recibidas.

El tribuno Francisco Morales Saravia intervino señalando que el TC solo se pronuncia sobre tipificaciones penales sobre sentencias judiciales. Entonces, preguntó a la demandante ¿por qué en ese caso, el TC tendría que sustraer del poder judicial un caso ante de que termine en un sentencia condenatoria? La respuesta fue que hay varios casos antiguos en que el TC se pronunció sobre procesos antes de la sentencia, (En la segunda audiencia, la procuradora del PJ demostró ante el TC que este argumento es falso, ya que ninguno de los casos mencionados por la defensa de KFH, tenian sentencia al momento de ser vistos por el TC)

A la procuradora Morales Saravia preguntó: ¿por qué se debería declarar infundado el Habeas Corpus? Ella respondió, porque no hay agravio constitucional ya que las imputaciones se encuadran en tipos penales vigentes cuando ocurrieron los hechos.

El director de debates Helder Domingo Haro, inquirió: el Habeas Corpus se refiere a la afectación de la libertad personal. ¿La libertad personal de la señora Fujimori está afectada? Su defensa respondió que si. La procuradora dijo que, no. La sesión duró poco menos de una hora y fue levantada quedando la causa al voto.

ACCIÓN Y ERRORES DEL EQUIPO LAVA JATO - PERÚ

Por su parte, a pesar de sus traspiés que le obligaron a subsanar 19 veces su acusación, el fiscal Pérez Gómez había conseguido el 11 de marzo de 2021, en plena pandemia, que el juez de control aprobara su acusación fiscal.

El caso pasó a la etapa de juicio oral, la cual comenzó el 2 de julio de 2024, a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, cuando el TC ya tenía entre manos el recurso de agravio keikista y estaba debilitando el caso con sus sentencias sobre Ore Guardia y Chimpler Ackerman. Iban a ir al banquillo de los acusados Keiko Fujimori y más de 40 procesados por organización criminal, lavado de activos y otros delitos. En la audiencia inaugural el tribunal rechazó el pedido de nulidad presentado por cinco acusados, arguyendo que la acusación contenía una serie de irregularidades.

LA ANULACIÓN DEL JUICIO ORAL Y EL RETROCESO A LA ETAPA INTERMEDIA

Además de los reveses en el ámbito del TC, en la corredera del Poder Judicial, el equipo Lava Jato – Perú también soportó varios contragolpes.

Uno de ellos (19/08/2024), fue la exclusión del juicio oral de 16 personas que estaban imputadas por obstrucción a la justicia, entre ellas a 6 vinculados al estudio Ore Guardia.

No obstante, el principal revés sucedió el 13 de enero de este año. Con base en la sentencia del TC favorable a José Chimpler, las defensas de Keiko Fujimori y de otros procesados consiguieron que el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional anule el juicio oral ya en marcha, arguyendo las irregularidades detectadas por el TC en la acusación fiscal.

El tribunal tomó esa decisión con dos votos a favor contra uno en contra, y dispuso su regreso a la etapa de presentación de nueva acusación para el procedimiento de control. La decisión fue de los jueces Juana Caballero García —presidenta del tribunal— y del vocal Max Vengoa Valdiglesias. La magistrada Nayko Coronado, voto en contra.

Pero, antes de que finalizara enero, a pedido del fiscal y de la procuradora, el Tercer Juzgado Colegiado, concedió la apelación de ambos con “efecto suspensivo”, es decir deteniendo el desarrollo del juicio al 13 de enero, para evitar que el proceso no se rompa hasta que la sala de apelaciones emita su decisión de segunda instancia. Desde el 1 de julio de 2024, en el juicio oral se desarrollaron 34 sesiones audiencias en las que se ha recibido 35 testimonios.

El 27 de marzo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior resolvió la apelación confirmando el fallo que declaró la nulidad del juicio oral del caso Cócteles y lo retrotrajo a la etapa intermedia.

ÚLTIMA ACUSACIÓN CONTRA KEIKO Y COMPAÑIA

Reponiéndose de su estrepitoso fracaso de enero y marzo, el fiscal Pérez Gómez, corrigió los errores señalados por el Tercer Juzgado Colegiado y el 2 de julio de 2025, presentó la última versión de su acusación penal, para la fase de control de acusación de «Caso Cócteles».

Acusados:

1. Keiko Fujimori, por lavado de activos agravado en organización criminal (nótese que ya no se alude a “receptación”), falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica, con pedido de pena de 35 años de prisión y 730 días multa

2. Pier Figari,
3. Ana Rosa Herz,
4. Jaime Yoshiyama,
5. José Chlimper,
6. Adriana Tarazona,
7. Augusto Bedoya,
8. Mark Vito Villanella,
9. Ana Cecilia Matsuno,
10. Giancarlo Bertini,
11. Hugo Tasayco,
12. Juan Carlos Luna,
13. Luis Mejía y
14. Rafael Herrera,
15. Partido Político Fuerza Popular, y
16. MVV Bienes Raíces S. A. C.
Sobreseimiento de 19 investigados
2, con sobreseimiento parcial.

Una semana después, el 9 de julio de 2025, el Décimo Juzgado de control ordenó el traslado de la nueva acusación fiscal a las partes dando inicio a la nueva etapa intermedia del proceso penal. El plazo para que los abogados de los imputados y el propio MP presenten observaciones terminó el 9 de agosto, estando pendiente la convocatoria a las audiencias de control de acusación, donde se evaluará la legalidad de la acusación y se decidirá si el expediente reúne las condiciones para pasar a juicio oral.

Sin embargo, es indudable que el compás de espera de la sentencia del TC, en los hechos, ha paralizado este procedimiento.

LA CRUCIAL JURISPRUDENCIA DE SALA SUPREMA PENAL PERMANENTE

Frente a la argumentación de la defensa de KFH para pedir la nulidad del «Caso Cócteles», la piedra de toque, el punto de apoyo o quizá una precaria tabla de salvación del Ministerio Público, es la jurisprudencia establecida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, como resultado de su fallo adverso sobre el Recurso de Casación 617-2021, el cual fue interpuesto por la defensa del ex presidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia.

En su puntos IV y V, el texto jurisprudencial sobre, “Excepción de improcedencia de acción, lavado de activos, actividad criminal previa internacional y financiamiento ilegal de organizaciones políticas”, determina:

“IV. Los tópicos propuestos son asuntos de probanza, no de definición, y lo que es cuestión de prueba no concierne ser evaluado en un incidente de excepción de improcedencia de acción. El escenario pertinente es el juzgamiento.

La donación a partidos políticos, como tal, no es delictiva, pero la situación cambia si esta camufla o esconde dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa, acaecida a nivel nacional o internacional. En este último caso, es viable la formulación de cargos fiscales por lavado de activos y, a la postre, si los elementos de juicio lo sustentan, se justifica la condena penal. Nótese que el Ministerio Público ha puntualizado que el financiamiento de las campañas electorales 2006 y 2011 se efectuó con dinero proveniente de actos de corrupción acaecidos, en el primer caso, en la República Bolivariana de Venezuela (de parte del gobierno venezolano) y, en el segundo supuesto, en la República Federativa de Brasil (del lado de las empresas OAS y Odebrecht, y del Partido de los Trabajadores).

V. En consecuencia, esta Sala Penal Suprema aprecia que, en el auto de vista sometido a control casacional (en el que se desestimó la excepción de improcedencia de acción) no se infringieron preceptos sustantivos (Ley n.o 27765, del veintiséis de junio de dos mil dos, y Decreto Legislativo n.o 1106, del dieciocho de abril de dos mil doce) ni el principio jurisdiccional de motivación de las resoluciones judiciales (artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Estado).Por ende, los recursos de casación se declararán infundados”. (El resaltado es del autor)

EL ALEGATO – DEBATE DE PÉREZ ANTE EL TC

Un mes y días después de la audiencia del TC sobre el Habeas Corpus de KFH, a pedido del Ministerio Público, el 30 de junio de 2025, el TC llamó a alegar al fiscal José Pérez de modo extraordinario, antes de emitir su sentencia.

A esas alturas, corría en los medios periodísticos el rumor de que la sentencia ya había sido firmada a favor de KFH y que la segunda audiencia extraordinaria era solo una pantomima para evitar críticas posteriores y, sobre todo, para ganar tiempo a fin e publicar el fallo en un momento propicio sin que contribuyera a agitar las protestas ciudadanas en marcha contra el auge de todo tipo de crimen en el país.

Además, en el ínterin, los aintikeikistas dedujeron que la sentencia TC que puso fin a la prisión preventiva de la ex premier Betsy Chávez, procesada por el golpe de estado del ex presidente Castillo, era un recurso de ablandamiento de la opinión pública respecto a su decisión de poner fin al «Caso Cócteles».

Además, el fiscal José Pérez, el 27 de agosto de 2025, realmente no asistió al TC a presentar su alegato, sino que lo hicieron participar en un debate de tipo careo o confrontación verbal con una reforzada representación de la defensa de KFH de dos abogados, uno de ellos, un experto legal en lavado de activos, a pesar de que la parte demandante ya se había explayado en la primera audiencia.

El careo y la fase de preguntas de los magistrados demoró esta vez 2 horas y cuarto principalmente porque los tribunos desearon saber detalles del delito fuente, cómo KFH pudo conocer o sospechar el origen ilícito de los fondos recibidos, la reserva jurisprudencial del propio PJ sobre la ilegalidad de dádivas a partidos políticos y por qué cada parte creía que el fallo final pudiera orientarse hacia su pretensión particular. Algunos magistrados enfatizaron en que el TC debía centrarse en determinar si podían intervenir en un proceso penal aún no sentenciado poniéndole fin y resolver el Habeas Corpus desde el punto de vista del derecho constitucional y nada más.

Pérez Gómez pidió al TC que no archive el proceso penal contra KFH porque recibir dinero de la corrupción para las campañas políticas sí es delito de lavado de activos.

Pérez y la procuradora del Poder Judicial, mejor documentada, remarcaron que la propia Corte Suprema, en la casación 617 -2021, sobre el caso del ex presidente Ollanta Humala y su esposa de Nadine Heredia, ya había resuelto que si bien los aportes de campaña no constituían delito como tales, si configuraban lavado de activos cuando se trataba de dádivas de origen ilícito que se trataba de ocultar, con probanza en juicio oral.

Pérez dijo que eso, lamentablemente, parece no interesar a la defensa de Keiko Fujimori, pues no había informado al tribunal de la existencia de esa norma.

Pérez Gómez precisó que entre los más de US$ 10’000,000 de presunto origen ilícito que, según su acusación, recibieron las campañas de Keiko Fujimori, se encuentra el US$ 1’000,000 supuestamente aportado por Odebrecht en el 2011.

Para el fiscal, un futuro juicio por este caso es el lugar donde se probará que la acusada sí podía suponer o conocer el origen ilícito del dinero.

Allí, se pide una condena de 35 años contra Keiko Fujimori por ese delito. Ese proceso está actualmente a la espera que se inicie el control de acusación para que el Poder Judicial decida si el caso cumple los requisitos para avanzar hacia un nuevo juicio oral.

Pérez Gómez terminó su exposición sosteniendo que el Habeas Corpus busca beneficiar a las fuerzas políticas que controlan el Congreso de la República cuyos líderes y miembros están investigadas por graves cargos criminales.

Por otro lado, sostuvo que la sentencia sobre el «Caso Cócteles» tendrá un impacto en otros casos similares donde se procesa a dirigentes de partidos políticos por presuntos aportes de campaña de Odebrecht u otras fuentes de dinero de origen ilícito, como son:

• El caso del ex presidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros, con sentencia de cárcel, por haber recibido dinero para sus campañas del régimen venezolano de Hugo Chávez y de Odebrecht.

• El caso en giro de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y otros, por aportes de dinero ilícito entregados por OAS y Odebrecht para sus campañas contra su revocatoria y para su reelección en el 2014.

• El caso también en giro de los “Dinámicos del Centro” que involucra al prófugo Vladimir Cerrón, a la presidenta Dina Boluarte y otros.

• El caso del US$ 1’000,000 dado por Odebrecht y OAS, al partido político Renovación Popular, cuando era Solidaridad Nacional, para financiar la campaña electoral del extinto alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en 2014.

• La entrega de US$ 300,000 por parte de Odebrecht a Susana de la Puente, para la campaña 2016 de Pedro Kuzcynski.

• La entrega de US$ 200,000 por parte de Odebrecht al partido aprista, por intermedio de Luis Alva Castro.

En términos generales, la sentencia en favor de KFH beneficiaría también a todas las fuerzas políticas que controlan el Congreso y el Ejecutivo cuyos líderes y otros miembros están investigadas por graves cargos criminales, hecho que es el origen de la guerra sin cuartel que esta a la vista entre el Legislativo, el Gobierno y la Junta Nacional de Justicia contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

SIGUE EN LA SEGUNDA PARTE